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Birmania liberará a más de 5.000 manifestantes encarcelados desde el golpe de Estado

Birmania liberará a más de 5.000 personas encarceladas por protestar contra el golpe de Estado del ejército en febrero, anunció el lunes el jefe de la junta militar, días después de ser excluido de la próxima cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Un total de 5.636 prisioneros serán indultados y liberados antes del festival de las luces Thadingyut que comienza el martes, dijo el general Min Aung Hlaing.

Birmania está sumida en el caos desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a un paréntesis de una década de democracia en el país.

Desde entonces, el ejército lleva a cabo una sangrienta represión con más de 1.100 civiles muertos y más de 8.000 personas arrestadas, según la oenegé local Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).

Según esta organización, más de 7.300 personas están actualmente encarceladas en todo el país.

La junta militar no dio detalles de quién sería liberado y las autoridades penitenciarias, contactadas por la AFP, no quisieron responder.

La web independiente Democratic Voice of Burma (DVB) informó que tres de sus periodistas, todos detenidos desde hacía unos seis meses, fueron puestos en libertad.

A finales de junio, las autoridades liberaron a más de 2.000 opositores al golpe de Estado, detenidos en varias cárceles del país, entre los cuales figuraron reporteros locales por haber criticado la represión de los militares.

El redactor jefe de Frontier Myanmar, Danny Fenster, de nacionalidad estadounidense, sigue detenido en la cárcel de Insein, cerca de Rangún, desde su arresto el 24 de mayo.

Tras el anuncio de la junta, decenas de personas acudieron a la cárcel de Insein, a la espera de la liberación de sus allegados.

Entre ellos, Mya Nu, que querría ver a su hija, detenida en abril. "No la he visto desde entonces", dijo a la AFP. "Sólo es a través de su abogado que sé que tiene buena salud".

Más de las 1.300 personas que pueden ser liberadas lo serán con la condición de que firmen un documento en el que prometen que no reincidirán, declaró el general Min Aung Hlaing.

Para estas personas se trata "fundamentalmente de una forma de libertad condicional que implica una vigilancia constante y amenazante", declaró a la AFP el analista David Mathieson, especialista en Birmania.

"Esto no absuelve a la SAC (State Administration Council o Consejo de Administración del Estado, como se autodenomina la junta) de nueve meses de extrema violencia".

Por su parte, la AAPP tachó la medida de "técnica de distracción" para los gobiernos extranjeros, según un comunicado en Twitter. "La intención no es reducir la represión".

Este anuncio tiene lugar después que la ASEAN excluyera el viernes a Min Aung Hlaing de la próxima cumbre a raíz de la gestión de la crisis por parte del gobierno militar.

En su lugar, los ministros de Relaciones Exteriores del bloque decidieron invitar al encuentro, previsto del 26 al 28 de octubre, a un "representante apolítico" birmano.

La organización, que reúne a 10 países del sudeste asiático, incluida Birmania, tomó este decisión excepcional después de que la junta rechazara el envío de un representante especial para dialogar "con todas las partes interesadas", incluida la exlíder Aung San Suu Kyi.

Derrocada por el ejército en febrero, Aung San Suu Kyi, de 76 años y premio Nobel de la Paz, está encausada por haber violado restricciones vinculadas al covid-19 durante las elecciones del año pasado, que su partido había ganado holgadamente.

Entre otros cargos, está también acusada de haber importado ilegalmente walkie-talkies, y puede ser condenada a varios años de prisión si es declarada culpable.

El comunicado de la ASEAN señaló "progresos insuficientes" en la implementación de un plan de cinco puntos, adoptado en abril, que debía ayudar a restablecer el diálogo en Birmania y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

La junta militar birmana criticó con dureza la decisión, acusando a la ASEAN de romper con la tradición del bloque de no interferir en los asuntos internos de sus Estados miembros.

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