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El Gobierno Central apoyará la creación de un fondo especial para garantizar los depósitos de los ahorrantes en el cual contribuyan la banca estatal y las cooperativas.
Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, confirmó que se modificó el criterio inicial de excluir a estas entidades del Fondo de Garantía de los Depósitos.
“Toda la banca va a contribuir de manera equivalente (en el Fondo) tanto la pública, privada y las cooperativas. Ese es el espíritu en el que vamos a caminar”, confirmó Garrido.
La jerarca explicó que el objetivo ahora es acatar la recomendación técnica emitida por el Banco Central.
Rodrigo Cubero, presidente del ente emisor, sostuvo en el Congreso, el pasado 4 de noviembre, que el seguro de depósitos es una práctica sana en pro de los ahorrantes.
Asimismo, cuestionó que la exclusión de entidades en la iniciativa genere más distorsiones en el mercado financiero.
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El fin de este fondo es garantizar, hasta cierto límite, los depósitos que las personas físicas y jurídicas mantengan en las entidades contribuyentes, de conformidad con los términos y las condiciones establecidas en esta ley y la reglamentación aplicable.
El pasado 18 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para crear el seguro de depósitos. Ese mismo día, un grupo de diputados también planteó una iniciativa paralela.
Ambas iniciativas tienen el mismo nombre, Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero el texto del Poder Ejecutivo se tramita bajo el expediente 21.657, en tanto que el de los legisladores es el expediente 21.655.
Ambas proponen cubrir cada depósito de ahorrantes hasta por un monto de ¢6 millones. La creación de dicho fondo es un requisitos para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ambos textos establecen que el financiamiento del fondo especial provendría de contribuciones obligatorias que realizarán las entidades financieras cubiertas, así como de sus propias utilidades.
Las contribuciones periódicas no podrán exceder el 0,15% anual de los depósitos garantizados de cada institución.
Además, será respaldado por los recursos del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez de los intermediarios financieros, siempre que no se alcance el nivel de estabilidad de largo plazo del fondo.
La iniciativa de los diputados incluyó, como contribuyentes del seguro, a la banca pública y privada, cooperativas, asociaciones solidaristas y cajas de ahorro. Pero la del Gobierno no incluyó al Banco Nacional, Banco de Costa Rica y cooperativas.
Ambas iniciativas excluyeron al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y a las mutuales.
Actualmente ambos textos son analizados por los diputados en la comisión especial que tramita las proyectos relacionados con la incorporación del país a la OCDE.
