Hola, de nuevo con usted, Ximena Alfaro y Víctor Hugo Murillo hacemos un repaso por la actualidad internacional y centramos la atención en dos hechos que descollaron esta semana: la anulación de las condenas contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y un juicio en Nueva York que deja mal parada a la clase política de Honduras.

Sin más preámbulo, a lo que vinimos.

Cuando Lula fue inhabilitado para competir en los comicios presidenciales del 2018, tras una condena en segunda instancia de 17 años de cárcel por recibir sobornos, era el candidato con mayor intención de voto.

Otro aspirante, el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro, vio despejado un importante obstáculo y ganó la contienda. Desde enero del 2019, Brasil tiene un gobierno de una orientación política -ultraderecha- diametralmente opuesto a los de izquierda de Lula y Dilma Rousseff.

Aquel duelo que una decisión judicial impidió, ahora otra decisión judicial puede hacerlo posible: un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) anuló dos condenas que pesaban sobre Lula.

Ojo, no lo absolvió por los cargos de posible corrupción. Ordenó nuevos juicios por parte de la Justicia federal. Inclusive, aún el fallo del juez Edson Fachin puede ser impugnado por la Fiscalía General ante el pleno del STF.

Mas si este confirma lo dispuesto por Fachin, se abre la posibilidad de que Lula pueda ser nuevamente candidato a ocupar el palacio de Planalto y enfrentarse a Bolsonaro.

El exobrero metalúrgico, que gobernó Brasil entre el 2003 y el 2013, sigue conservando una gran cuota de popularidad (una encuesta difundida el 7 de marzo anterior le daba un 50% de apoyo frente a un 38% del actual mandatario). Pero Lula también causa sarpullido en sectores empresariales, de clase media, grupos evangélicos e inclusive en partidos de centro izquierda.

Factura de la pandemia

A su vez, Bolsonaro mantiene su parcela de respaldo, si bien este ha disminuido por el deficiente manejo de la pandemia de covid-19, cuyos efectos ha minimizado con sus desplantes de negacionismo.

A finales de enero, un sondeo de opinión pública mostró un desplome en la calificación del desempeño del gobierno: un 40% lo calificó de malo o muy malo, una percepción menor en ocho puntos porcentuales respecto a otro estudio que hizo el instituto Datafolha en diciembre. Apenas un 31% expresó conformidad con la gestión.

Esta merma se atribuyó a la pobre respuesta del gobierno a la pandemia, sobre todo por la lentitud en la campaña de vacunación.

En poco más de un mes desde esa medición, el panorama en relación con la covid-19 en el país ha empeorado con cifras diarias de muertes que esta semana fueron superiores a las 2.000. La situación en tan grave que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no duda en manifestar su alarma y llamar a las autoridades a adoptar “medidas serias”.

“El año 2021 será aún más duro”, anticipó la neumóloga Margareth Dalcolmo, de la prestigiosa Fundación Fiocruz, quien ha estado en la línea de frente en el combate a la covid-19.

Bolsonaro no oculta que busca otro quinquenio en la Presidencia.

Frente al embate de la pandemia, que ya cobró más de 270.000 vidas (Brasil es el segundo país con más víctimas fatales, solo superado por Estados Unidos), el exmilitar persiste en su postura de soslayar la magnitud de la emergencia sanitaria y, por el contrario, alentar a la normalización de actividades, todo en aras de salvar... la economía.

Habrá que esperar cuánto más puede golpear el coronavirus al mandatario (quien lo padeció), cómo se desarrollan los hechos en la esfera judicial y si Lula se decide a volver a la arena electoral. Por ahora, en su primera rueda de prensa luego del fallo de Fachin, el exgobernante se cuidó de no ser acusado de oportunismo y ante la pregunta de si se echaría al ruedo, contestó: “Sería alguien pequeño si estuviese pensando en el 2022 en este momento (de pandemia)”.

Honduras, políticos y narco

Otro juicio por narcotráfico en Nueva York y otro sacudón a la clase política de Honduras.

El proceso judicial que terminó en octubre del 2019 con la condena por narcotráfico y posesión de armas de Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ventiló graves acusaciones no solo contra el encausado, sino que también salpicaron al mandatario y los políticos del país.

La parte segunda de la “película”, con similar guion y algunos protagonistas que repiten, continúa, de nuevo en Nueva York, con un juicio contra un presunto narcotraficante hondureño.

En el inicio del proceso que se sigue contra Geovanny Fuentes, el fiscal Jacob Gutwillig vinculó al mandatario con el tráfico de cocaína a Estados Unidos y con la recepción de sobornos para proteger los negocios del acusado. El acusador no dudó en calificar a Honduras como un “narcoestado”.

El presidente Hernández es, de acuerdo con la Fiscalía, un “coconspirador”.

Los señalamientos contra Hernández, quien gobierna desde el 2014, no son nuevos. En el debate que llevó a la condena de su hermano (este espera la pena), el nombre del gobernante también se oyó en el tribunal federal de Manhattan. Otro fiscal sostuvo que había recibido coimas por proteger a narcotraficantes.

En aquel momento, el excapo y exalcalde hondureño Alexánder Ardón aseveró que en el 2013, cuando Hernández buscaba la Presidencia, recibió $1 millón de Joaquín el Chapo Guzmán, otrora jefe del cartel de Sinaloa y condenado en el 2020 a cadena perpetua en Estados Unidos.

El gobernante sostiene que tales testimonios son parte de una venganza de los narcotraficantes por los decomisos y las extradiciones a Estados Unidos, y blande como estandarte la cooperación antidrogas con la potencia del norte.

Por ahora, Washington ha mantenido a Honduras en la lista de países que colaboran activamente en el combate de los carteles y Juan Orlando Hernández no ha sido denunciado ante la Justicia.

En los dos juicios, las acusaciones de excapos de la droga, como Leonel Rivera, quien fue jefe del cartel Los Cachiros, también han apuntado a los exmandatarios Manuel Zelaya (derrocado en el 2009) y Porfirio Lobo quienes habrían dado cobertura a los negocios del narcotráfico a cambio de sobornos.

Un hijo de Lobo, Fabio, fue condenado en el 2017 a 24 años por tráfico de drogas en Estados Unidos.

La penetración del narco en las estructuras del Estado no es un fenómeno propio de Honduras. Sigue un patrón que se repite en otros países de Latinoamérica.

Hace un año, el entonces jefe de la Policía Nacional hondureña, Leonel Luciano Sauceda, fue detenido por presunto lavado de dinero. Y en enero del 2018, otro jerarca de ese cuerpo, José David Aguilar Morán, fue vinculado con el trasiego de 780 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Quedan semanas de juicio contra Geovanny Fuentes y es seguro que se presentarán nuevos testimonios comprometedores.

Por esta semana, es todo.