Tras darse a conocer la sentencia absolutoria a favor del creador de contenido Diego Bravo en la causa penal interpuesta por el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista María José Ulate, una de las principales interrogantes en torno al fallo judicial es si los querellantes deberán asumir algún costo económico derivado del proceso legal.
Durante la lectura de la resolución, el tribunal determinó que ni Hoffmann ni Ulate tendrán que pagar las costas procesales del litigio, pese al resultado del proceso.
“La norma procesal penal también deriva en el artículo 267, que las partes que resulten vencidas se les cargue con las costas, salvo que el tribunal estime que en aquellos casos donde haya existido una razón plausible para litigar puedan ser eximidos de las costas en ese extremo”, detalló el juzgado.
En su análisis, los jueces subrayaron que la pareja ejerció su derecho de acceso a la justicia de forma legítima, sin intentar utilizar los tribunales como un mecanismo de censura contra el comunicador digital.
“Sobre este particular, el tribunal considera que doña María José y don Mauricio han tenido una razón plausible para litigar, han acudido al tribunal aplicando los principios de buena fe, los principios de tutela judicial efectiva, sin que se haga un uso abusivo o instrumentalización de los procesos penales o del proceso civil accesorio al proceso penal como una forma de coartar ese derecho de libertad de expresión”, señalaron al leer la resolución.
Disposición durante el juicio
Otro de los factores determinantes para exonerar a Hoffmann y Ulate del pago de los gastos del proceso fue su apertura para buscar una salida alternativa al conflicto, la cual finalmente no prosperó por motivos fuera de su control.
“Han estado durante el proceso anuentes a llegar a cualquier tipo de medida alterna; por circunstancias ajenas a su voluntad no hubo la posibilidad de llegar a ellas, y eso demuestra que lo que existió fue una buena fe y una razón plausible para litigar, y por eso exime a los señores querellantes y actores civiles de las costas procesales de la presente causa”, puntualizó el órgano jurisdiccional.
De esta manera, aunque la acción civil resarcitoria presentada por la pareja fue declarada sin lugar al no acreditarse la existencia de un delito, el fallo establece que tampoco deberán desembolsar dinero por concepto de costas judiciales a favor de la parte querellada.