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La denominada “ley de usura” propició que la entidades financieras dejaran de brindar servicios de tarjetas de créditos a 252.692 clientes.
Hasta julio pasado, la banca reportó 950.095 deudores con ese tipo de producto; es decir, una reducción del 21% frente a los 1,2 millones de clientes que había en diciembre del 2019, antes de la aprobación de la nueva legislación. Así se detalla en un informe brindado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a solicitud de La Nación.
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El mes de diciembre del 2019 se tomó como punto de referencia porque, hasta ese momento, las condiciones del mercado tarjetero no contaban con un tope a las tasas de interés.
Los diputados aprobaron, el 9 de junio del año pasado, la reforma a la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como “ley de usura“.
Dicha legislación, que define las tasas de interés tope en el país, entró en vigencia el sábado 20 de junio del 2020. El Banco Central definió, el siguiente 3 de julio, las primeras tasas máximas sobre las cuales se considera que hay usura. La institución debe actualizar ese límite cada seis meses.
Según el último cálculo, de junio de este año, el interés tope para los créditos en colones es de 33,66% y para los microcréditos en moneda nacional es de 47,58%. En dólares, el interés límite para los préstamos es de 28,69% y para los microcréditos en esta moneda es de 40,68%.
Las empresas o prestamistas que otorguen operaciones de crédito por encima del interés tope se exponen a una sanción de hasta dos años de cárcel.
Menor peso
El efecto de borrar a cientos de miles de clientes fue una baja en el monto de dinero adeudado. En julio anterior, el saldo prestado fue de ¢1,22 billones. Se trata de una caída del 11%, comparado con los ¢1,37 billones registrados al cierre del 2019.
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Los datos de la Superintendencia muestran que la reducción del monto prestado en ese periodo fue de ¢156.000 millones.
Algunos bancos decidieron trasladar a operaciones normales de crédito el saldo de las tarjetas cerradas. Otras instituciones financieras asumieron como pérdida el monto prestado, según confirmaron a este diario.
Al efecto de la normativa, explicaron banqueros consultados, se unió la reducción del consumo a raíz del golpe económico provocado por la pandemia de la covid-19. Como resultado final, el negocio de las tarjetas de crédito perdió peso en la cartera total de préstamos del sistema financiero costarricense.
En julio anterior, el saldo de dinero prestado en tarjetas fue equivalente al 5,3% del crédito total del país, que es de ¢23,1 billones. Sin embargo, a finales del 2019, la actividad tarjetera era equivalente al 6,1% de los ¢22,4 billones prestados por las entidades financieras en Costa Rica, según Sugef.
En el caso de la eliminación de plásticos, hasta octubre del 2020 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) registró la salida de 380.000 plásticos del mercado nacional. Desde entonces, la información no se ha vuelto a actualizar.
Contracción del negocio de tarjetas
La normativa obligó a la banca a cerrar el servicio de tarjeta de crédito a 252.000 clientes, muestran datos de Sugef.
FUENTE: Sugef || / LA NACIÓN.
Efectos por entidad
Los datos brindados por la Sugef muestran que la banca privada fue la más golpeada con el tope a las tasas de interés, pues perdió 145.996 clientes con la entrada en vigencia de la ley de usura, es decir casi un 60% del total de deudores del sistema financiero a quienes se les dejó de brindar el servicio de tarjetas de crédito.
Los 11 bancos privados pasaron de tener 762.287 clientes, en diciembre del 2019, a 616.291 deudores en julio pasado; o sea, una disminución del 19%.
Las cinco financieras que operan el mercado nacional suprimieron el servicio de tarjeta de crédito a 100.765 clientes; es decir, el 40% del total.
Hasta julio pasado, estas entidades solo tenían 20.435 deudores de tarjetas, frente a los 121.200 de diciembre del 2019, según muestra la información brindada por la Sugef.
Una reducción tan relevante se explica porque las financieras contaban en su nicho de tarjetas con muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), previo a la “ley de usura”.
En la banca pública, por su parte, los deudores de tarjetas de crédito se redujeron en 16.448, desde los 262.441 reportados en diciembre del 2019.
Mientras, las cooperativas fueron las únicas que incrementaron la cantidad de deudores de este producto. De 56.859 que tenían a finales del 2019, se pasó a 67.376 en julio anterior.
BAC Credomatic fue la entidad que dejó de ofrecer tarjetas de crédito a mayor cantidad de clientes. El banco dejó de brindarle el servicio a casi 80.000 deudores, según anunció en julio del 2020.
“Al reducirse la tasa a la cual se podían otorgar tarjetas de crédito, muchas personas que calificaban para este producto dejaron de hacerlo bajo las nuevas condiciones”, explicó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic.
La vocera agregó que las implicaciones financieras de los cambios legales aún se mantienen en el tiempo.
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“Debido a la espiral de la fórmula de cálculo de la Ley, que fijó el límite máximo de las tasas, los impactos son aún mayores durante este 2021”, aseveró Moreno en referencia a la evolución del saldo prestado.
Banco Promérica dejó de dar el servicio a 30.000 deudores. En Scotiabank fueron 20.000 y en Davivienda fueron 14.000 clientes.
Bernal Alfaro, gerente de Negocios de Tarjetas de Crédito en Promérica, comentó que la exclusión de clientes obedeció a que estos representaban un mayor riesgo bajo las nuevas condiciones legales.
“En este 2021 permanecen las condiciones de exclusión financiera, dado que en cada una de las tres revisiones que ha tenido la tasa anual máxima, se han dado disminuciones. Esto endurece, cada vez más, las políticas de crédito para las nuevas colocaciones de tarjeta”, sostuvo Alfaro.
Para Ariel Rosenblatt, vicepresidente de Finanzas para Centroamérica de Scotiabank, la “ley de usura” incrementó la cantidad de consumidores en la informalidad y redujo sus fuentes de financiamiento, lo cual se refleja en la reducción del saldo prestado.
“Tenemos, por una parte, un porcentaje de clientes a quienes se les debió cerrar sus tarjetas por la ley de usura, lo que significó una disminución en la cartera (…). Y, finalmente, una porción de clientes que no pudieron pagar sus tarjetas, por lo que fueron clasificados como pérdida”, dijo Rosenblatt.
Agregó que la banca aún trabaja para definir los nuevos niveles de rentabilidad bajo las nuevas condiciones del mercado y por los efectos de la pandemia.
En la banca pública destacaron que la implementación de las tasas de interés tope no implicó un impacto, pues sus productos no tienen intereses altos como otras entidades.
“La ley de usura lo que vino a hacer es bajar las tasas de interés, lo cual es un beneficio para clientes; impactar los ingresos de los bancos directamente; y obligar a determinadas entidades que estaban con tasas y proyecciones muy elevadas a tener que reajustar el perfil de sus clientes”, consideró Silvia Goyez, jefa de Tarjetas del Banco Popular.
La vocera señaló que la entidad no cerró ningún producto de tarjeta de crédito.
Patricia Jara, directora de Comercio Electrónico del Banco Nacional, confirmó que tampoco cerraron plásticos debido a la entrada en vigencia de la ley.
