La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) pidió a la presidenta Laura Fernández más presupuesto en lugar de medallas, luego de que la mandataria anunciara un reconocimiento al mérito para los agentes que participaron en la captura de los presuntos narcotraficantes Diablo y Tan.
El sindicato agradeció la intención de la condecoración, pero insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones de trabajo de los investigadores.
La organización solicitó más plazas, armas, vehículos, tecnología y equipos para enfrentar a las estructuras criminales. También, advirtió sobre las consecuencias de las restricciones presupuestarias para el funcionamiento del OIJ.
Según ANIC, la institución cuenta con más de 3.600 funcionarios, pero sufre dificultades presupuestarias que limitan su capacidad de respuesta.
Recortes al Poder Judicial generan preocupación por investigaciones criminales
El reclamo de los investigadores ocurre en medio de la discusión del Presupuesto Nacional para 2027, que contempla una reducción de ¢10.542 millones para el Poder Judicial respecto al presupuesto de 2026.
A esa disminución se suman ¢29.843,8 millones sujetos a restricciones de ejecución presupuestaria. Estas disposiciones establecen requisitos adicionales para que la institución pueda utilizar los recursos.
En total, las medidas afectan el acceso a más de ¢40.000 millones, entre la reducción presupuestaria y los fondos condicionados.
El Poder Judicial advirtió, mediante un comunicado del 16 de octubre, de que las restricciones podrían afectar las investigaciones criminales del OIJ, las pericias y la adquisición de equipos e insumos.
La institución también alertó sobre posibles consecuencias para la protección de víctimas y personas amenazadas, así como para la rapidez de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de presupuesto para 2027 el martes 20 de octubre.
Contraloría advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó, el 7 de octubre, cinco normas de ejecución presupuestaria por posibles problemas de constitucionalidad, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Entre las disposiciones señaladas figuran las restricciones para utilizar plazas vacantes y la imposición de requisitos adicionales para ejecutar fondos previamente aprobados.
Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República, recordó durante una audiencia legislativa que la Sala Constitucional emitió resoluciones sobre disposiciones similares. La Contraloría considera necesario respetar esos precedentes.
Sindicato también reclama respeto y mejores condiciones laborales
Además de solicitar recursos, la ANIC pidió respeto para los investigadores judiciales y cuestionó las generalizaciones y los señalamientos contra funcionarios dedicados a combatir la delincuencia.
La organización también solicitó atención al desgaste físico y emocional de los agentes, mejores condiciones laborales y el respaldo a una jubilación acorde con los riesgos de la profesión.
En su pronunciamiento, el sindicato afirmó que su trabajo no responde a intereses partidarios y reiteró su compromiso con la seguridad de la población costarricense.
Los representantes de los investigadores insistieron en que el reconocimiento a los agentes debe traducirse en respaldo institucional, principalmente mediante los recursos necesarios para realizar investigaciones y enfrentar al crimen organizado.
Comisión legislativa también abrió investigación por operativo Némesis
El reclamo de los investigadores judiciales también ocurre después de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó, el 13 de agosto, una moción para investigar la actuación del OIJ durante el operativo Némesis.
La iniciativa recibió apoyo unánime y busca examinar la planificación y ejecución de la intervención policial, así como sus mecanismos de control, fiscalización, funcionamiento, eficiencia y procedimientos estratégicos y tácticos.
Como parte de la investigación, los diputados acordaron convocar a audiencia a Michael Soto, subdirector del OIJ; al jefe del equipo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) que participó en la intervención y a los responsables de vigilancia y seguimiento presentes durante el operativo.
La operación Némesis terminó con la captura de un sospechoso conocido como Diablo y de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan. Otro sospechoso, de apellido Ríos Oconitrillo, conocido como Coco Guácimo, murió durante el enfrentamiento con los agentes tácticos.
