A mediados de este año, Hanssel Vásquez Ruiz recurrió a camiones de basura para mudarse de casa sin levantar sospechas. El periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica, buscaba evitar que quienes lo vigilaban descubrieran dónde viviría después.
“Hice todo lo posible para que no me volvieran a ubicar; desafortunadamente, sí me volvieron a encontrar”, lamentó.
El periodista sospecha que una breve salida para un trámite migratorio relacionado con su refugio provocó que alguien lo identificara y lo siguiera hasta su nueva casa. El lunes 21 de setiembre, varios sujetos armados y con pasamontañas llegaron al portón de la vivienda e intentaron forzar la entrada. Después de desistir, recorrieron los alrededores de la casa y huyeron.
El episodio se suma a una serie de amenazas, seguimientos e intimidaciones que, según denuncia, enfrentan periodistas de Darío Medios Internacional, un medio nicaragüense crítico del régimen Ortega-Murillo que opera desde el exilio. “Estamos preocupados, muy preocupados porque no estamos bien, estamos bajo una condición compleja”, afirmó a este diario.
Hanssel es expreso político y uno de los periodistas que recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 20 de setiembre.
La resolución también incluye al director y dueño del medio, Aníbal Toruño Jirón y su familia, y a la periodista Tania López Rodríguez. Además, menciona a Miurel Cuarezma, quien fue presentadora, aunque no la incluye directamente entre las personas protegidas porque hace tres meses abandonó Costa Rica para resguardar su vida y la de su hija, de 7 años.
La Comisión señaló que los periodistas “enfrentarían una situación de riesgo derivada de una alerta de seguridad sobre sus vidas, así como de amenazas y otros actos de violencia relacionados con la represión transnacional atribuida al gobierno actual de Nicaragua”.
“Si está pasando esto porque hay una red y hay un sistema de espionaje, eso es lo más grave”, afirmó Hanssel a este diario.
Este periodista comunicó a la Comisión que, desde febrero de este año, fue víctima de distintos episodios de intimidación. Entre ellos, mencionó un enfrentamiento con un hombre que lo increpó en un local de comida rápida cerca de Guadalupe, que han tomado fotos de su vivienda y su vehículo, lo llaman en las madrugadas y le dañaron su carro con un objeto metálico.
Alerta del OIJ
La preocupación por la seguridad de los comunicadores también quedó reflejada el 23 de abril de este año, cuando Aníbal, Hanssel y Miurel fueron citados de urgencia por funcionarios de la Sección de Homicidios y Criminalística del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según recoge la CIDH, la Policía Judicial entonces les informó sobre la “existencia de una alerta roja de seguridad”.
Las autoridades les comunicaron que “el riesgo identificado en su contra estaba de alguna manera vinculado con los mismos motivos políticos” relacionados con el asesinato del disidente Roberto Samcam, en junio del 2025. También les advirtieron que existían “claros indicios de que conocían bien sus rutinas”.
Además, les informaron sobre la circulación de una lista que “contiene el nombre de 15 personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica que constituyen objetivos de la dictadura nicaragüense a eliminar, en la cual, estaban sus nombres”.
Aunque Tania López no figuraba en esa lista, las autoridades le indicaron que “su vinculación con el medio extendía el riesgo” también hacia ella. Esta periodista afirma que la han interceptado en sitios públicos con amenazas verbales y también han fotografiado su casa.
Ubican la escuela de la niña
Por otro lado, la presentadora Miurel Cuarezma cuenta que los mensajes intimidatorios no cesan e incluyen amenazas directas de muerte. “Una de las amenazas era de que amanecería en bolsa negra de basura. Que le iban a descargar todos los tiros a mi hija”, recordó.
En agosto del 2025, dice, comenzaron los seguimientos.
Miurel asegura que sujetos desconocidos localizaron la escuela de su hija y vigilaban las inmediaciones del centro educativo en motocicletas. La amenaza también llegó a ser explícita: “Tenemos ubicada a la hija de tu periodista. No hay quien la salve”, afirma que le dijeron los sujetos al director del medio.
Ante esa situación, en diciembre del 2025 la presentadora decidió cambiarse de casa. No obstante, la represión continuó.
El 29 de abril de este año, Miurel, su compañero Hanssel y su hija fueron víctimas de una amenaza armada que se encuentra bajo investigación. Según la resolución de la Comisión y el testimonio de la periodista, un gatillero los siguió durante varias cuadras mientras viajaban en un vehículo y les apuntó con un arma de fuego, pero no disparó.
“Vi la muerte muy de cerca esa noche y fue muy traumante pensar que nos iban a matar a los tres”, recordó la periodista.
Al igual que sus colegas, Miurel afirma que sujetos en motocicleta vigilaban su vivienda y en algunas ocasiones, incluso, llegaron sujetos afirmando que tenían supuestos pedidos de Uber Eats que ella nunca solicitó.
El director denuncia vigilancias
Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, también denunció ser víctima de vigilancias. Según relató, varios sujetos en motocicleta observaban el residencial y hasta utilizaban binoculares.
Ante el riesgo para su familia, decidió abandonar temporalmente el país en las últimas semanas. “Evidentemente me di cuenta que me tenían ubicado y era cuestión de tiempo para que me pudieran asesinar”, afirmó.
“He batallado 1.000 circunstancias. Yo nunca jamás imaginé que llegaría a Costa Rica y que iba a vivir la persecución, la vigilancia, las amenazas, la posibilidad de ser asesinado”, agregó.
Estado se defiende
En la resolución del 20 de setiembre, la CIDH dio a Costa Rica 15 días para evaluar individualmente los riesgos y definir las medidas de protección adecuadas para cada persona.
Sin embargo, según indicaron los afectados, al 13 de octubre nadie los había contactado.
Ante la CIDH, Costa Rica defendió su actuación y aseguró que ha procedido de forma diligente. Además, señaló que cuenta con mecanismos institucionales para proteger a personas en riesgo, como programas de atención a víctimas y testigos y recursos migratorios. El Estado también cuestionó que los periodistas rechazaran acogerse a las medidas disponibles.
En entrevista con este diario, Toruño explicó que los programas costarricenses para proteger a personas en riesgo imponen condiciones que, a su juicio, dificultan que puedan continuar trabajando.
“Tienen condiciones que son extremas y que básicamente me abstraen y me quitan la posibilidad de poder hacer periodismo y poder seguir hablando como he hablado toda la vida”, afirmó. Sus compañeros comparten la preocupación.
Toruño considera que Costa Rica debería fortalecer los mecanismos de protección mediante un programa más integral y propuso explorar alianzas con otras naciones latinoamericanas para facilitar la reubicación temporal. A su criterio, quienes huyen de la dictadura, no deberían verse obligados a escoger entre su seguridad y el ejercicio de su profesión.