Producto del choque entre dos trenes, en abril del 2016, decenas de personas resultaron heridas, pero 43 de ellas son las que figuraron como víctimas. (Foto: Alonso Tenorio)
Una conciliación con las 43 víctimas del choque frontal entre dos trenes, registrado hace seis años y siete meses en Pavas, San José, evitó que el caso se elevara a juicio. El Juzgado Penal de ese distrito josefino confirmó el acuerdo, tomado a inicios de noviembre, previo al inicio de la audiencia preliminar del caso.
Como parte de “la causa 16–008386–0042–PE se llegó a un acuerdo conciliatorio satisfactorio entre las 43 personas ofendidas y las partes imputadas. Esta es la única información a la que tenemos acceso”, precisó el Poder Judicial por medio de su oficina de prensa.
Por su parte, Alfonso Ruiz Ugalde, abogado de dos de las víctimas, dijo que ellos homologaron el acuerdo y ahora el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) tiene tiempo hasta marzo para hacer el pago a respectivo (cuyo monto no trascendió). Sus representados perdieron entre 7% y 12% de su capacidad orgánica producto del percance ocurrido en abril del 2016, según se certificó en una valoración realizada por Medicatura Forense como parte del proceso.
Además del Instituto, en esta causa figuraron como querellados la empresa que administraba el personal de los trenes, así como el conductor y el operador de una de las unidades. Mario Granados Barzuna, jefe del departamento legal de Incofer, reiteró que hubo acuerdos conciliatorios con las partes y que para ello la institución “aplicó la póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS)”.
Incofer aplicó póliza del INS para conciliar con víctimas de choque de trenes
Los hechos atribuidos
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A mediados noviembre del 2019, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José había finalizado la acusación en contra de dos hombres de apellidos Ramos Castellón (maquinista) y Castillo Pérez, quienes fueron investigados como presuntos responsables de cometer el delito de lesiones culposas en perjuicio de 43 personas.
Según la investigación que realizó el ente fiscal, Ramos conducía y operaba una locomotora, mientras que Castillo era su asistente cuando el tren transitaba en sentido San Antonio de Belén–San José el 8 de abril del 2016. “Se sospecha que Ramos faltó al deber de cuidado y, presuntamente, habría desatendido una orden emitida por un radioperador, quien le habría indicado detener la marcha a su paso por el sitio conocido como Tubo Tico, en Pavas, para dar prioridad a un tren que circulaba en sentido contrario.
El operador de uno de los trenes sí atendió esa disposición, pero el que llevaba Ramos no lo hizo y eso, al parecer, ocasionó el choque frontal.
De acuerdo con explicaciones brindadas en aquel momento por el Incofer, cuando se llega a una bahía, el tren se detiene, el ayudante del maquinista se baja y, de forma manual, hace el cruce de las vías.
Lo anterior, para evitar colisiones, porque las locomotoras transitan en sentidos contrarios por la misma línea férrea. Por eso, en ciertos puntos del recorrido de las vías férreas hay apartaderos que funcionan para que uno de los dos trenes se estacione ahí, mientras pasa el otro.
“En apariencia, Castillo también omitió la alerta y no la repitió al primer sospechoso. Al parecer, tampoco insistió para que la orden se cumpliera por parte del maquinista. De esa manera, se cree que esto ocasionó una colisión frontal contra el otro tren”, explicó el Ministerio Público en 2019.
Al existir una conciliación entre las partes, la acción penal también finaliza.
Aunque en su momento la Cruz Roja atendió a 245 personas, el proceso en instancias judiciales agrupó solo a 43 afectados. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Los daños en los equipos se calcularon, en aquel momento, en ¢50 millones.
