EscucharUn total de 375 estudiantes que solicitaron al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) una beca para cursar estudios de posgrado, dicen haberse visto afectados por atrasos e incumplimiento de pago por parte de esa institución.
Se trata del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), el cual, en dos convocatorias, ofreció fondos para financiar estudios de maestrías y doctorados dentro y fuera de Costa Rica.
Los becarios elevaron su descontento a la Defensoría de los Habitantes y esta semana sostuvieron una reunión con la defensora, Montserrat Solano; el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, y varios funcionarios del Micitt. Entre ellos, estaba el ministro de esa cartera, Marcelo Jenkins.
Según reveló el jerarca, al 11 de julio del 2016, solo se habían pagado 118 becas: 78 correspondientes a la primera convocatoria y 40, a la segunda. Este primer desembolso corresponde a un monto de $3.085.715.
Ambas convocatorias se realizaron en enero del 2015.
“No es posible que después de 17 meses desde la convocatoria, no se les haya girado el dinero. Varios de ellos se fueron a cursar sus estudios al extranjero amparados por la beca y, al no recibir el pago, están viviendo del aire”, denunció el científico Edgardo Moreno, profesor de varios de los estudiantes.
Moreno criticó el hecho de que los alumnos que están en Costa Rica “fueron inducidos al error”.
“Se les pidió firmar un contrato y luego les cambiaron las condiciones del mismo. Algunos estudiantes incurrieron en préstamos y hasta renunciaron a sus trabajos”, declaró.
Según datos del Micitt, hasta la fecha se contabilizan 146 contratos formalizados y hay 15 de ellos en trámite de firma.
Tropiezos. El PINN se regula por medio de la Ley N.° 9.218 y se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $35 millones. Esa ley, a su vez, está reglamentada por el Manual de operaciones del programa de innovación y capital humano para la competitividad 2852/OC-CR.
Consultado al respecto, Jenkins reconoció una serie de fallas como errores en el diseño de la ley y su manual de operaciones, marañas burocráticas e impericias cometidas en la ejecución.
El ministro explicó que la Unidad Ejecutora del proyecto fue reestructurada completamente y se realizó un revisión exhaustiva. Según él, tras el análisis se hallaron errores aritméticos en los estudios técnicos, sumatorias incorrectas, inclusión de rubros que, en apego a la ley, no se pueden cubrir con los recursos y hasta solicitudes de giro de estipendios que no proceden.
En la reunión en la Defensoría, el jerarca del Micitt se comprometió a brindar una atención personalizada. “Cada caso es un mundo y hay que resolverlo de manera diferente”, aclaró.
