Presentado por: UNIVERSAE
La problemática relacionada con estafas informáticas es un tema de todos los días en el país. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero del 2024 y marzo del 2025, se registraron 10.706 denuncias por este delito.
Lo más preocupante es que pareciéramos estar lejos de que se logre bajar la comisión de este ilícito digital: En marzo pasado, se tuvo el pico más alto de recepción de estas denuncias, con 1.544 casos.
Para los expertos en el tema, estas cifras solo vienen a dejar en claro que el cibercrimen ya no es un fenómeno marginal, sino un riesgo sistémico que afecta a la ciudadanía en todos los aspectos.
“Desde una perspectiva de resiliencia nacional, estas cifras obligan a repensar la estrategia: no basta con parches reactivos; se requiere incorporar la gestión de riesgo cibernético en la gobernanza corporativa y en las políticas públicas, con métricas claras sobre exposición y respuesta, y adicionalmente atendiendo los planes de continuidad de negocio”, acotó Aldo González, director de carrera de Ciberseguridad de la Universidad Internacional Universae.
Este aumento sostenido en las estafas por medios digitales refleja una creciente vulnerabilidad en la población y en las instituciones públicas y privadas, lo que ha encendido las alertas en torno a la necesidad de contar con profesionales capacitados en seguridad digital.
“Para atender esa brecha, el talento especializado se convierte en el activo más escaso. La industria ya cuenta con un marco de referencia robusto -certificaciones como CISSP, CISM, CEH, entre otros- lo cual estandariza competencias y facilita la movilidad profesional en la región. Adoptar y promover estos sellos de calidad no solo eleva la confianza de los actores que contratan servicios de ciberseguridad, sino que también crea un lenguaje común entre sectores públicos, privados y académicos, agilizando la coordinación ante incidentes y auditorías regulatorias”.
“Desde la academia tenemos la responsabilidad de articular estos estándares con programas formativos que combinen fundamentos técnicos, pensamiento crítico y una visión ética del oficio. Integrar las certificaciones de la industria en los planes de estudio, sin ceder al mercadeo, permite que los egresados acrediten su dominio ante empleadores globales desde el primer día, acortando la curva de aprendizaje e impactando directamente en la reducción del índice de fraudes digitales. Así, la universidad se posiciona orgánicamente como puente entre la demanda urgente de profesionales competentes y la protección efectiva del ecosistema digital latinoamericano”, acotó González.
Costa Rica ha sido blanco de diversos ciberataques en los últimos años, y el incremento de estafas electrónicas demuestra que no solo las instituciones, sino también la ciudadanía, requieren protección basada en conocimiento técnico y especializado.
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