Damaris Vargas, actual presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala Primera, anunció este lunes su candidatura para presidir el Poder Judicial.
Según explicó a La Nación, decidió postularse porque considera que desde la presidencia de la Corte podría tener un mayor impacto en la construcción de puentes entre los sectores internos del Poder Judicial, el Gobierno de Laura Fernández y la ciudadanía.
Vargas fue la última magistrada en presentar su candidatura. En la elección también participarán tres integrantes de la Sala Tercera: Patricia Solano, actual presidenta de esa sala; Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro.
El plazo para presentar candidaturas venció este lunes 12 de octubre, mientras que la votación está prevista para comenzar el próximo 26 de octubre.
Damaris Vargas apuesta por el diálogo con el Gobierno
Consultada por La Nación sobre las tensiones en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, Vargas reconoció que el país atraviesa un “tiempo difícil”. Sin embargo, manifestó su optimismo sobre la posibilidad de mejorar esa relación mediante el diálogo y la búsqueda de consensos.
“La ciudadanía necesita que el Estado funcione correctamente y el Estado somos los tres poderes. Así que es urgente que nosotros nos comuniquemos, que formemos consensos en algunos temas, en la medida de lo posible, respetando la separación de poderes, respetando las diferentes competencias, pero sí con un diálogo continuo en relación con ellos”, indicó.
La magistrada aseguró que respeta las competencias del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pero enfatizó que el Poder Judicial debe mantener la defensa de su independencia y de los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
En ese sentido, afirmó que la institución que administra la justicia en el país “seguirá haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es defender nuestro presupuesto, defender nuestras competencias, defender la independencia judicial”.
Vargas sostuvo que esa debe ser la línea de trabajo de quien asuma la presidencia de la Corte. No obstante, consideró necesario impulsar otras iniciativas para responder a las necesidades de la ciudadanía, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y la reducción de la mora judicial.
Experiencia y trabajo interno en la Corte
Vargas cuenta con 33 años de trayectoria en el Poder Judicial como jueza. Según explicó, sus cuatro años como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia le permitieron fortalecer su experiencia en el trabajo en equipo y la coordinación institucional.
La magistrada señaló que la presidencia de la Corte no debe entenderse como un cargo desde el cual una sola persona toma las decisiones, sino como una función que requiere coordinación entre los magistrados.
“Hay que tener un diálogo, una comunicación asertiva a lo interno de Corte para que vayamos ojalá en la misma línea en la medida de lo posible y creo que esto es fundamental, es indispensable”, indicó.
Preocupación por el presupuesto de 2027
Otra de las preocupaciones expresadas por Vargas es el presupuesto del Poder Judicial para 2027, particularmente por las normas de ejecución presupuestaria que podrían limitar el uso de los recursos asignados a la institución.
El proyecto de Presupuesto Nacional, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre, contempla ₡530.973,2 millones para el Poder Judicial.
Sin embargo, ₡29.843,8 millones de ese monto están sujetos al cumplimiento de requisitos establecidos en cuatro normas de ejecución presupuestaria.
Entre esos requisitos figuran auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la aprobación de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público. También se requiere el aval del Plenario Legislativo y una autorización final del Ministerio de Hacienda para liberar los recursos.
La etapa legislativa podría tardar hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo necesario para completar los trámites previos.
En setiembre, la Corte Plena acordó encomendar a la pncia del Poder Judicial la gestión de acciones ante las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para defender el presupuesto de la institución frente a esas restricciones.
Las limitaciones se suman a los recortes presupuestarios planteados por Hacienda para el Poder Judicial. Para 2027, la reducción propuesta sería de ₡10.000 millones.
Ante ese escenario, la magistrada advirtió que eventuales disminuciones presupuestarias dificultarían la atención de las necesidades de seguridad de la ciudadanía, la lucha contra el crimen organizado y los esfuerzos para agilizar los procesos judiciales.
“Hay que agregarle el escaso presupuesto con el que nosotros hemos venido trabajando (durante 2026) de la mejor manera posible, pero esa inyección presupuestaria es necesaria, y el problema con esas normas de ejecución presupuestaria es que nos limitaría la ejecución del presupuesto que nos den, porque es un poquito burocrático lo que se está planteando en relación con el Poder Judicial”, señaló.