El PUSC de hoy se presenta, en la Asamblea Legislativa, como un partido que coquetea con los gremios y busca pretextos para oponerse a la reforma al empleo público, al tiempo que rechaza acciones estatales en favor de la población afrodescendiente.
El desplante al proyecto de empleo público no es la primera rabieta que el PUSC hace contra una reforma de fondo, en el actual Congreso.
Ya la fracción del PUSC lo había hecho en febrero del 2019, cuando le retiró su apoyo al proyecto de reforma al reglamento legislativo, molesta porque el Gobierno retiró temporalmente, de la corriente legislativa, un proyecto del socialcristiano Erwen Masís para restringir el uso del plástico.
Al igual que el plan de empleo público, la actualización del reglamento requería de 38 votos para ser aprobado, lo que fue aprovechado por la Unidad para presionar.
El PUSC pasó casi tres años exigiendo al Poder Ejecutivo reformas estructurales del Estado, haciendo énfasis en la necesidad de una prometida reforma al empleo público que frenara el desorden y los excesos en las remuneraciones estatales.
Una y otra vez, cuando el Gobierno se inclinaba por pedir más impuestos, los socialcristianos señalaban, con justa razón, la ausencia de ajustes de fondo en el gasto y los titubeos de Zapote al respecto.
Sin embargo, cuando el Ejecutivo decidió comerse el costo político de la reforma al empleo público y la llevó a las puertas de la aprobación, el PUSC miró la piscina desde lo alto del trampolín y prefirió dar unos pasos atrás.
Ya eran conocidas las oposiciones al proyecto de las diputadas Shirley Díaz (subjefa de fracción) y Aracelly Salas, quienes en este tema son más afines a las posiciones del Frente Amplio y de los gremios del sector público.
Salas, exalcaldesa de San Pablo Heredia, incluso le cedió su silla al frenteamplista José María Villalta, en la Comisión de Gobierno y Administración, para que él votara en su representación en varias ocasiones.
También era conocida la oposición del diputado y precandidato presidencial, Pedro Muñoz, quien lanzó su campaña el 3 de marzo haciendo un fuerte énfasis en el apoyo de los “sectores”.
“Vengo a anunciar que con ustedes y los sectores seré el próximo presidente de Costa Rica”, dijo Muñoz ese día, en el que también dio a conocer que su compañera de bancada, María Inés Solís, se desempeñará como su jefa de campaña.
Años atrás, un político también lanzó una campaña enfatizando la necesidad de negociar las reformas políticas con los sectores. Se llamó Luis Guillermo Solís, del PAC.
En octubre pasado, el precandidato Pedro Muñoz presentó su propio proyecto de empleo público y buscó el apoyo de los gremios agrupados en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Luego, a principios de marzo, cuando el PLN, el PAC y el Frente Amplio excluyeron a las universidades públicas de la reforma, mediante la aprobación de una moción elaborada por las propias cúpulas universitarias, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca anunció que le retiraba su apoyo al plan.
Era entendible la oposición de Abarca a la moción, pero su reacción parecía ser desmedida.
El socialcristiano argumentó que el proyecto recibió una mutilación importante, lo cual es cierto, pues la exclusión de las universidades deja por fuera a más de 21.000 funcionarios públicos; pero todavía faltaba camino por recorrer.
Ahora, que diputados líderes del PLN y del PAC procuran reinsertar a las ‘U’ públicas a la reforma, mediante la discusión de mociones de reiteración en el plenario, el PUSC no está dispuesto a dar su apoyo y extendió la lista de razones para oponerse al proyecto.
El jefe de fracción, Rodolfo Peña, y Pablo Heriberto Abarca acercaron sus posiciones a la de Pedro Muñoz.
Argumentaron que la Unidad no dará sus votos porque la Comisión de Gobierno se negó a aprobar aumentos salariales inmediatos para unos 28.800 funcionarios públicos cuya remuneración quedaría por debajo del futuro salario global que creará la reforma al empleo público.
Haber aprobado ese incremento automático implicaría un gasto de ¢32.000 millones anuales para los contribuyentes, y le restaría fuerza al ahorro que el proyecto pretende generar. Abarca alega que el Estado recibiría miles de demandas y que la reforma se debe hacer completa.
En tanto, Peña dijo, en la Comisión de Gobierno, que se podría usar dinero del Sistema de Banca para el Desarrollo o del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un aumento salarial inmediato a los empleados que quedarían por debajo del salario global.
El PUSC también se opone a votar la reforma porque las empresas públicas en competencia fueron excluidas de la regulación del proyecto, salvo en el tema de convenciones colectivas, al argumentar que el plan debe aplicar para todo el Estado.
En declaraciones a La Nación, el jefe de la Unidad dijo que la exclusión de las empresas públicas no es la única excusa, sino “una de varias”.
No obstante, el propio Pablo Heriberto Abarca también votó a favor de la moción que excluyó a las municipalidades de la regulación del proyecto, permitiéndoles regirse por el Código Municipal, y ni siquiera se acordaba de ello.
“Eso es falso”, respondió Abarca en primera instancia, cuando se le consultó la razón para excluir a los 82 ayuntamientos de la regulación del proyecto y darles un trato idéntico al de las universidades públicas.
No obstante, cuando se le presentó el registro de votación de ese día y el contenido de la moción, el socialcristiano cambió su respuesta: “Yo sí la voté, pero eso no le da igual trato que a las universidades”.
Desde semanas atrás e incluso antes de que las universidades fuesen excluidas, el PUSC ya daba señales de que cambiaría de postura con respecto al plan de empleo público.
En una reunión de la fracción, el lunes 22 de febrero, antes de que se iniciara el trámite del segundo y último paquete de mociones de fondo al proyecto, varios diputados anunciaron su posición negativa.
Así lo recuerda la diputada socialcristiana María Vita Monge: “Sí, hubo algunos compañeros que dijeron que su posición está en contra del plan de empleo público”.
El diputado Óscar Cascante también confirmó su oposición al proyecto, con lo que la Unidad suma al menos siete de nueve diputados en contra: Muñoz, Solís, Peña, Abarca, Cascante, Díaz y Salas.
La semana pasada, el PUSC también se vio envuelto en polémica cuando la diputada María Inés Solís, jefa de campaña de Muñoz, le presentó 70 mociones a un proyecto de ley de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente.
Las mociones fueron calificadas por la mayoría de los diputados de la Comisión Plena Primera como una burla racista.
El plan propone que el 7% de las plazas que queden vacantes en las instituciones públicas sean otorgadas a personas afrodescendientes, siempre que cumplan con los requisitos para ello, al igual que con los cupos educativos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Esta no es la primera vez que Costa Rica discute acciones afirmativas en favor de poblaciones que han sido relegadas históricamente. Se aprobó por ejemplo, con apoyo del PUSC en el 2010, una legislación para conceder el 5% de las plazas vacantes en el Servicio Civil a personas discapacitadas.
El Estado también ha tenido que legislar en favor de la participación política en la mujer, abriendo espacios. Un reciente informe del Estado de la Nación señaló que, en el caso de los puestos de alcalde, los hombres dominan por mucho los espacios ante la falta de reglas que garanticen la participación equitativa de la mujer.
En el caso de los afrodescendientes, María Inés Solís presentó mociones que pretendían sustituir la palabra “afrodescendientes”, en el proyecto de ley, por “afrodescendientes, negros”.
Además, propuso numerosas opciones adicionales, como “afrodescendientes, hindúes”, o bien, malekus, chinos, asiáticos, huetares o bribris.
Adicionalmente, propuso que el texto dijera “afrodescendientes, desempleados”, o de la población LGTBIQ, refugiados, desempleados o en extrema pobreza.
Como lo dijo la diputada Laura Guido, las mociones reúnen una “lista de lo que parece ser su interpretación de minorías”.
Ante sus mociones, vale la pena preguntar: ¿Cree firmemente la diputada Solís que el Estado debe dar el 7% de sus plazas vacantes a refugiados o su afán fue hacer burla del proyecto? ¿No cree en los sistemas de cuotas?
Ella declina responder preguntas y, más bien, acusó al diputado limonense y afrodescendiente, David Gourzong, de discriminar haciéndose ver como el discriminado.
Tanto ella como el precandidato Pedro Muñoz sostienen que la intención de las mociones es que todas las minorías sean favorecidas y niegan discriminación alguna.
Para la proponente original del proyecto, la exdiputada Maureen Clarke, “eso tiene un nombre en la literatura sobre esa materia y se llama ‘fragilidad blanca’, que es cuando usted le habla a una persona blanca o mestiza de racismo e inmediatamente se ofende”.
Clarke añadió que una persona así no concibe que ha crecido en una sociedad injusta que discrimina a la población afrodescendiente y dijo que, estando en una sociedad patriarcal, apenas se han aceptado las acciones afirmativas para las mujeres.
El lunes 15 de marzo, la oficina de la ONU en San José emitió un comunicado para apoyar la legislación que sugiera erradicar todas las formas de discriminación racial contra afrodescendientes, de acuerdo con recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) a los países integrantes.