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El plan fiscal del gobierno de Laura Fernández ya suma seis proyectos de ley presentados por el Ministerio de Hacienda, el cual es dirigido por el ministro y expresidente Rodrigo Chaves.
Las dos iniciativas más recientes exigirán a determinados sectores pagar más impuestos. Tal es el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las universidades públicas, los acueductos rurales, los bancos, los fondos de inversión y los usuarios de autos eléctricos. En tanto, uno de los primeros textos rebaja tributos a los cigarrillos.
Los seis textos entraron entre julio y setiembre, pero aún no se observa un esfuerzo coordinado del Ministerio de la Presidencia para que la Asamblea Legislativa les dé prioridad.
Estos son los seis proyectos:
Expediente 25797 sobre eliminación de exoneraciones
Este proyecto eliminaría exoneraciones totales o parciales que hoy existen sobre varios impuestos. Entre las principales consecuencias están las siguientes:
-El OIJ pasaría de pagar un 0% a un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) sobre todas sus compras. Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, advirtió de que el proyecto conllevaría una disminución de casi ¢4.000 millones en los recursos disponibles para el próximo año.
-Las universidades públicas pasarían de pagar un 2% a un 13% de IVA en sus adquisiciones.
También, subiría de un 0% a un 13% el IVA para:
-El Cuerpo de Bomberos en sus compras de bienes y servicios.
-Las juntas de educación de los centros educativos del MEP en sus compras de bienes y servicios.
-Los afiliados a los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales en sus cuotas de afiliación.
-Los acueductos rurales en relación con sus compras de bienes y servicios.
-Los compradores de animales vivos en las subastas ganaderas.
-Los compradores de servicios de radios culturales.
Autos eléctricos
Con el mismo plan, se eliminarían las exoneraciones vigentes para la compra de vehículos eléctricos.
Actualmente, se paga un 7,5% de impuesto selectivo de consumo en vez de un 30%.
En el caso del IVA, la tarifa actual es del 4% en vez del 13%.
Además, hoy se paga un 80% del impuesto sobre la propiedad de vehículos en el marchamo.
Todos esos beneficios se eliminarían de inmediato, en vez de hacerlo de forma gradual como lo había previsto una ley del 2022.
Expediente 25796 sobre impuesto a rentas pasivas obtenidas en el exterior
Este proyecto establecería un impuesto del 15% para las rentas pasivas obtenidas fuera del país por residentes en Costa Rica. El tributo recaería sobre:
- Dividendos
- Intereses
- Alquileres
- Regalías
El impuesto lo tendrían que pagar personas físicas y jurídicas —con independencia de si realizan o no una actividad económica—, lo que incluye fondos de inversión, fideicomisos y entes colectivos sin personalidad jurídica.
Sin embargo, se daría un tratamiento diferente a las entidades reguladas por las superintendencias, en donde entran los bancos, las aseguradoras y las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), que suelen hacer inversiones en el exterior.
En este caso, se les exigiría reportar los ingresos de rentas pasivas obtenidas en el exterior como parte de su declaración anual de impuesto de renta en Costa Rica, en donde la tarifa es de un 30%.
Todavía, hay dudas de interpretación sobre la posibilidad de que la reforma alcance a los fondos de pensiones, que también pueden invertir en el exterior para obtener rendimientos, o si se mantendría la exoneración fijada en la legislación actual.
El proyecto de ley contiene una cláusula para evitar la doble imposición. Esta consiste en que, si la persona jurídica o física pagó impuesto en otro país por sus ganancias, se le descontará del tributo exigido en Costa Rica.
Expediente 25668 sobre reducción de carga tributaria de los cigarrillos
Este proyecto reduciría la carga tributaria sobre los cigarrillos, con el objetivo de contrarrestar el contrabando y la evasión fiscal de estos productos.
El plan eliminaría el impuesto del 2,5% sobre los cigarrillos destinado al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Además, fijaría en ¢20 por cigarrillo el impuesto a los productos de tabaco, en vez de los ¢26,19 actuales.
En forma paralela, se eliminaría el nivel mínimo de tributación de los cigarrillos. Hoy, la ley establece que los impuestos no pueden equivaler a menos del 85% de la suma de tres impuestos pagados por la categoría más vendida en el país.
Los tributos son el IVA, el selectivo de consumo (ISC) y el del Inder. Entonces, hoy si el producto más vendido vale ¢800, los demás cigarrillos no pueden pagar menos de ¢680 en impuestos, aunque sean de menor costo. Esto impide que productos más baratos paguen menos tributos, según Hacienda.
Con el plan, se permitiría a Tributación establecer la regulación.
Expediente 25667 sobre facturas electrónicas falsas
Este proyecto crea un delito que sancionaría con una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien emita, venda, compre o comercialice facturas electrónicas falsas para evadir impuestos, ya sea de forma directa, a través de un tercero o mediante una persona jurídica.
Además, establecería una multa equivalente al 150% del monto dejado de pagar para engañe al fisco con facturas falsas.
Expediente 25736 sobre aduanas
El plan 25736 modificaría la Ley General de Aduanas para elevar sanciones por contrabando.
Por ejemplo, impondría prisión de 3 a 6 años por el delito de contrabando aduanero, en vez de 3 a 5. Además, establecería una pena de 3 a 15 años y una multa de 20 a 500 salarios base, sin importar el valor de la mercancía, por “contrabando especialmente agravado”, que se aplicaría únicamente en el caso de bienes del patrimonio material y objetos o bienes del Estado, como puentes, alcantarillas y señales.
El texto también propone conceder a Hacienda las mercancías decomisadas o sujetas a comiso, antes de que sean subastadas, vendidas o entregadas en donación. La propuesta permitiría a la institución pública seleccionar aquellos bienes que considere útiles para el cumplimiento de sus funciones.
Expediente 25669 sobre embargo de bienes sin orden judicial
Al igual que lo han hecho otros gobiernos, el de Laura Fernández insiste en una reforma legal que permita a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial.
Expediente 25737 sobre portillo en la importación de vehículos
Este proyecto cerraría un portillo abierto mediante decreto en el 2024, el cual abrió la puerta para pagar menos impuestos por la importación de vehículos, especialmente los de lujo.
El Ministerio de Hacienda había derogado tres decretos que definían valores mínimos para el pago de impuestos en la importación de vehículos, de acuerdo con la marca, el modelo y el año.
En lugar de ello, estableció que el valor de los carros se fijaría con base en la factura presentada por el importador, sin ningún condicionante adicional. Esto permitió, por ejemplo, que una persona introdujera un BMW X6 M modelo 2025 reportando un valor de $7.367, a pesar de que en Estados Unidos el automóvil puede costar más de $130.000 y, en Costa Rica, al menos $195.000.
El proyecto de ley propone que la Administración Tributaria pueda ajustar, de oficio o a solicitud de parte, el valor fiscal de los bienes en casos específicos en los que exista una diferencia significativa y verificable entre el precio reportado y el de mercado.
