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Empieza juicio en España por controvertido proyecto de almacenamiento de gas submarino

Dos responsables de una empresa comparecieron este lunes ante la justicia española al comenzar un juicio por un proyecto de almacenamiento de gas submarino, señalado de haber provocado múltiples sismos en 2013 en Valecia, este de España.

Los dos hombres, juzgados en un tribunal de Castellón de la Plana, en la región de Valencia, son acusados de "delito medioambiantal" ligado a la ausencia de estudios previos. Ambos enfrentan una pena de prisión de seis años, según documentos consultados por AFP.

Los dos imputados, que ocupan cargos directivos dentro de la empresa Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, número uno del sector de la construcción en España, fueron imputados en 2015 en este caso, junto a una decena de funcionarios del ministerio del medio ambiente.

Al finalizar la investigación, se sobreseyó a los funcionarios, toda vez que la justicia no encontró irregularidades en el otorgamiento de los permisos a Escal UGS en el marco de este proyecto, financiado principalmente por el Banco Europeo de Inversiones.

Bautizado "Castor", el proyecto a 1.700 metros bajo el nivel del mar y a 22 kilómetros de la costa este española fue paralizado después de que las primeras inyecciones de gas en 2013 causaran centenares de pequeños sismos, desatando protestas de asociaciones ecologistas y habitantes de la zona.

La justicia acusa a Escal UGS de no haber facilitado un estudio sobre la frecuencia de la actividad sísmica en la zona y de haberse demorado en suspender las inyecciones una vez observadas estas consecuencias, lo que provocó "una situación de peligro potencialmente catastrófico".

Escal se excusó diciendo que la actividad sísmica en el área no alcanzó el umbral a partir del cual se requería un estudio.

Unos meses después de los incidentes, ACS renunció a su licencia para operar el sitio. Luego se le concedió una indemnización de 1.350 millones de euros (1.568 millones de dólares). El gobierno anunció el abandono definitivo del proyecto en mayo de 2017.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 15 de noviembre.

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