El Gobierno, los diputados y organizaciones agropecuarias impulsan dos proyectos, mediante los cuales se pretende la readecuación de deudas a agricultores morosos, principalmente a los afectados por fenómenos meteorológicos.

La iniciativa surgió de las reuniones entre organizaciones agrícolas y Gobierno, realizadas con el apoyo de la Casa Presidencial, confirmó la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien se integró a la redacción del plan junto con otros legisladores.

En vista de la inquietud por la morosidad de los pequeños y medianos productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) redactó un proyecto para la creación de un fideicomiso, mediante ley, para readecuar deudas de productores afectados por fenómenos climáticos y que están sin capacidad de pago.

La propuesta fue elaborada por el viceministro de esa cartera, Marlon Monge, y es impulsada por el ministro Renato Alvarado. Se comenzó a promover, pero al llegar a grupos de agricultores se le hicieron algunas críticas, según reconoció el viceministro Monge.

De acuerdo con el documento, la iniciativa pretende comprar la cartera de los productores afectados por fenómenos del clima, sucedidos hasta cuatro años atrás de la fecha de emisión de la ley que se vaya a aprobar.

La pretensión es que el fideicomiso cobije a quienes sufrieron problemas por los pasos del huracán Otto, la tormenta Nate y la más reciente emergencia hídrica. Los créditos que califican serían las operaciones ¢20 millones o menos, y solo para quienes demuestren impacto de estos fenómenos.

Este plan conlleva el problema de la obtención de los recursos para financiar el fideicomiso, algo que no se dijo en el plan inicial.

La diputada Yorleny León explicó que en el Congreso se estima que la figura del fideicomiso no es la adecuada para ayudar a los agricultores. Detalló que por eso la otra propuesta es, más bien, autorizar a los bancos públicos a readecuar primero las deudas y luego a otorgar créditos para la reactivación de las fincas.

La iniciativa que se prepara en el Congreso tiene el apoyo de Casa Presidencial, particularmente con la participación del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, destacó la diputada.

En este caso no se crearía un fideicomiso sino que los bancos públicos quedarían autorizados por ley para hacer las readecuaciones de créditos en mora por un monto máximo de ¢18 millones y para pequeños productores de todo el país, independientemente de los fenómenos climáticos. Esto pese a que el programa incluiría deudas atrasadas desde el 2015 a la fecha, pues aquel año fue difícil por aspectos del clima.

Un aspecto que atrasa la presentación del proyecto de ley es la definición del criterio para calificar como pequeño o mediano al productor. Pero se espera que en máximo tres semanas a un mes ya esté listo para ponerlo en trámite legislativo, según León.

El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agrondustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, aseguró que estas iniciativas se deben asumir con mesura y cuidado. Consideró que un plan de este tipo debe tener también el componente de reactivación, es decir, créditos para reiniciar la producción y, con ello, pagar la deuda reestructurada.

Lizano recordó el peligro de que tras la readecuación de las deudas, de nuevo no se vuelvan a pagar y posteriormente se opte por la condonación.

La diputada León afirmó que precisamente por esa situación pretenden descartar la propuesta del fideicomiso, inicialmente presentada por el MAG. Estos cambios se están realizando, en coordinación, con la Casa Presidencial.

Por tal situación, el plan que estaría obteniendo más apoyo es la autorización legal a los bancos para realizar los ajustes en sus carteras agrícolas morosas.

Al respecto, Lizano dijo que una ley le quitaría a los bancos el peso de asumir el riesgo de reesctructurar deudas vencidas. También les permitiría trasladar a pérdidas algunas de las deudas. Pero advirtió, otra vez, que debería ser un plan nacional de redecuación y de inversión para tener posibilidad de éxito.

El huracán Otto afectó cultivos y otras explotaciones agropecuarias en su paso el 24 de noviembre el 2016, particularmente en las regiones norte y Pacífico sur. Mientras tanto, la tormenta Nate impactó en el país entre el 4 y el 5 de octubre del 2017, con lluvias permanentes, las cuales causaron inundaciones y pérdidas de cultivos.

Mientras, la denominada emergencia hídrica, causada por la escasez de lluvias, se presentó en Costa Rica en el verano del 2019. Hubo disminuciones de hasta 75% en las precipitaciones respecto al promedio histórico en varios lugares típicamente agrícolas, como la zona alta de Cartago donde se producen hortalizas.