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La acusación penal del Caso Altamar señala a un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas como supuesto integrante de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y describe varios mecanismos mediante los cuales, presuntamente, habría colaborado con el grupo.
Se trata de un hombre de apellidos Umaña Gómez, de 39 años, a quien el Ministerio Público atribuye, según el documento de acusación, del cual La Nación tiene copia, funciones relacionadas con la entrega de información sobre movimientos policiales y la coordinación de acciones para favorecer el trasiego de drogas.
Uno de los elementos que la investigación utiliza para vincularlo con la estructura es la compra de un teléfono celular por parte de otra de las imputadas, de apellidos Villegas Álvarez, quien, según la acusación, habría adquirido el aparato para entregárselo a un oficial de Guardacostas al que el supuesto líder de la organización, el pastor colombiano Luis David Cortés Franco, identificaba como el “man del escudo”.
La compra habría ocurrido el 18 de agosto del 2021 en un almacén en Golfito. Según la documentación incorporada a la investigación, Villegas adquirió a crédito un teléfono Samsung por ¢79.557,53 y, antes de entregarlo, instaló WhatsApp, Telegram y Signal para facilitar la comunicación con Cortés.
La acusación sostiene que una serie de comunicaciones posteriores permitieron relacionar ese teléfono con Umaña.
En una conversación del 13 de enero del 2022, Cortés y Villegas hablaron sobre el pago del teléfono del guardacostas. El documento señala que esa conversación, junto con otras comunicaciones, constituye un indicio de que el aparato comprado para un “man del escudo” habría sido entregado al oficial.
La investigación determinó que para ese periodo solo un funcionario con el mismo nombre del sospechoso laboraba en la Estación de Guardacostas de Golfito. Así fue identificado Umaña Gómez, quien era funcionario del Ministerio de Seguridad Pública desde el 31 de julio del 2011. Al momento de los hechos, era oficial activo, pero tras ser detenido fue separado del cargo.
Información sobre movimientos policiales
La acusación sostiene que Umaña habría utilizado su posición como oficial de Guardacostas para suministrar a Cortés información sobre los movimientos de las embarcaciones policiales costarricenses y estadounidenses.
El documento también señala que un número telefónico utilizado posteriormente por Cortés había sido utilizado inicialmente por Umaña para transmitir información relacionada con las salidas, ingresos y recorridos de otros funcionarios de Guardacostas.
El supuesto pago de ¢100.000
Otro de los hechos descritos en la acusación corresponde a un supuesto pago en efectivo de ¢100.000 a Umaña.
Según el documento, una mujer costarricense apellidada Beita Chacón, esposa de Cortés, bajo las órdenes del pastor y como parte de las funciones que la organización habría distribuido entre sus integrantes, habría entregado ese dinero al oficial.
La acusación sostiene que el pago habría estado relacionado con la función que Umaña presuntamente cumplía dentro de la organización: mantenerla informada sobre los movimientos del Servicio Nacional de Guardacostas.
Presunta coordinación de un cargamento
La acusación también atribuye a Umaña una presunta participación en las coordinaciones para recibir un cargamento de droga proveniente de Colombia.
Entre el 6 y el 19 de diciembre del 2022, según el Ministerio Público, Umaña, Cortés, Villegas y otro hombre de apellidos Rivera Villegas habrían coordinado por teléfono el transporte y recepción de 1.625 kilogramos de marihuana y cinco kilogramos de cocaína hasta la costa del Pacífico costarricense.
El documento sostiene que Umaña habría mantenido comunicación telefónica con Rivera y reuniones presenciales con Cortés para informarlo sobre movimientos y alertas policiales de Guardacostas y coordinar la recepción del cargamento.
Sin embargo, el 19 de diciembre, el Servicio Aeronaval de Panamá interceptó una embarcación tipo go fast en aguas del Pacífico. Posteriormente, la embarcación, sus tres tripulantes y el cargamento fueron entregados al Servicio Nacional de Guardacostas, que localizó la droga.
En agosto del 2024, el Tribunal Penal de Golfito dictó una sentencia de ocho años de cárcel contra los tres hombres, de apellidos Dunkan Hodgson, de 60 años; Mejía Romero, de 26; y Manzanares Marcelino, de 32, que navegaban aquel día con el cargamento.
En la actualidad, además de Umaña y Cortés, otras 13 personas están en juicio en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José. El debate se inició en abril y está previsto que se extienda hasta diciembre.
