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Estambul. Miles de personas salieron a las calles este sábado, en Turquía, para exigir al presidente Recep Tayyip Erdogan que revoque su decisión de retirar al país de un emblemático tratado internacional de combate a la violencia contra las mujeres.
“¡Anula tu decisión, aplica el tratado!”, coreaban miles de mujeres y hombres congregados en el distrito de Kadikoy, en Estambul. Los manifestantes portaban retratos de mujeres asesinadas y pancartas que rezaban: “Esta guerra la ganarán las mujeres”.
“Estoy harta de este Estado patriarcal. Estoy harta de no sentirme segura. ¡Ya basta!”, declaró a la AFP Banu, una de las manifestantes. En Ankara y Esmirna también se celebraron concentraciones, aunque menos numerosas, según los medios de comunicación locales.
La decisión de abandonar el Convenio de Estambul, el primer instrumento supranacional que fija normas obligatorias para evitar la violencia contra las mujeres en una treintena de países, fue anunciada en un decreto presidencial publicado la noche del viernes.
La decisión provocó críticas de la Unión Europea y la ira de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres del país, donde los feminicidios aumentan desde hace una década.
La retirada de Turquía del Convenio de Estambul es una “noticia devastadora” y “pone en entredicho la protección de las mujeres” en este país, lamentó el Consejo de Europa, una institución de la que Ankara es miembro y en el marco de la cual firmó este tratado en 2011.
“Este es el verdadero rostro del gobierno turco actual: desprecio completo del Estado de derecho y disminución total de los derechos humanos”, denunció en Twitter el relator del Parlamento Europeo para Turquía, Nacho Sánchez Amor.
El presidente turco mencionó el año pasado la posibilidad de retirarse de este tratado, en un intento de granjearse el apoyo de los votantes más conservadores en un momento de crecientes dificultades económicas.
Con este decreto, Erdogan cede ante la presión de grupos conservadores e islamistas, que alegan que los términos del Convenio atentan contra los valores familiares “tradicionales”, al defender la igualdad entre los sexos, y favorecen a la comunidad LGTB, ya que pide que no se discrimine a las personas por su orientación sexual.
‘Pisotea la lucha de las mujeres’
Los detractores del presidente turco condenaron inmediatamente la retirada de Turquía.
“Anunciar, en plena noche, la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, cuando cada día se cometen violencias contra las mujeres, nos llena de amargura”, dijo el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, uno de los principales rivales del jefe de Estado turco.
Es una decisión que “pisotea la lucha que llevan a cabo las mujeres desde hace años”, agregó.
La organización de mujeres Kadem (conservadora), afín al gobierno y que cuenta entre sus miembros a una hija del presidente Erdogan, también expresó su disgusto y subrayó que la Convención de Estambul “jugaba un papel importante en la lucha contra la violencia”.
El Convenio de Estambul obliga a los gobiernos a adoptar leyes que castiguen la violencia doméstica y abusos similares, incluida la violación conyugal y la mutilación genital femenina.
Frente a esta avalancha de críticas, el gobierno intentó subrayar su compromiso en la lucha contra la violencia de género.
“Nuestras instituciones y nuestras fuerzas de seguridad seguirán luchando contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres”, declaró el ministro de Interior, Suleyman Soylu.
300 feminicidios en 2020
Los asesinatos de mujeres y la violencia machista son un mal crónico en Turquía.
En 2020, 300 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, según la asociación “Pondremos fin a los feminicidios”.
A principios de marzo, hubo una conmoción en el país por la publicación de un video que mostraba a un hombre golpeando a su exmujer en el suelo, en plena calle, en presencia de la hija de ambos.
El agresor fue detenido y Erdogan anunció la creación de una comisión parlamentaria para analizar la legislación en vigor y los medios para luchar contra este tipo de violencia.
Pero las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer acusan al gobierno de no aplicar la ley con firmeza y consideran que el sentimiento de impunidad reinante ampara los crímenes.
