EscucharEl gobierno español de izquierdas aprobó el jueves un decreto para reformar su sistema de pensiones, al tiempo que afirmó que Francia tardó demasiado en reformar su sistema, señalando en particular a los llamados "regímenes especiales".
"Francia tiene un sistema [de pensiones] que no es sostenible", dijo el ministro socialista de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al ser preguntado, tras el Consejo de Ministros en que se aprobó el decreto ley, por las diferencias entre las reformas de Francia, que han levantado enormes protestas, y la de España.
París "no ha abordado su sistema de pensiones durante décadas", añadió Escrivá, afirmando que el país vecino cuenta con "42 regímenes privilegiados de pensiones", unos sistemas de pensiones de que disponen varios gremios y oficios, y que no existen en España.
Al no haber reformado sus pensiones "a tiempo", prosiguió el ministro, ahora debe hacerlo mediante "recortes", lo "que genera resistencia social".
Estas declaraciones coincidieron con la aprobación por el gobierno español, mediante un decreto, de su reforma de las pensiones, que establece un nuevo método de cálculo de las mismas.
La reforma, exigida por Bruselas a cambio de los fondos del plan europeo de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, prevé un aumento de la base de cotización -es decir, la parte del salario sobre la que cotizan los trabajadores- para incrementar la aportación de las rentas más altas.
También avala un aumento de la contribución, sobre todo de los empresarios, al "mecanismo de equidad intergeneracional", que alimenta un "fondo de reserva" creado para hacer frente a las tensiones previstas cuando la generación del "baby boom", nacida en los años 60 y 70, alcance la edad de jubilación.
El texto, que cuenta con el respaldo de los dos principales sindicatos españoles (UGT y CCOO), pero no de la patronal, no afecta a la edad de jubilación, que se elevará a 67 años en 2027, con un periodo mínimo de cotización de 37,5 años.
La edad legal de jubilación fue retrasada dos años en 2011 por el Gobierno del presidente socialista José Luis Zapatero, en plena crisis financiera.
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