Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, y otros tres imputados en el caso Pista Oscura, por supuestas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, no enfrentarían prisión preventiva como medida cautelar en la investigación que lleva el Ministerio Público.
Esa institución solicitó medidas distintas a la prisión preventiva para los imputados detenidos desde el martes, según confirmó este jueves el abogado José Francisco Madrigal, defensor del cuarto investigado, Alejandro Picado, actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El Ministerio Público propuso otras medidas cautelares el miércoles, cuando, poco antes de la medianoche, los cuatro imputados fueron puestos en libertad tras permanecer más de un día y medio en audiencia preliminar, realizada en el Segundo Circuito Judicial de San José.
La audiencia continuaría este jueves para definir si prosperan las solicitudes de medidas cautelares contra Batalla Otárola, Picado Eduarte, Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de esa comisión.
Entre las medidas planteadas por el Ministerio Público figuran el impedimento de salida del país, la prohibición de acercarse a testigos relacionados con la investigación y, en algunos casos, la suspensión de sus funciones laborales mientras dure el proceso (no trascendió para quiénes se habría pedido esa última medida).
A los imputados se les investiga por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
A su salida del Segundo Circuito Judicial, Batalla atendió a la prensa y manifestó sentirse “muy contento, muy fortalecido y muy tranquilo”.
“Gracias a Dios, todo salió bien. Muy contento, gracias al apoyo de mi familia y de todas las personas. Muy tranquilo. Nos ponemos a disposición del Ministerio Público. Hemos demostrado, creo, en las primeras etapas, que no tenemos ningún ligamen con tintes de ilegalidad”, declaró según su versión de cómo avanzó la primera parte de la audiencia indagatoria.
Los hechos que se les atribuyen habrían ocurrido a partir de 2023.
Al parecer, uno de los sospechosos solicitó al Poder Ejecutivo ampliar el área de cobertura de un decreto de emergencia por dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie, con el fin de facilitar procesos de contratación en el aeropuerto.