Óscar Rodríguez. 25 noviembre, 2019
Las asimetrías en el sistema financiero costarricense generan un impacto negativo en la economía del país, pues no permiten una competencia en igualdad de condiciones, según un estudio de la Academia de Centroamérica. Foto: Mayela López.
Las asimetrías en el sistema financiero costarricense generan un impacto negativo en la economía del país, pues no permiten una competencia en igualdad de condiciones, según un estudio de la Academia de Centroamérica. Foto: Mayela López.

Las cooperativas están exoneradas del pago de renta y se benefician, cada año, con parte de las ganancias de la banca estatal.

Los bancos privados están obligados a trasladar el 17% de sus captaciones de cuenta corriente para financiar proyectos de Banca para el Desarrollo, mejor conocido como peaje bancario.

Mientras que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) cuentan con una garantía absoluta del Estado, pero deben destinar el 38% de sus ganancias al financiamiento de programas sociales, mientras otras entidades solo contribuyen con el 5% de utilidad.

Todas estas disposiciones, sustentadas en leyes específicas, generan una distorsión en el mercado bancario del país, según el estudio Asimetrías Regulatorias en el Sistema Financiero Costarricense, efectuado por la Academia de Centroamérica.

“Estas asimetrías producen un desnivel en la cancha que afectan la eficiencia y el grado de competencia en el sector financiero, minando su potencial de contribución al desarrollo económico”, se determina en el informe de agosto del año anterior.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, fue más allá y aseguró que la “cancha está muy embarrealada”, pues se favorecen algunas instituciones financieras sobre otras.

El jerarca se refirió al tema, el pasado 4 de noviembre, durante una comparecencia en la comisión legislativa que analiza los proyectos legales para la incorporación de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Anclaje legal

Las disparidades en el funcionamiento de las 47 entidades financieras, autorizadas a operar en el país, tienen su origen en leyes que minan la competencia entre instituciones, se argumenta en el estudio de la Academia de Centroamérica.

Se trata, en específico, de más de 15 leyes que establecen beneficios fiscales para algunas entidades; además de contribuciones especiales sobre las utilidades y reglas para efectuar contrataciones de servicios administrativos.

La garantía estatal hacia el BNCR y el BCR es la asimetría más citada, pues ninguna otra entidad financiera goza de dicho respaldo de los depósitos de clientes.

Dicho mecanismo solo se ha usado tras el cierre del Banco Anglo Costarricense, en 1994, y tras la intervención de Bancrédito, en el 2017, y su posterior absorción por parte del BCR.

Sin embargo, el informe señala que sobre estas dos entidades también recae la mayor desventaja debido a los aporte parafiscales que consumen el 38% de las ganancias, luego del pago de impuestos.

“El terreno se torna más disparejo cuando se trata de asimetrías que impactan las utilidades como son los parafiscales, puesto que estas son una contribución que realizan los bancos del Estado por ley, (...) limita nuestra capacidad de capitalización y, consecuentemente, de expansión crediticia en favor la sociedad costarricense”, argumentó Gustavo Vargas, gerente general del Banco Nacional.

Ambas entidades están obligadas a trasladar el 15% sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 10% al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el 5% a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).

Además de otro 5% al Fondo Financiamiento para el Desarrollo y el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“Los aportes parafiscales desmejoran la eficiencia del Banco y nos pone en desventaja con el resto del mercado (...) si bien tiene propósitos sociales específicos de beneficio para el país, le restan competitividad a la banca estatal con respecto a la banca privada”, sostuvo Douglas Soto, gerente general del BCR.

En el caso del Banco Popular, aporta un 5% de sus ganancias a Conape, 5% a un fondo para mipymes, administrado por la misma entidad, y 3% a la CNE.

Entre tanto, los bancos privados contribuyen con el 5% de sus ganancias a Conape. Pero deben hacer el traslado de recursos del peaje bancario, del cual solo BAC Credomatic ofrece préstamos del programa de banca para el desarrollo.

La contribución de las cooperativas de ahorro y crédito es del 4,5% de su sus utilidades a dos órganos de fomento a este mismo sector.

Para Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, las asimetrías entre instituciones distorsionan la competencia del mercado.

“Tienen un efecto negativo, pues lo que hacen es provocar un incremento en los costos de intermediación financiera que termina perjudicando al usuario de los servicios bancarios y financieros”, sostuvo Ortega.

Por otra parte, el sector cooperativo consiguió, el año pasado, quedar excluido del pago del 30% del impuesto sobre la renta, pese a que un grupo de diputados lo propusieron durante el trámite de la reforma fiscal. Las mutuales también gozan de esta ventaja tributaria.

Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, sostuvo que el sector no está sujeto al tributo de renta y defendió la transferencia de recursos de la banca estatal por ser una “herramienta de progreso social”.

En la parte de contratación administrativa, el BNCR, BCR y el Popular están bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, lo cual les resta flexibilidad frente a los bancos privados, cooperativas, mutuales y financieras, según se destaca en el estudio de la Academia de Centroamérica.