Un informe elaborado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dice que el presidente de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), Parris Quesada Madrigal, habría instalado en su casa un servicio televisión por cable e Internet cargando el costo a las cuentas de Asosejud.
De acuerdo con el documento del OIJ, Quesada habría gestionado el contrato con la empresa Telecable por un monto mensual de $148,56 (aproximadamente ¢70.000) y, aunque el cobro se hizo a las cuentas de la Asociación, los servicios habrían sido instalados en una dirección que coincide con el domicilio del jerarca en San Sebastián, según consta en la información suministrada por la empresa proveedora.
Así lo detalló el juez que el 15 de octubre suspendió de sus cargos en la asociación, por un año, a 10 miembros de la Junta Directiva, entre ellos Quesada, mientras se les investiga por presunta administración fraudulenta. Este diario tuvo acceso al documento.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes indaga aparentes irregularidades en el otorgamiento de créditos, entre ellas tasas de interés más bajas en préstamos y créditos concedidos sin las garantías exigidas, o bien, fuera del marco normativo de Asosejud.
También se investiga la concentración de créditos en integrantes de la propia Junta Directiva y el incremento de las operaciones crediticias en períodos breves.
El 11 de setiembre, casi un mes antes de que se dictara la resolución de medidas cautelares, Quesada Madrigal se opuso a la solicitud del Ministerio Público de suspenderlo del cargo. El presidente sostuvo que los hechos se basan en una denuncia falsa y aseveró que la Fiscalía no logra demostrar la necesidad estricta de la medida cautelar, pues a su juicio, no hay “ni por asomo” indicios de un delito de administración fraudulenta.
La Nación solicitó este domingo al presidente de la organización gremial una reacción sobre este contenido del informe del OIJ.
En declaraciones anteriores a este diario, el presidente anunció que apelará el fallo que lo separa del cargo.
“Realmente estamos todos los miembros de la Junta Directiva sorprendidos con esta información, con esta notificación que nos ha llegado. Definitivamente no está ajustada a derecho. La vamos a apelar. No tiene firmeza, gracias a Dios, porque, si no, estaríamos haciendo un daño irreversible, de imposible reparación, a todos los asociados”, recalcó.
Quesada defendió que la Asociación se encuentra “sólida financieramente, con excedentes y con un capital que sobrepasa cualquier entendimiento de una actividad comercial en el solidarismo”.
El presidente, además, calificó de “persecución” las acciones contra la Junta Directiva de Asosejud. “Tenemos todo a derecho, bien hecho. Pronto se sabrá quienes están detrás de esta persecución. Sabrán que estamos aquí firmes y decididos a defender ese patrimonio, que es de todos los asociados”, justificó.
Supuestas irregularidades en obtención de créditos
Un informe identificado como 601-DEF-26, elaborado por la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalla una serie de aparentes inconsistencias en las operaciones crediticias del presidente.
El documento señala que Quesada es el único imputado cuyo historial de créditos no aparece en el registro generado por la Asociación.
“Acredita que no estamos ante una deficiencia generalizada de dicho sistema, sino una diferencia específica para quien ejerce la presidencia de la Asociación, que dificulta la trazabilidad de sus operaciones, lo que refleja un ejercicio abusivo de su posición de poder y dirección en la entidad”, dice el documento.
De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, la ausencia de los datos en los registros digitales adquirió mayor relevancia tras los allanamientos ejecutados el 1.° de setiembre del 2026 en la asociación.
Durante esa diligencia se localizaron 31 pagarés que, en apariencia, estaban a nombre de Quesada. Según el informe del OIJ, esto demostraría “la existencia de múltiples operaciones crediticias que no encuentran una correspondencia íntegra en el histórico generado por los sistemas de Asosejud (...) demostrando un tratamiento diferenciado a su favor en razón de su cargo y en perjuicio de la asociación”.
“Refleja que el presidente de la Asosejud ha utilizado su cargo en su beneficio, para no estar sometido al mismo rigor de trazabilidad que el resto de asociados e incluso miembros de la Junta Directiva”, agrega el documento.
La resolución de medidas cautelares señala que el presidente se habría aprovechado de su puesto para obtener giros de dinero a su nombre mediante operaciones de crédito.
De los datos que se lograron recuperar, en apariencia se identificaron cinco créditos activos por un total de ¢189.618.036,90. De ellos, tres tendrían una tasa de interés del 4% y un plazo de 300 meses, superior al límite permitido por el reglamento. Los otros dos tendrían tasas del 7% y el 8%, respectivamente. La resolución destaca que se habrían otorgado “con tasas de interés sumamente bajas en su beneficio”.
Además, según el informe 601-DEF-26, se determinó la existencia de pagarés con el mismo número identificador, pero con montos y fechas de suscripción diferentes.
Por ejemplo, uno de los pagarés consignados en el documento de devolución corresponde a una obligación suscrita el 4 de mayo del 2017, por ¢82.497.542,75. Sin embargo, se localizó otro pagaré con el mismo número, que no aparece consignado en ese documento, fechado el 2 de julio del 2018, por ¢80.598.842,86.
“Bajo un mismo número de pagaré aparecen documentadas dos obligaciones distintas, por montos diferentes y formalizadas en fechas diferentes, mientras que únicamente una de ellas habría quedado reflejada en el respectivo documento de devolución”, señala el OIJ.
La Policía Judicial advierte que la documentación no permite reconstruir de manera ordinaria, transparente y lineal la totalidad de la relación crediticia entre Asosejud y su propio presidente.
Los hallazgos, según el informe, permitirían sostener “con grado de probabilidad, que el imputado estaría utilizando los recursos de la asociación, de forma abusiva e indebida, valiéndose de su condición de presidente, para un beneficio económico personal”.