Empresarios formales costarricenses, domiciliados en el Caribe, estarían introduciendo cigarrillos y licores al país sin pagar impuestos.
Información de inteligencia en poder de la industria tabacalera y de las autoridades policiales da cuenta de dos empresarios que estarían usando sociedades formales para cometer el contrabando. Se trataría de comerciantes de Guápiles en Pococí de Limón y de Turrialba, en Cartago. La Nación se reserva las identidades de ambos para no entorpecer las pesquisas que están en trámite.
Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), de la Cámara de Comercio, explicó las dos modalidades que tienen monitoreadas en cuanto al contrabando. Una es la de quienes actúan al margen de las autoridades en puntos fronterizos sin control. La otra, la de organizaciones que usan un entramado de sociedades anónimas para simular legalidad.
“Cada vez son más sofisticadas las metodologías”, afirmó Carvajal. En el segundo caso, dijo, se trata de “sociedades que sí están debidamente inscritas ante el Ministerio de Hacienda”. Importan una parte del producto por la aduana y pagan impuestos, pero “ingresan otra parte de forma ilegal”. Con esa porción lícita, la empresa puede “fingir que opera en la formalidad” y exhibir documentación ante las inspecciones.
Según estimaciones de la empresa privada, la fachada declarada suele representar cerca del 20% de las importaciones. El 80% restante es producto ilícito.
Las ganancias son considerables porque la mercancía se vende a precios ligeramente menores que los de las marcas formales, pero sin pagar impuestos. Carvajal agregó que las ventas se facturan a nombre de las sociedades formales, lo que enmascara los fondos en cigarrillos y licores.
Según datos suministrados a La Nación por la Policía de Control Fiscal (PCF), entre el 2021 y el 2025 las autoridades confiscaron más de 226 millones de cigarrillos y habanos. En ese mismo periodo, también interceptaron más de siete millones de unidades de bebidas alcohólicas; las cifras corresponden al 9 de julio, cuando se hizo la publicación.
El OBCI reportó el 10 de septiembre pasado que el comercio ilícito de mercancías equivale al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que uno de los impactos de ese fenómeno criminal se refleja en las finanzas públicas.
El estudio del OBCI estima una pérdida de ingresos tributarios de ¢664.000 millones, equivalente al 1,4% del PIB de 2022 y aproximadamente al 38% del déficit financiero del Gobierno Central.
Rutas terrestres
Daniel Calderón, exdirector de la Fuerza Pública y hoy asesor en seguridad, indicó que la frontera sur sigue siendo el principal punto de ingreso de cigarrillos y licores de forma irregular, donde las estructuras criminales aprovechan la geografía y las debilidades de fiscalización. Desde allí, el producto se traslada a centros logísticos e inmuebles del Área Metropolitana para su distribución.
Un miembro de un grupo criminal de la zona sur que se dedica al contrabando contó a este medio que los cargamentos atraviesan Paso Canoas con la aparente ayuda de policías y luego son distribuidos por la zona sur en camiones y vehículos pequeños, escogidos para soportar el peso de la mercadería sin despertar sospechas.
Calderón sostuvo que “hay un vínculo directo entre empresas formales y sociedades” dedicadas a distribuir cigarrillos de forma ilegal. El fenómeno abarca, según dijo, desde colocar la mercadería en negocios formales “burlando todos los controles que existen”, como los sanitarios, hasta “las actividades de legitimación”.
Las investigaciones identifican esquemas de al menos tres sociedades anónimas bajo el control de un mismo representante. Una es consignataria y recibe las cargas de la Zona Libre de Colón, en Panamá. Otra es facturadora y emite la documentación de respaldo. La tercera es propietaria de los inmuebles usados como bodegas clandestinas.
Entre las marcas identificadas por las autoridades y la empresa privada figuran Gold City, Fisher, Silver Elephant y Fox. Fisher y Fox, producidas en el extranjero y distribuidas por Panamá, han sido detectadas en inventarios con registros formales en el país, pero usadas como mampara para ingresar volúmenes mayores de cigarrillos sin pagar impuestos.
Decomisos recientes
La Policía de Control Fiscal (PCF) registra decomisos importantes durante el último año y medio. Uno de los más recientes ocurrió en octubre pasado, cuando fueron detenidas tres personas de origen chino a quienes investigan en la causa 26-000343-0382-PE.
La PCF allanó una bodega en San Joaquín de Flores, Heredia, y encontró una “estructura organizada por parte de orientales” y en donde decomisaron “productos alimenticios y de uso personal”, explicó Katherine Tenorio, directora de ese cuerpo policial. Entre los productos hallados había cigarros.
Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda, agregó que, en este caso, los artículos tenían como destino “distintos locales comerciales y que, fruto de denuncias ciudadanas, lograron abordar una unidad de transporte que iba a distribuir esos productos”.
El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José impuso 4 meses de prisión preventiva a dos hombres de apellido Wu y medidas cautelares a una mujer apellidada Huang, quienes fueron detenidos tras la acción policial.
En julio pasado, la Fiscalía de Alajuela y la PCF decomisaron 28.261.000 de cigarrillos con predominio de las marcas Gold City e indicios de Fisher y Fox. El cargamento de aparente contrabando estaba en un complejo de bodegas en San Rafael de Alajuela, mercancía que presuntamente sería de una organización criminal liderada por un sujeto de apellido González, alias Choco.
Según la PCF, en 2024 se decomisaron 17.796.106 cigarrillos y 1.368.091 unidades de bebidas alcohólicas. En 2025, la cifra de cigarrillos subió a 29.483.146 y la de licores fue de 937.483 unidades. En artículos que violentaron la propiedad intelectual, se incautaron 187.171 unidades en 2024 y 128.033 en 2025, sobre todo calzado y textiles.
La PCF ejecuta los decomisos en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y ubica en la frontera norte la principal vía de ingreso de productos que violan derechos de propiedad intelectual.
Reformas legales
Para Ricardo Carvajal, la lucha contra el contrabando forma parte de la estrategia para “debilitar todos los negocios del crimen organizado”. Además, afecta los ingresos tributarios que financian servicios como salud y educación.
En la Asamblea Legislativa se tramitan proyectos para reformar la Ley General de Aduanas y simplificar los tributos aplicables al tabaco. La empresa privada y las fuerzas policiales también mantienen capacitaciones conjuntas para mejorar la identificación e inspección de mercancías ilícitas en los puestos de control.
