Cuestionamiento a la jueza
En la investigación sobre Asosejud, hay una parte sobre la jueza Rojas. De acuerdo con la Fiscalía, su cargo como fiscal 2 de Asosejud le otorgaba la responsabilidad de controlar, vigilar y fiscalizar las operaciones financieras y administrativas de la Asociación, así como supervisar el uso de sus fondos y bienes. Además, le confería acceso a toda la información contable y administrativa.
El Ministerio Público argumenta que, mientras tenía esas asignaciones, Rojas habría resultado beneficiada con condiciones financieras “particularmente favorables” de la asociación en el otorgamiento de créditos.
Rojas: ‘Rechazo el señalamiento’
Al respecto la jueza dijo: “Soy persona asociada por más de 15 años. La línea de crédito que poseo la solicité como persona asociada y de conformidad al catálogo de créditos que ha ofrecido la asociación a todos los 9.000 asociados, por lo que rechazo el señalamiento de haber obtenido algún crédito privilegiado”.
En allanamientos realizados en Asosejud el 1.° de setiembre, además de localizarse distintas boletas de formalización de créditos, fueron ubicados tres estados de cuenta correspondientes a los días 11 y 12 de febrero del 2026.
Según alegó la Fiscalía ante el Juzgado Penal de San José, los documentos muestran modificaciones sustanciales en la situación crediticia de Rojas Calvo en un lapso de 24 horas.
Anotó que el primer estado de cuenta, correspondiente al 11 de febrero del 2026, registra un histórico de 20 operaciones crediticias, con un saldo total de ¢189.464.821,63, dentro de las cuales se identifican créditos con tasas de interés que oscilaban entre el 4 % y el 15 % anual.
Sin embargo, un día después, apareció registrado un segundo estado de cuenta que mantiene 20 operaciones crediticias, pero con una “modificación significativa en su composición”. En este documento, deja de visualizarse una de las operaciones por un monto de ¢4.800.928,64, y aparece en su lugar una operación de número distinto, por ¢35.457.355,12.
El ente acusador señala que, como consecuencia de esas modificaciones, el saldo crediticio de Rojas se incrementó hasta alcanzar ¢219.264.048,45, con una cuota total reportada de ¢1.745.164,37.
El Ministerio Público observó un tercer estado de cuenta que también tiene como fecha el 12 de febrero del 2026 y, en este, “se produce una modificación sustancial de la estructura crediticia de Rojas Calvo”. Las 20 operaciones previamente registradas se reducen a 11 créditos, mientras que el saldo total se mantiene en ¢219.914.570,29. Pese a conservar una obligación superior a los ¢219 millones, la cuota total habría disminuido a ¢1.299.371,50.
Un crédito más por ¢75.000.000 también resultó llamativo para el Ministerio Público, pues registró una tasa interés del 10% anual y en en el último estado de cuenta aparece con una tasa de 1,5 % anual.
“Representa una condición extraordinariamente favorable para la deudora, pues una reducción de la tasa del 10% al 1,5% sobre una obligación de ¢75 millones tiene la capacidad de disminuir sustancialmente el costo financiero del crédito y, correlativamente, los intereses que Asosejud podría percibir por la colocación de esos recursos”, señala la Fiscalía.
De acuerdo con el ente fiscal, no aparecen fundamentos para las supuestas variaciones.
Representante de jueza se opuso a medida cautelar por caso Asosejud
El 11 de setiembre del 2026, el representante de la jueza se opuso a la solicitud fiscal de medidas cautelares, al considerar que no concurren los presupuestos procesales y que las medidas son desproporcionadas, innecesarias y carentes de fundamento legal.
La suspensión de un año dictada en el caso de Asosejud también alcanzó, por diversos motivos, a la presidencia, la vicepresidencia, la tesorería, la secretaría, directores, a la gerencia de la Asociación y un fiscal.
De acuerdo con la resolución de medidas cautelares, la Fiscalía investiga los siguientes supuestos:
- Créditos con tasas de interés más bajas, sin las garantías exigidas y fuera del marco normativo que regula el otorgamiento de préstamos en Asosejud
- Una concentración de créditos en integrantes de la propia Junta
- Un incremento de las operaciones crediticias en períodos breves
- Una supuesta disminución en la recaudación de cuotas de créditos pese al aumento del saldo otorgado
- El aparente otorgamiento de una beca a la sobrina de un investigado, pese a que al parecer no fue aprobada por la asamblea y carecía de condiciones
- Supuestas anomalías en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de la Asociación, como la compra de artículos a precios presuntamente superiores a los del mercado
- Contratación de proveedores de reciente constitución o inscripción
- Existencia de proveedores que comparten un mismo representante legal
- Almacenamiento de suministros en una bodega ubicada en Tibás
De forma preliminar, las investigaciones, todavía en curso, identificaron al menos 14 presuntos eventos irregulares.
