La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá indemnizar a la empresa Algefissa por incumplirle en los pagos por el alquiler de bodegas.
Dicha firma es la misma cuyo propietario, Juan León García, fue condenado a tres años de prisión por la retención indebida de medicamentos de la Caja, valorados en ¢8.000 millones, hecho ocurrido entre 2005 y 2006.
El pago de la indemnización, que inicialmente se estima en ¢1.400 millones, se debe a que la Caja perdió un proceso de lesividad que inició para anular el contrato con la empresa.
Este proceso de lesividad consiste en solicitar al Juzgado Contencioso-Administrativo anular un acto administrativo, que, en este caso, era el contrato con Almacenes Generales y Fiscales del Sur S. A. (Algefissa).
Dinorah Garro, gerente de Logística de la CCSS, explicó que el proceso de lesividad se inició por una “advertencia” que les hizo la Contraloría General de la República de que estaban “en presencia de un contrato irregular”.
El litigio, sin embargo, fue resuelto a favor del empresario a finales del 2012 y ya superó todas las instancias, por lo que es un hecho que la Caja deberá indemnizar.
La obligación de resarcir la confirmaron a La Nación el abogado del empresario Alexánder Rodríguez, y la propia Dinorah Garro.
El empresario Juan León García también es el dueño de Almacén General de Depósito JL, compañía que ganó el contrato para alquilarle bodegas a la Caja por los próximos 4 años por un monto de ¢3.488 millones (¢72,6 millones por mes) y el cual está vigente.
Cálculo. Dinorah Garro explicó que desde noviembre “un grupo de economistas (de la institución) está determinando la verdad real” de lo que se le debe pagar a Algefissa.
Adriana Ramírez Solano, abogada de la Dirección Jurídica de la Caja, especificó que al proceso deberán incorporarse peritos para que determinen la indemnización.
Ese cálculo se hará sobre el contrato que el empresario y la Caja firmaron en el 2003.
Fue luego de ese año que comenzaron las diferencias entre la entidad y Algefissa por el manejo de los equipos y medicamentos públicos.
Garro señaló que, posiblemente, el monto final sería determinado en el segundo trimestre del año.
Mientras tanto, el asesor legal del empresario explicó que el pago a su cliente deberá incluir la retribución en las utilidades no recibidas, más los intereses a la fecha en que se concrete el desembolso.