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El Cairo. Diez años después de las manifestaciones en la plaza Tahrir y el viento de libertad que barrió al autócrata Hosni Mubarak, el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi no escatima esfuerzos para evitar un escenario similar, reprimiendo sin piedad cualquier oposición.
Activistas, políticos, abogados, periodistas e intelectuales son encarcelados mediante una justicia expeditiva. Tras el derrocamiento por el Ejército en el 2013 del primer presidente elegido en unos comicios libres, el islamista Mohamed Mursi, la sociedad civil egipcia perdió poco a poco los espacios para expresarse libremente.
A ello se suma, según las oenegés de defensa de derechos humanos, las desastrosas condiciones de detención, torturas y ejecuciones extrajudiciales. A principios de diciembre, Amnistía Internacional denunciaba un reciente “frenesí de ejecuciones”.
Human Rights Watch destaca en su informe mundial del 2021 la “mano dura del gobierno autoritario” de Sisi, agregando que “la epidemia del covid-19 (...) agravó las ya terribles condiciones de detención”. “Decenas de presos murieron durante la detención, entre ellos al menos 14 aparentemente a causa de la covid-19”, según la oenegé.
“La Primavera Árabe en Egipto duró poco”, afirma Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En su opinión, “el régimen ha aprendido la peor lección de la Primavera Árabe: cortar de raíz cualquier deseo de libertad”.
Frente a las críticas internacionales, la respuesta de las autoridades egipcias no cambia.
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“En Egipto, estamos convencidos de que la evaluación de la fidelidad [de un Estado] a los derechos humanos es responsabilidad de la sociedad en cuestión y no de partes externas”, reiteró recientemente el ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shukry.
Las autoridades desmienten cualquier práctica de detención arbitraria o de tortura. El gobierno otorga “una gran importancia a la libertad de opinión y de expresión. No hay ‘presos políticos’ (...) Las detenciones responden únicamente a acciones que violan el Código Penal”, afirmó en un mensaje.
Pistoletazo de salida
La ola represiva comenzó en el verano del 2013 cuando la policía mató a cientos de islamistas que protestaban contra el derrocamiento de Mursi en El Cairo, según varias oenegés.
Después la cofradía de los Hermanos Musulmanes, prohibida en 2013, fue blanco de arrestos arbitrarios, detenciones provisionales, juicios masivos y condenas a muerte. Pero también afectó a la oposición liberal.
Y Sisi, elegido en el 2014 y reelegido en el 2018 con más del 97% de los votos por falta de una oposición de peso, se ha fortalecido.
En abril del 2019, una revisión constitucional prolongó su presidencia y reforzó su control sobre la justicia. El país tiene unos 60.000 presos políticos, según organizaciones de derechos humanos.
En septiembre del mismo año, cientos de manifestantes que exigían la dimisión de Sisi intentaron tomar la plaza Tahrir en El Cairo, símbolo de la protesta contra Mubarak. Miles de personas fueron arrestadas.
Las oenegés afirman que uno de los ejes del aparato represivo es el sistema judicial, por recurrir sistemáticamente a las acusaciones de “terrorismo”, de “divulgación de información falsa”. También denuncian el “reciclaje” o el añadido de nuevos cargos para prolongar las detenciones.
Según Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, una oenegé con sede en El Cairo, “se supone que el sistema judicial es un baluarte que protege los derechos y las libertades”, pero la justicia “rara vez pide que los oficiales de la policía rindan cuentas”.
La lucha antiterrorista también es un argumento del gobierno cuando se le acusa de violaciones de derechos, en un país que sufre desde el 2013 una insurrección yihadista en el Sinaí del Norte.
Sin embargo, según Sherif Mohyeldeen, investigador del centro de reflexión Carnegie Oriente Medio, las violaciones denunciadas contribuyen a “alimentar la violencia estructural y cultivan en parte el extremismo”.
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Nueva espiral
La represión también va dirigida contra los medios de comunicación y la libertad de expresión, con cientos de sitios web de información bloqueados desde el 2017. Según Reporteros Sin Fronteras, 28 periodistas están encarcelados en el país.
“No hay ningún organismo (de prensa) que trabaje de forma independiente”, declaró a la AFP Lina Attalah, redactora jefa del sitio de noticias digital Mada Masr, “una excepción” en el panorama mediático egipcio, según ella, quien fue detenida por los servicios de seguridad en varias ocasiones.
De hecho, entidades progubernamentales cercanas al ejército han comprado varios medios.
El poderoso ejército egipcio no interviene directamente en la represión política pero controla parte de la economía.
Y el estado de emergencia, vigente desde abril del 2017, se reforzó en mayo del 2020 en plena pandemia de coronavirus. Un pretexto, según las oenegés, para imponer “nuevos poderes represivos”.
Esta represión se intensificó en noviembre con el arresto de tres directivos de una organización local de derechos humanos. Tras una fuerte presión internacional, fueron liberados.
Paralelamente las autoridades arremetieron contra las mujeres. En los últimos meses, una decena de “influencers” han sido condenadas a prisión por contenidos compartidos en la aplicación TikTok, considerados contrarios a las buenas costumbres.
“Se necesita tiempo para ser un Estado de derecho”. “Cuando se pretende analizar lo que pasa en Egipto, hay que entender esto”, asegura Mokhles Kotb, secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
