EscucharEl asesor legal de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), Rafael Brenes Villalobos, confirmó que la figura de junta directiva pro tempore (temporal) no existe en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Pese a su advertencia, afirmó que no es un obstáculo para que exista y tome decisiones como si se tratara de miembros propietarios. La afirmación de Brenes forma parte del criterio legal ALG 05-2025, que presentó ante la Junta Directiva temporal del BN, durante la sesión 12.755 del pasado 17 de junio.
“No existe la figura (de junta directiva pro tempore) en la Ley Orgánica del Sistema Bancario, tampoco la Ley General (de Administración Pública) ayuda a resolver el tema, digamos, hay una omisión en relación con la figura como tal, lo cual, en mi opinión, no es un obstáculo para que exista”, explicó Brenes en su exposición a los directores del BN.
El criterio legal sobre la figura pro tempore fue solicitado por la Directiva de la entidad pública, en la sesión 12.754 del 10 de junio, para conocer si había algún antecedente similar en una institución pública.
LEA MÁS: Presidente del BN sobre pedido de Chaves de examinar crédito: ‘Me parece que es correcto’
Durante la presentación del dictamen, Brenes Villalobos aseguró que pese a la omisión legal, las labores de una junta provisional son las mismas de un órgano propietario.
“Tanto los derechos, obligaciones y responsabilidades son las mismas, para bien y para mal, para todo lo que corresponda”, indicó Brenes a los directivos, según indica el acta.
El asesor legal además recalcó: “no es que porque es provisional, se les va a excusar de no haber tomado una decisión oportuna ante una situación concreta, obviamente, dentro del ámbito de las funciones que correspondan”.
La opinión de Brenes fue respaldada por varios directores, quienes coincidieron en que la Junta Directiva debe ejercer sus funciones con total normalidad y sin restricciones, garantizando la continuidad y estabilidad del BN.
Los actuales miembros de la Junta Directiva del BN fueron juramentados por el presidente Rodrigo Chaves el 28 de mayo, minutos después de que los anteriores directivos fueron destituidos por el gobierno.
El órgano está conformado por Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (secretario), y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío.
‘Recomendación’
Brenes les hizo además una recomendación a los directivos con respecto a la toma decisiones.
“Y saliéndome ya de la parte estrictamente jurídica, me atrevo a decirles, desde un punto de vista de oportunidad y conveniencia: el hecho de que sea provisional no deja de hacer un poquito de bulla en cuanto al alcance de las decisiones. Pero ya en el caso concreto, en situaciones concretas, es importante que ustedes también valoren, porque eventualmente no van a poder estar después para darle seguimiento”.
A la vez que añadió: “Una muy respetuosa recomendación, ese tema ya no es jurídico... es el arte que puedan tener ustedes, más allá de la ciencia y la parte técnica, es entender hasta dónde llega ese encargo que recibieron del Consejo de Gobierno y ejercerlo de la forma más valiente, profesional, objetiva, y actuar con su leal saber y entender. Eso es lo que yo les podría recomendar”.
Durante la presentación del criterio legal, la directora Noylin Cruz fue la que más dudas mostró.
“La pregunta que surge es, ¿qué pasa con las decisiones de largo plazo? ¿Tenemos la facultad suficiente para tomarlas? Se tomarán las más urgentes y algunas se postergarán a que esté la Junta definitiva. En un análisis rápido que hicimos, entendimos que no había legislación; pero queríamos saber si había jurisprudencia o algún antecedente. Sabemos que la Junta del Banco Popular está pro tempore, pero ya tiene tanto tiempo de estar que se convirtió en fija”, apuntó Cruz.
El Gobierno inició, el 19 de junio, la recepción de postulaciones para integrar una nueva Junta Directiva en el BN, proceso que estará abierto hasta el 17 de julio. El período de los nombramientos será de tres plazas hasta el 31 de mayo de 2026 y cuatro plazas hasta el 31 de mayo de 2030.
Los actuales directivos permanecerán en funciones de manera temporal hasta que concluya el concurso público.
