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Pablo Salazar, de 38 años, tiene un retardo mental que le imposibilita desempeñarse igual que otra persona de su edad. El continúa estudiando, pero sus opciones de dónde hacerlo están muy limitadas. Lo mismo sucede con sus oportunidades de trabajo.
No es el único. “Después de los 18 años el Estado no ofrece opciones estructuradas. No hay un mecanismo, ni instituciones que los acojan. Como humanos necesitamos seguir aprendiendo, creciendo, desarrollándonos, teniendo nuestros espacios”, expresó Manuel Salazar, papá de Pablo.
Sonia Jiménez, mamá de Diego Soto, de 30 años, también enfrenta una situación similar. Su hijo tiene síndrome de Down y sordera neurosensorial, un tipo de de discapacidad auditiva que ocurre por daño en el oído interno, en el nervio auditivo o en el cerebro.
“Luego de que cumplen los 18 años viene el problema de dónde ubicarlos. Papá y mamá trabajan o tienen sus ocupaciones, los hermanos también, y además se van de la casa cuando cumplen cierta edad, porque se casan, porque se van a estudiar, porque quieren independencia, ¿pero qué se hace con ellos? Muchos caen en depresión”, explicó Jiménez.
Después de mucho buscar, tanto Pablo como Diego encontraron un lugar que les permite superarse. Ellos son parte de los alumnos del Instituto Andrea Jiménez (IAJ), que posee un programa específico para desarrollar las habilidades, mantenerlas y darles un espacio para aprender y aportar a la sociedad.
“Tenemos personas de hasta 58 años”, manifestó Laura Jiménez, docente de educación especial del programa de adultos.
“La idea es darle mantenimiento a esas habilidades y conocimientos que ya traen. Especialmente con alguna ocupación. Ahora ellos eligen las actividades. Ya son adultos, pueden escoger. Algunos están en hidroponía, otros, acomodan cosas, otros hacen ecobloques. O hacen pulseras, o participan del ‘lavacar’ y lavan carros”, agregó.
Para Salazar este es el mejor espacio para su hijo: “es un trabajo conjunto de la escuela y el hogar, pero aquí tiene amigos, aquí conversa, juega basquetbol, él es precursor de la banda y toca tambor”.
Opciones casi nulas
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Datos de la última Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis), difundida en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), señalan que el 18,23% de los adultos tiene algún tipo de discapacidad. Se trata de unas 670.000 personas. El 61% de ellos son mujeres.
De estos adultos, 531.000 personas (el 14,45% de la población adulta en el país) está en situación de discapacidad severa.
¿Qué opciones hay para ellos una vez que concluyen sus estudios de colegio? Quienes trabajan con esta población aseguran que aunque ahora hay un poco más de alternativas que antes, estas siguen siendo insuficientes.
Por ejemplo, hay empresas privadas como restaurantes y cadenas de supermercados que ofrecen puestos de trabajo específicamente para personas con alguna discapacidad. No obstante, estas ofertas aún son escasas en comparación con las necesidades de esta población.
Sin embargo, la Enadis indica que solo un 39% de los mayores de 18 años con discapacidad está ocupado, contra un 56,4% de la población que está fuera de la fuerza laboral.
“Sí es cierto que ahora hay más opciones, eso es algo que también se les busca desarrollar. Se les enseñan habilidades, como comportarse como adultos. Pero también hay discapacidades en diferentes niveles y eso debe de tomarse en cuenta, hay quienes son 100% dependientes”, manifestó Laura Jiménez.
Una meta más a considerar que estas personas deben tener herramientas para generar sus propios ingresos a través de cosas realizadas con sus propias manos. De esta manera, también se pretende que tengan algún tipo de independencia o puedan aportar dinero a su hogar.
Apoyo para una vejez más temprana
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Otro tema que debe tomarse en cuenta a la hora de incluir en políticas de educación y empleo a personas con discapacidad es que estas envejecen más rápido, por lo que esto también debe adaptarse.
“Tenemos chicos de unos 40 años cuyas características son de alguien de unos 60 o 70 años”, expresó Laura Jiménez.
Y añadió: “la idea del apoyo que les damos aquí es que ese proceso de envejecimiento precoz se pueda retardar”.
Esto es algo que deben considerar no solo los empleadores, si no también de los sistemas de pensiones, pues al envejecer más pronto, el individuo debería ser candidato no a una pensión por invalidez, si no por vejez a una edad más temprana.
Las personas con síndrome de Down ya sentaron un precedente en este tema. Desde noviembre de 2017, quienes tienen más de 40 años y al menos 180 cuotas obrero patronales pueden realizar sus trámites de pensión por vejez.
