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Perder la residencia en Costa Rica puede ocurrir por más razones de las que muchos extranjeros imaginan. Desde incumplir requisitos legales hasta verse involucrado en procesos judiciales, los errores en la gestión del estatus migratorio pueden derivar en la cancelación del permiso y, en casos extremos, en la deportación.
La abogada Margarita Sandí Mora, directora de Nomad Immigration Services, explicó a La Nación los requisitos legales para cancelar una residencia permanente, así como el papel que ejercen el arraigo familiar y los hijos costarricenses.
¿Cuáles son los requisitos legales para que la Dirección General de Migración y Extranjería cancele la residencia permanente de un extranjero?
Según Sandí y el artículo 13, inciso 17, de la Ley General de Migración y Extranjería (8764), se puede cancelar la residencia mediante resolución razonada, garantizando el debido proceso, especialmente cuando se constata vinculación a hechos delictivos dolosos.
No basta una sospecha: debe existir un nexo probatorio suficiente y un procedimiento que respete las garantías legales. Además, los artículos 70 y 129 de la misma ley abordan aspectos relacionados con la cancelación o denegación de la residencia.
Sin embargo, Sandí citó como ejemplo la resolución 0296-2024 del Tribunal Administrativo Migratorio, que demuestra que la existencia de una sentencia penal antigua no habilita automáticamente la cancelación de la residencia, sobre todo si:
- El extranjero renovó su cédula varias veces tras el hecho delictivo.
- No se realizó la cancelación de manera oportuna y razonable en el tiempo.
En ese caso, el Tribunal desistió de la cancelación al considerar que se había vulnerado la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima, dado que la persona había mantenido su documentación vigente durante años después de la condena y no registraba nuevos delitos.
No obstante, otras resoluciones del Tribunal Administrativo Migratorio han señalado que, aun cuando la condena dolosa ocurriera hace más de diez años en el extranjero, por tratarse de un asunto de interés público y de seguridad nacional, los antecedentes pueden representar una amenaza al orden público y, por ello, justificar la denegación del estatus legal en el país.
“Vemos como hay criterios encontrados y a veces depende mucho de los antecedentes que tenga la persona solicitante y la gravedad de dichos delitos”.
— Margarita Sandí Mora, directora de Nomad Immigration Services.
¿El hecho de que una persona extranjera tenga hijos costarricenses es un factor que incide en la cancelación de su residencia?
La abogada destacó que, cuando una persona extranjera tiene hijos costarricenses, este factor se convierte en un elemento relevante de protección, especialmente en atención al interés superior del menor, principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y reconocido en la legislación nacional.
La jurisprudencia migratoria y constitucional ha subrayado, según explicó, que la deportación o cancelación de residencia de un progenitor debe considerar el impacto sobre los hijos menores, respetando su derecho a la convivencia familiar y su estabilidad emocional y económica.
En cuanto a los hijos mayores de edad, Sandí señaló que el efecto no es tan determinante. En ese sentido, si el hijo no depende del extranjero para su sustento o cuidado, es poco probable que el vínculo impida o modifique sustancialmente una decisión sobre la cancelación de residencia.
No obstante, la paternidad constituye un fuerte lazo que evidencia el arraigo del extranjero en el país, aspecto que las autoridades migratorias deben valorar al examinar estos casos.
¿Qué peso tiene una sentencia penal firme en procesos migratorios y administrativos?
Sandí indicó que una sentencia penal firme puede justificar la cancelación de la residencia en casos de delitos dolosos, conforme al artículo 13, inciso 17, pero no toda condena genera automáticamente esa consecuencia.
La autoridad migratoria debe valorar varios factores:
- Naturaleza y gravedad del delito.
- Tiempo transcurrido desde la condena.
- Conducta posterior del extranjero.
- Situación familiar y arraigo.
La abogada explicó, además, que la destrucción del expediente judicial por temas archivísticos no invalidaría jurídicamente la sentencia firme, pero limita el derecho de defensa al impedir el acceso a pruebas, argumentos o documentación que permitan rebatir o contextualizar la condena.
Asimismo, la resolución TAM 0296-2024 evidencia que la existencia de un hecho punible declarado en sentencia firme no constituye, por sí sola, motivo suficiente para cancelar la residencia cuando el extranjero ha mantenido su documentación vigente tras la condena.
Si no hay antecedentes penales, ¿puede el Estado sustentar la cancelación de la residencia en documentos no certificados?
Sandí señaló que esto no debería ocurrir, ya que el uso de copias simples o documentos sin autenticación en procedimientos que afectan derechos fundamentales, como la residencia, contraviene el principio de legalidad y el debido proceso administrativo.
El Reglamento exige prueba idónea y formalmente válida, especialmente cuando se trata de antecedentes penales. La jurisprudencia también ha cuestionado resoluciones basadas en evidencias insuficientes.
¿Qué recomendaciones legales existen para proteger a residentes extranjeros?
Sandí recomendó que las personas soliciten copias certificadas de todas las resoluciones penales y administrativas relevantes desde su origen.
Asimismo, sugirió mantener actualizada la dirección ante Migración para evitar notificaciones inválidas y disponer de un medio vigente para recibir comunicaciones de cualquier trámite en curso. También es importante conservar constancias de arraigo, como vínculos laborales, familiares, hijos, afiliación a la CCSS y registros educativos.
En caso de notificación defectuosa o cancelación arbitraria, se debe presentar un recurso de revocatoria y apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio y, eventualmente, una acción de amparo.
Además, conocer con precisión las fechas de notificación de las resoluciones es crucial para ejercer correctamente el derecho de defensa mediante los recursos que la ley contempla, como el recurso de revocatoria ante la Dirección General de Migración y Extranjería o el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio, garantizando su efectividad.
¿Cuáles son los criterios que deberían seguir los tribunales para analizar la validez de pruebas documentales en casos migratorios?
Sandí citó los siguientes criterios:
- Autenticidad: Que el documento sea certificado o provenga de fuente oficial.
- Relevancia: Que tenga relación directa con el hecho debatido.
- Contradicción: Que se haya dado oportunidad al afectado de impugnarlo.
- Valor probatorio: Que sea suficiente y no aislado; evitar decisiones sobre simples notas u oficios de dudosa procedencia.
¿Cómo afecta la cancelación de residencia y la deportación a una persona que quiera volver a aplicar por una residencia?
Según Sandí, existen consecuencias relevantes.
Una cancelación de residencia basada en un delito doloso genera un antecedente migratorio. En caso de deportación, la persona puede enfrentar una prohibición de ingreso de hasta 10 años, según el Reglamento.
Ese antecedente se considerará negativamente en cualquier nueva solicitud de residencia, aunque no impide la admisión automática si el solicitante demuestra rehabilitación, arraigo o un cambio en sus circunstancias.
En todo caso, Sandí señaló que sienta un precedente que permanecerá en el expediente y será tomado en cuenta por la Dirección General de Migración y Extranjería al evaluar futuras solicitudes.
En Costa Rica, cada persona conserva el mismo número de expediente migratorio, incluso si realiza múltiples trámites para obtener diferentes categorías o tipos de permanencia legal a lo largo del tiempo.
