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Personal contratado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sustituirá a quienes trabajaban en uno de los albergues de la Organización No Gubernamental (ONG) Fundación Manos Abiertas, allanada este martes por trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
La información fue confirmada por la presidenta del PANI, Kennly Garza, quien agregó que las contrataciones se harán por medio de una empresa intermediaria.
Tras los allanamientos en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cinco colaboradores de la ONG, un hombre y cuatro mujeres que se autodenominaban monjas, aunque carecían de la ordenanza requerida por la Iglesia católica para tal título.
El PANI asumió así el cuido de 70 menores de edad, algunos con discapacidades, que residen en las instalaciones de Alajuela. En La Unión, por su parte, hay 65 adultos mayores, cuyas condiciones de salud y protección se desconocen.
Según el departamento de prensa del Patronato, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública emitió una medida cautelar que otorga al PANI y al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) un plazo de seis meses para trasladar a los pacientes a una alternativa de cuidado. Una vez reubicados, las instalaciones serán devueltas a la Fundación Manos Abiertas.
El Ministerio Público confirmó a este medio que el Juzgado respaldó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía el pasado 21 de febrero, junto con los allanamientos del martes.
En relación con la investigación, el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, indicó que la ONG es indagada por malversación de fondos provenientes de diversas instituciones estatales, como el PANI, Conapdis, Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Según Zúñiga, en los últimos cinco años, la ONG recibió un total de ¢6.584 millones de instituciones públicas. Solo el PANI le giró ¢4.700 millones en los últimos cuatro años (2020-2023), según datos de la misma institución. En lo que va del 2024, ONG recibió ¢128 millones del patronato.
Sin embargo, Garza explicó que el PANI suspendió el giro de recursos a la Fundación, que opera desde 1991. “Hemos iniciado el proceso de rescisión del contrato y se han presentado denuncias a nivel judicial”, añadió la presidenta ejecutiva.
El miércoles, el OIJ confirmó, ante una consulta de La Nación, que además de los ¢154 millones encontrados en una caja fuerte durante el allanamiento a la casa de uno de los colaboradores, se hallaron otros $7.000 y ¢16 millones en efectivo en otra caja fuerte en el albergue de Alajuela. Ambas sumas, al igual que el dinero encontrado en la casa del colaborador, fueron decomisadas por las autoridades.
En los operativos, también se decomisaron diversos dispositivos electrónicos, tales como celulares, computadoras, llaves mayas, tabletas, tarjetas de almacenamiento, grabadores y discos duros. Además, se confiscó documentación de interés y 133 señales de tránsito, que fueron entregadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La Nación intentó comunicarse con voceros del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) para conocer el protocolo a seguir con los adultos mayores que residían en los albergues; sin embargo, no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.
