Una red supuestamente dedicada al fraude registral y al lavado de dinero, investigada en el megacaso Madre Patria, se aprovechaba de un contacto en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para conocer el estatus migratorio de sus víctimas.
Uno de los notarios detenidos en esta causa, de apellidos Loaiza Bolandi, era, al parecer, el encargado de realizar los estudios registrales de las propiedades de alto valor que la banda buscaba sustraer. Por lo general, según se expone en el expediente 22-0050180042-PE, privilegiaban terrenos o propiedades en zonas de alta plusvalía, cuyos dueños registrales fueran adultos mayores extranjeros, preferiblemente ya fallecidos o fuera del país.
Para redondear esa pesquisa, Loaiza aparentemente consultaba a un sobrino que trabaja como abogado en el departamento legal de Migración si los verdaderos dueños registrales de las propiedades estaban en el país o habían muerto. Al verificar ese dato, se reducía el riesgo de ser descubiertos cuando presentaban traspasos ante el Registro Público.
Esta relación quedó documentada en llamadas telefónicas que Loaiza realizó con familiares suyos o con otros miembros de la organización. Así consta en la solicitud de allanamiento, registro y secuestro de evidencia planteada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, de la cual La Nación tiene copia.
LEA MÁS: Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
En una de esas conversaciones, grabada el 11 de setiembre de 2023 a las 10:14 a. m., intervienen Loaiza y un hijo suyo, en la cual le confiesa la estrategia y le pide que le guarde el secreto. “Aquí entre nos... ¡tengo un montón de propiedades, de sociedades liquidadas, en unas T... (el sobrino) me hace los estudios de entradas y salidas, hay uno que está muerto (sic), otras (víctimas) que nunca más volvieron, otras que nunca estuvieron aquí...”, le dijo Loaiza Bolandi a su hijo.
Incluso le da detalles de cómo pretendían apropiarse de un terreno en Conchal, en Santa Cruz, Guanacaste, “que vale un montón de plata”. También le detalló que mediante “sociedades espejo” supuestamente hacían liquidaciones de sociedades y se apoderaban de los bienes inmuebles.
En otra conversación con una mujer de apellido Arrieta, presunta testaferra del grupo, Loaiza le dice que cuando tenga consultas sobre Migración se lo haga saber, para hacer las gestiones por medio de su sobrino.
La investigación señala que la colaboración del abogado de Migración era fundamental para “la subsistencia de la organización criminal”. Agrega que este hombre, “abusando” de su función y capacidad de acceso en los sistemas de consulta migratoria, aportaba información sensible que posteriormente era utilizada para realizar estafas registrales, causando perjuicios multimillonarios.
El sobrino de Loaiza no figura entre los 36 detenidos el 25 de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial desarticuló la organización tras 47 allanamientos en diferentes partes del país. Este lunes por la tarde se le consultó a la Fiscalía si el funcionario de Migración es investigado; sin embargo, este martes respondieron que no pueden referirse a una eventual pesquisa, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Según el expediente, esta organización era presuntamente liderada por dos españoles, Unaí León Muñoz y Fernando Gómez González. Ellos, al parecer, contaban con la colaboración de los hermanos Abraham y Jonathan Chaves Arias, así como de un juez de la República, abogados, notarios y oficiales de Tránsito.
Los notarios de la organización, presuntamente, realizaban protocolos notariales con comparecencias falsas de sus víctimas, en las que daban fe de que los terrenos eran traspasados a testaferros y luego los vendían a terceros de buena fe.
Un contacto para “cosas chuecas”
En otra llamada de Loaiza Bolandi con su hijo, el 3 de abril del 2024, a las 11:16 a. m., este último le pide a su papá que gestione con el primo unos datos en Migración y califica la gestión utilizando la frase: “cosas chuecas”. Así se resume en el expediente judicial que llevó a los allanamientos.
Hijo: Le dice a Danilo que si le puede hacer el favor “con T de pedirle las entradas (al país) de una mae”.
Loaiza: Le contesta “ok”.
Hijo: Le indica que ahí se lo pasó por WhatsApp.
Loaiza: Pregunta que por qué él no le dice (al primo).
Hijo: “Mejor hágalo usted porque son cosas chuecas, entonces diay como usted le pide a cada rato, si fuera algo menos chueco yo lo llamaría directo”.
Además de pedirle favores para saber si las víctimas estaban o no en el país, Loaiza Bolandi también le habría solicitado la colaboración para darle la residencia a un extranjero que trabajaría para un autobusero de apellido Herrera, otro aparente miembro de la organización.
Herrera llamó al notario el 13 de octubre del año pasado y le preguntó: “Oiga, es que vieras que tengo un chofer que me llegó que es cubano, pero no puedo darle trabajo porque no tiene refugio, ¿el sobrino suyo, el abogado de Migración, no le ayudará para que le den refugio?”.
Loaiza: “¿quién?¿mi sobrino?”
Herrera: ¡sí su sobrino!
Loaiza: “voy a preguntarle”.
Herrera: “¿pero le mando los datos? Vea dígale que me ayude porque ese viene a trabajar aquí, pobrecito, yo puedo darle trabajo de chofer, pero no tengo, diay sin licencia no puedo darle”.
Loaiza: “bueno, ok”.
Herrera: “¡haga la caridad para que se lo lleve Satanás a usted!”
Rándall Zúñiga, director del OIJ, explicó que la organización utilizaba varias modalidades para cometer fraude registral. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. “Se las roban registralmente y después las vendían a otras personas”, dijo.
“Es una actividad de crimen organizado (...). Tenemos materializadas 25 propiedades, pero dentro de la investigación hemos identificado más de 100 propiedades robadas. Incluso, en las conversaciones interceptadas, ellos mencionan más de 300 propiedades sustraídas mediante estos mecanismos ilegales”, afirmó.
Una de ellas es una finca en el Coco, Carrillo, Guanacaste, valorada en $30 millones, donde se pretendía desarrollar un complejo de 187 casas. “Se están decomisando 38 vehículos y 13 autobuses de la línea Tambor de Alajuela, barrio San José de Alajuela y Caldera de Puntarenas”, agregó.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.