EscucharEs importante plantear, desde un inicio, una idea fundamental: la evidencia indiscutiblemente muestra que, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, atención temprana y prevención no es un gasto sino una inversión en el activo productivo más valioso que posee una economía.
Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, el capital humano —entendido como la combinación de capacidades, conocimientos y años productivos que una población puede aportar a la generación de bienes y servicios— es el determinante fundamental del crecimiento de largo plazo.
Cuando las enfermedades crónicas no transmisibles erosionan ese capital, no estamos ante un problema sanitario aislado: estamos ante una pérdida de competitividad, un deterioro fiscal silencioso y una amenaza estructural para la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo.
Permítanme cuantificar, con datos recientes, la magnitud de ese costo en Costa Rica. El estudio Carga Socioeconómica de las Principales Enfermedades en Ocho Países de América Latina, desarrollado por el Instituto alemán WifOR y presentado este mes, arrojó una conclusión contundente: siete enfermedades —cardiovasculares, neoplasias, cardiopatías isquémicas, diabetes, infecciones respiratorias bajas, EPOC y migraña— generan en Costa Rica una carga socioeconómica equivalente al 4,0% del PIB anual.
En valores de 2022, hablamos de aproximadamente $2.800 millones; proyectada a precios de 2025, la cifra asciende a $3.800 millones, y la pérdida acumulada entre 2018 y 2022 supera los $12.500 millones, equivalente a cerca de $3.000 por cada persona adulta.
Para dimensionar ese dato en términos más concretos: cada costarricense mayor de quince años tendría que trabajar 9,4 días adicionales al año para compensar la productividad que se pierde por enfermedad.
Este fenómeno, lejos de ser una singularidad costarricense, refleja una tendencia regional. En México, un estudio longitudinal publicado en el Journal of Global Health en 2024 documentó que las enfermedades no transmisibles generaron 2,8 millones de muertes prematuras entre 2005 y 2021, con una pérdida de productividad acumulada de $102.600 millones internacionales, equivalente al 4,1% del PIB mexicano de 2021.
A escala global, hace 15 años, el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de Harvard estimaron que, de no mediar acción decidida, las enfermedades no transmisibles le costarán al mundo más de $30 billones al 2030, ¡cerca del 48% del PIB mundial de 2010!
Ahora bien, lo verdaderamente interesante desde la perspectiva económica no es solo el costo, sino el contrafactual: cuánto podríamos ganar si actuáramos preventivamente.
Y aquí la OCDE acaba de entregarnos una cifra extraordinaria. En su informe The Benefits of Addressing Non-Communicable Diseases in OECD Countries, publicado apenas hace
unas semanas, estimaron que, eliminar cuatro patologías clave (cáncer, enfermedades cardiovasculares, EPOC y diabetes), elevaría la producción anual de Costa Rica en un promedio del 3,3% entre 2026 y 2050.
¿Por qué un modelo preventivo y proactivo es económicamente superior a uno reactivo? Por tres razones convergentes:
Porque la intervención tardía es exponencialmente más costosa: un paciente diabético descompensado que requiere hospitalización, diálisis o amputación puede consumir en un año lo que habría costado su monitoreo metabólico durante una década.
Porque las enfermedades crónicas golpean preferentemente a la población en edad productiva, y en América Latina lo hacen, en promedio, diez años antes que en economías avanzadas, lo cual acorta la vida laboral, reduce la base contributiva y presiona anticipadamente los sistemas de pensiones.
Y porque sin prevención los costos crecen en régimen no lineal: la transición demográfica y epidemiológica que Costa Rica está experimentando hará que la prevalencia de estas enfermedades se multiplique en los próximos veinticinco años si no se actúa.
A ello se suma un factor estructural que frecuentemente se omite en el debate fiscal: Costa Rica invierte en salud $1.935 per cápita, frente a un promedio OCDE de $5.967, equivalente al 6,8% del PIB versus el 9,3% promedio en la OCDE; y contamos con apenas 1,1 camas hospitalarias por cada mil habitantes, frente a 4,2 en la OCDE.
En un escenario de restricción estructural de recursos como el nuestro, el primer nivel de atención no es una opción entre otras: es la única ruta financieramente viable para sostener la cobertura universal con calidad.
Costa Rica tiene un activo que pocos países en desarrollo poseen: 161 hospitalizaciones evitables por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio OCDE de 473. Eso significa que, cuando nuestra atención primaria funciona, funciona extraordinariamente bien.
La pregunta no es si podemos, sino si queremos elevar ese estándar para que abarque la nueva epidemiología del siglo XXI. Hace setenta años, esta nación decidió que invertir en salud básica transformaría el destino económico del país; los datos les dieron la razón a quienes tomaron esa decisión.
Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de repetir esa hazaña, y esta vez los beneficios están cuantificados, son enormes y están al alcance de una política pública deliberada. La prevención no es un lujo del desarrollo: es la condición misma del desarrollo.
