El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, lamentó que una red sospechosa de lavar ¢3.000 millones del narcotráfico recuperará parte de los bienes incautados porque “el Estado costarricense no tiene capacidad para darles mantenimiento”.
Se trata del grupo desmantelado, el pasado martes, en el marco de la investigación denominada Caso Venus. Sin embargo, el jefe policial explicó que esta situación es parte de un patrón que se repite en numerosos casos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales.
“Es una lucha frontal contra el narcotráfico. Se deben quitar absolutamente todos los bienes de una actividad criminal a los delincuentes mientras llega la sentencia, sean motocicletas, carros (no solo los de alta gama), edificaciones, negocios. En prácticamente todos los casos anteriores que hemos tenido de narcotráfico, ante la imposibilidad de darles cuido o mantenimiento a esos bienes, se les devuelve a los dueños casi que de inmediato”, afirmó Zúñiga.
Estructura criminal con fachada ganadera
Con motivo del Caso Venus, el OIJ efectuó 20 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. Las autoridades judiciales revelaron que el grupo, al parecer, usaba una subasta ganadera en Pijije de Bagaces como fachada para legitimar fondos ilícitos. La red movía miles de millones de colones mediante esta actividad y otras empresas registradas con al menos 20 sociedades jurídicas.
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Uno de los principales sospechosos es un ciudadano guatemalteco de apellidos Melgar Sandoval, quien había cumplido una pena por intentar pasar los controles del aeropuerto Juan Santamaría con óvulos de droga dentro de su cuerpo.
Melgar se acogió a un proceso abreviado y cumplió una pena de prisión. Sin embargo, cuando salió de la cárcel, las autoridades observaron una repentina mejora en su nivel económico sin respaldo de ingresos legales.
En el año 2024, la Policía Judicial vinculó a Melgar con dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez, quienes figuran como dueños de diversos negocios. También, se investigó a otros sospechosos de apellidos Oses (44 años), Mora (34), Campos (38), Fernández (50), Ibarra y una mujer de apellido Mora (35 años).
Todos fueron detenidos el martes, con excepción de Melgar, quien se encuentra en fuga.
En total, durante los allanamientos se decomisaron:
- ¢22,2 millones en efectivo.
- $211.824 en efectivo.
- 2,5 kilos de cocaína.
- 1.074 kilos de marihuana.
- 4 armas de fuego.
- 8 computadoras, 19 celulares y otros dispositivos.
- 132 joyas.
- 55 cabezas de ganado.
- 13 vehículos de alta gama.
Bienes decomisados regresan a sospechosos
A pesar de los hallazgos, Zúñiga confirmó que parte de los bienes fueron devueltos a los investigados, debido a que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) no los considera de “interés económico”.
Indicó que, aunque se encontraron 13 vehículos de alta gama, el ICD solo recibió ocho.
“Se va a tener que devolver los otros cinco vehículos a los dueños de forma provisional hasta que el asunto llegue a juicio. También, se anotaron varias propiedades, entre ellas una subasta ganadera. Generalmente, cuando se trata de motocicletas o vehículos de baja gama no son recibidos por parte del ICD, ya que no son de interés económico”, dijo a este diario.
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Esta devolución implica que los sospechosos podrían seguir utilizando o lucrando con bienes que ya han sido señalados dentro de una investigación criminal.
“Si se decomisa un hotel o una venta de repuestos a un grupo narco y el Estado no toma posesión temporal de esos negocios, los delincuentes seguirán recibiendo entradas por lucrar con esos bienes que ya están cuestionados por ser parte de una organización criminal.
“Lo mismo sucede con las casas de habitación. Al no poder dar mantenimiento a estos bienes, se les devuelven a los delincuentes provisionalmente hasta que exista sentencia en firme, o sea, la familia del delincuente sigue viviendo allí”, explicó.
ICD manifestó desacuerdo
Tras las declaraciones del jefe del OIJ, Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), manifestó su desacuerdo.
Ramírez aseguró que la Unidad de Recuperación de Activos de dicha institución “nunca recibió ningún bien inmueble por parte del Ministerio Público para el análisis del interés económico”, en relación con el Caso Venus.
Según indicó, la información recibida antes de los allanamientos correspondía únicamente a bienes muebles, tales como vehículos localizados en tiendas, y la posible presencia de ganado.
“Categóricamente rechazamos la manifestación dada por el director general del OIJ en cuanto a que el Estado no está recibiendo en depósito estos bienes porque no tiene la capacidad para ello”, expresó Ramírez.
Añadió que, de los bienes remitidos por la Policía Judicial bajo dirección del Ministerio Público, solo se analizaron vehículos automotores y ganado.
Finalmente, fueron recibidos en depósito ocho automotores y 55 cabezas de ganado, en su mayoría novillas y terneros, por considerarse de interés económico.
Según una publicación hecha por La Nación, en agosto del año pasado, el mantenimiento de propiedades, fincas, un hotel, vehículos, lanchas y otros bienes le cuesta al ICD ¢1.000 millones al año.
Para financiar su cuido, se utiliza un 10% de los bienes confiscados por las autoridades judiciales y un 20% de los rendimientos generados por inversiones realizadas con dichos fondos.
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El limbo de los bienes incautados
Zúñiga señaló que este problema de la falta de recursos ha impedido al Estado adjudicarse de manera definitiva propiedades como la casa de Alejandro Jiménez, alias Palidejo, la cual fue incautada desde el año 2011. Consideró que muchos de estos bienes podrían ser aprovechados por instituciones públicas o asociaciones de bien social.
“Aún se tiene la casa del Palidejo sin poder adjudicar. Esos bienes mejor se los dan a instituciones del Gobierno o que se les dé a asociaciones de bien social, como puede ser las Obras del Espíritu Santo u otra organización comunal, para que les den un uso racional”, manifestó el jerarca del OIJ.
‘Si no hay capacidad de administrar, la ley no sirve’
Consultado sobre la urgencia de una ley de extinción de dominio, el director del OIJ fue enfático:
“Sí es urgente, pero si se va a tener este mismo problema de que no se tiene capacidad de administrar estos bienes, pues la ley tampoco sería eficaz. Hasta oportunidades de fuente de empleo podría permitir la administración de estos bienes, si son manejados adecuadamente”.
Aunque Costa Rica ya cuenta con marcos legales para regular este tema, el director del OIJ consideró que no se están aplicando de forma efectiva, lo cual debilita la capacidad del Estado para golpear económicamente a las estructuras criminales. “Ya existe, pero no se cumple”, mencionó.
