“A veces, si necesitábamos algo para reparar las lanchas, nos prestaban dinero y no nos cobraban intereses; incluso en algunas ocasiones, por así decirlo, si les iba bien, nos decían que era un regalo”.
El agradecimiento con el que se expresó un operador turístico de Cahuita sobre Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, refleja el vínculo que logró construir con la comunidad el cabecilla criminal, cuya organización fue desarticulada el 23 de junio tras los allanamientos del Caso Riverside.
El nombre de la causa, según explicó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se debe a que la estructura de López Vega, extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo, ejercía la actividad de narcotráfico a la orilla de un río y también en el atracadero ubicado en el centro de Cahuita.
En ese último punto, La Nación conversó con el dueño de una lancha turística, cuya identidad pidió mantener en reserva por temor a represalias. Sentado sobre la arena que tantas veces pisaron los presuntos cómplices de Pecho de Rata cuando descargaban sacos con cocaína, el comerciante recordó que otros pobladores también se beneficiaron de las “buenas obras” de la red delictiva.
El vecino puso como ejemplo que a varias familias les hicieron casas y que también “les daban donaciones de alimento” porque, según dijo, “aquí hay lugares muy marginados, ahí no entra nadie nunca, ningún diputado ha llegado a preguntarles cómo les ayudan, solo vienen al centro a pedir votos y se van”.
Este medio conversó con varios pobladores que prefirieron no figurar en esta publicación porque, como dijeron, “ya nada va a cambiar lo que pasó”. Eso sí, coincidieron con otros coterráneos en que la vida continúa en ese pueblo del Caribe sur, bañado por un mar turquesa que, en verano, es más calmo que agua empozada.
Estimaciones informales apuntan a que, de los negocios que impulsó alias Pecho de Rata y su organización criminal (entre ellos cinco de sus hijos), al menos 300 personas de la comunidad se beneficiaban de un trabajo. Eso incluye hoteles, restaurantes, equipo de maquinaria y otros negocios más pequeños, como chinamos y una heladería.
Pero, tras la captura y extradición de López Vega y la desarticulación de su banda, ese microsistema económico dejó en el aire a muchos de esos dependientes. De ese tema nadie se atreve a hablar, aunque todos tienen claro el impacto que provocaron las acciones de las autoridades judiciales.
Valeria Rose, integrante de la Asociación de Desarrollo y presidenta de la Cámara de Comercio de Cahuita, califica a esa comunidad, que depende casi en un 100% del turismo, como “sumamente resiliente”, pues afirma que se han sobrepuesto a todo tipo de adversidades, “entre ellas una pandemia y ahora a todo lo que ha sucedido en el Caribe sur”, dijo en referencia a la operación policial más grande desarrollada por el Poder Judicial este año.
Menos turistas
La percepción de quienes viven del turismo varía según a quién se le consulte. Aunque algunos comerciantes aseguran que los allanamientos no alteraron su actividad cotidiana, otros describen una temporada baja que ha golpeado sus ingresos y los ha obligado a lidiar con negocios que operan por debajo de su capacidad.
Luis Ferguson, vecino y comerciante, además de hijo del histórico compositor de Calipso, Walter Ferguson, asegura que la desaceleración comenzó antes de las acciones judiciales contra la organización de Pecho de Rata.
“Este año ha sido difícil desde el principio. Se habla de que el turismo ha subido, pero nosotros hemos visto una merma aquí en el Caribe sur”, afirmó.
A su criterio, la caída se percibe tanto en la cantidad de visitantes como en el dinero que estos gastan durante su estadía. Ferguson estima –con base en su percepción– que la actividad en su entorno ha disminuido hasta un 60%. “Esta temporada alta que pasó no fue ni la sombra de lo que fue hace cuatro años”, manifestó.
El comerciante explicó que la mayoría de los establecimientos de la zona son pequeños negocios familiares, sin el respaldo financiero de grandes empresas para soportar periodos prolongados de bajas ventas.
“Somos microempresarios, pequeños negocios de restaurantes, hoteles y todos hemos tenido una baja bastante significativa; hay turismo, pero gasta muy poco y eso afecta mucho la economía”, señaló.
Las lluvias también figuran entre las principales preocupaciones de quienes trabajan con visitantes. Las malas condiciones del tiempo que imperaron con mayor impacto entre julio y setiembre limitaron los recorridos marítimos y las actividades al aire libre, precisamente dos de los atractivos que sostienen la oferta turística de Cahuita y sus alrededores.
El operador de lancha entrevistado por este medio calcula que sus ingresos están un 40% por debajo de los registrados hace tres años. Atribuye esa diferencia tanto a las condiciones meteorológicas como a las noticias sobre sucesos ocurridos en el Caribe sur.
El trabajador ofrece recorridos de buceo, esnórquel, pesca y caminatas en el Parque Nacional Cahuita. Según detalló, cuando las condiciones del mar impiden salir en lancha, procura sostener sus ingresos con las caminatas por tierra, aunque esa alternativa tampoco garantiza trabajo durante los días lluviosos. “Muy malo en realidad, apenas venimos arrancando”, resumió al describir el comportamiento de la actividad este año.
En la entrada del Parque Nacional estaba el guía turístico Alonso Agüero, quien reporta una baja en la visitación durante los últimos meses. “Setiembre y en general los últimos cuatro meses antes fueron bastante bajos en visitación; a veces acá en la entrada del Parque hemos estado 20 guías y entran apenas diez personas en todo el día”, relató.
La escasez de clientes ha llevado a algunos negocios a interrumpir temporalmente sus operaciones. Agüero dijo conocer restaurantes que cierran durante un mes o mes y medio porque no logran cubrir los costos de funcionamiento. Algunos hoteles enfrentan una situación similar.
El guía también señaló que las lluvias, las inundaciones y la competencia de otros destinos turísticos de la región inciden en el comportamiento de la demanda. “En mi caso tuve que cancelar tours a cataratas y actividades al aire libre que por las fuertes lluvias no se pudieron realizar”, contó.
Sin embargo, Agüero no atribuye la reducción de clientes a la desarticulación de la banda criminal. “Son mundos totalmente aparte, ni se mezclan uno con el otro; de hecho, ni relación tienen”, expresó al ser consultado sobre una eventual repercusión de las noticias sobre narcotráfico en la actividad turística.
Imagen golpeada
La reputación del pueblo es uno de los asuntos que más inquieta a los comerciantes. Varios de los entrevistados consideran que las noticias sobre hechos criminales contribuyen a presentar una imagen de inseguridad que, a su juicio, no representa la vida cotidiana de la mayoría de sus habitantes.
Ferguson sostiene que el problema antecede a los allanamientos del Caso Riverside. Según dijo, durante años se han atribuido a Cahuita sucesos ocurridos en otras localidades del Caribe sur. “De Cahuita siempre se ha hablado mal. Este pueblo ha llevado palo con noticias negativas y eso nos ha afectado, no por lo que ha pasado últimamente, sino por lo que ha venido sucediendo por años”, afirmó.
El comerciante recordó que, según su visión, asesinatos ocurridos en zonas como Bananito, Manzanillo o Sixaola han sido asociados en algunas publicaciones con Cahuita, lo que considera perjudicial para un destino que intenta atraer visitantes.
“He ido a otros lugares y lo que usted hace en Cahuita no lo hace en muchos otros lugares turísticos y; sin embargo, nos tienen como el patito feo, como un lugar inseguro y peligroso. Es cierto que ocurren cosas aquí, así como ocurren en cualquier lado”, manifestó.
Por eso, Ferguson hizo un llamado a las autoridades municipales y nacionales para que visiten la comunidad y conozcan sus condiciones más allá de las noticias sobre hechos delictivos. “Que vengan a comprobar que es uno de los pueblos más tranquilos de Costa Rica”, expresó.
También cuestionó la poca atención que, según él, reciben las actividades culturales y recreativas de la zona frente a la cobertura de los sucesos. “Cuando hacemos cosas bonitas como el parade o el festival del calipso, las autoridades y la prensa brillan por su ausencia, pero apenas oyen de un pequeño incidente aquí, abundan las noticias”, reclamó.
Valeria Rose coincide en que los señalamientos contra personas investigadas no deberían convertirse en una etiqueta para toda la población. “No podemos ser llamados una narcocomunidad, como se ha dicho en algunos medios, porque somos gente trabajadora, sencilla”, sostuvo.
La dirigente comunal afirmó que la cobertura de los hechos judiciales ha afectado la imagen del destino, aunque considera que para determinar si hubo una disminución de visitantes atribuible a esas noticias sería necesario contar con mediciones.
“Habría que medirlo estadísticamente; lo que no puede ser cuantificado no puede ser medido. Yo digo que estamos afectados más a nivel de imagen que a otra cosa” y agregó que los restaurantes y hoteles continúan operando y la comunidad mantiene sus esfuerzos por atraer visitantes mediante su gastronomía, su cultura y los atractivos naturales.
Dolor comunal
Más allá del efecto sobre las ventas, Rose dijo que las acciones policiales han tenido consecuencias emocionales para familias que conocen desde hace años a las personas detenidas. De los 54 imputados en la causa, 37 cumplen un año de prisión preventiva que vence el 23 de junio del 2027 y a 17 les impusieron medidas cautelares.
La dirigente comunal aclaró que no le corresponde determinar si los investigados cometieron los delitos que se les atribuyen, pero considera que la situación ha golpeado a la comunidad.
“Es el dolor de una comunidad entera que ve a miembros que antes andaban todo el tiempo en la calle y ahora están en una situación totalmente diferente”, manifestó.
Rose considera que la respuesta estatal no debería limitarse a las acciones policiales y judiciales. A su criterio, es necesario examinar las condiciones sociales y económicas que enfrentan los habitantes de las comunidades costeras.
Entre los problemas que mencionó la comerciante, figuran las dificultades para acceder a estudios superiores, la falta de oportunidades laborales y las limitaciones para obtener títulos de propiedad en algunas zonas, situación que, según explicó, impide a algunos propietarios utilizar sus terrenos como respaldo para solicitar créditos.
“¿Qué poder adquisitivo tienen las personas cuando las tierras en Cahuita y Puerto Viejo no pueden ser tituladas? Y, por ende, sus dueños no pueden adquirir préstamos para mejorar sus negocios, mandar a sus hijos a estudiar”, cuestionó.
Para Rose, esa situación debe formar parte de una discusión más amplia sobre las oportunidades para los jóvenes y la prevención de actividades ilícitas. “No se trata de hacer más cárceles, ¿por qué no atacamos esa problemática social y volvemos a darle a los jóvenes oportunidades?”, planteó.
La limonense también llamó la atención sobre los modelos de éxito que, según ella, se proyectan a los menores de edad mediante contenidos audiovisuales y redes sociales. “Se les está vendiendo a los jóvenes que las personas que viven de actividades ilícitas tienen las mujeres más hermosas, esas mujeres tienen los mejores cuerpos y tienen las mejores casas, los mejores carros”, dijo.
Apuesta por la zona
Mientras los comerciantes de mayor trayectoria comparan la actividad actual con temporadas anteriores, quienes llegaron recientemente a Cahuita tienen una perspectiva más limitada para evaluar el impacto de los operativos.
Ese es el caso de Maureen Brenes, quien llegó a la zona hace cuatro meses para invertir en Torre Cahuita, un proyecto de hospedaje. El emprendimiento, que consta de siete habitaciones, tiene una vista privilegiada hacia el mar y al Parque Nacional Cahuita.
“El lugar es muy lindo y muy tranquilo. Es una aventura nueva para mí”, dijo la empresaria quien alardeó de tener como visitantes a tortugas que llegan en busca de alimento a la orilla del mar, perezosos, iguanas, aves marinas y otras especies.
El arribo de Maureen coincidió con los allanamientos contra la organización de Pecho de Rata, situación que describió como impactante, aunque afirmó que no cambió su percepción del lugar.
“Cahuita es un pueblo muy bonito y muy tranquilo, no podría decir que ha cambiado algo después de eso. Yo siento que aquí hay mucha paz”, recalcó.
Brenes dijo que no puede establecer si las acciones policiales han tenido un efecto positivo o negativo sobre su negocio, debido al poco tiempo que lleva en la comunidad, pero sí identificó las lluvias como un factor que podría explicar parte de la menor visitación. “Aunque sí he visto mucho extranjero. Los comercios abren como siempre, o sea, todo lo veo muy normal”, afirmó.
En la zona de las lanchas turísticas, el operador consultado por La Nación también sostiene que los hechos judiciales no alteraron directamente su trabajo. “Uno no se metía en nada ni ellos se metían con la gente, nos dejaban trabajar tranquilamente, ellos con sus cosas, nosotros con las nuestras”, manifestó.
Rose considera que la respuesta debe pasar por recuperar la confianza y fortalecer los vínculos entre los habitantes. “Tenemos que reconstruirnos a partir de los pedacitos que quedan, apoyarnos entre todos y pedirle a Dios seguir adelante”, concluyó.
El impacto de las acciones judiciales sobre la comunidad es difícil de cuantificar. Quienes viven del turismo se preocupan por las ventas y por la imagen de un destino que apela a la resiliencia de su gente, esa que tiene “una luz en la frente”, para superar los prejuicios vinculados con las acciones de una red criminal que durante años se movió a placer y que por ahora pareciera estar en pausa.
