Las cárceles de Costa Rica albergan a 7.864 personas privadas de libertad más de las que tienen capacidad para recibir, según un informe del Ministerio de Justicia y Paz con datos al 11 de setiembre de 2026.
En total, el sistema penitenciario cerrado registraba 21.153 reclusos, incluida la población penal juvenil, pese a contar con apenas 13.289 espacios disponibles. Esto representa una sobrepoblación del 59,18%, una situación que también aumenta la presión sobre los servicios que deben brindar los centros penitenciarios.
Así consta en el informe CNAI-2284-2026, elaborado por la Coordinación del Nivel de Atención Institucional de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), que analizó la presión poblacional, la ocupación inicial del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) y la reocupación de los espacios liberados en otros establecimientos.
Karen Jiménez, encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó que las cifras del hacinamiento carcelario evidencian una crisis estructural del sistema penitenciario.
Por su parte, Alexander Obando, docente de Ulicori y exdirector del Instituto Nacional de Criminología, indicó que este escenario refleja una mayor actividad de los cuerpos policiales y un aumento de las detenciones.
Este escenario se presenta en un contexto de crecimiento de la población penitenciaria y de apertura del Cacco, una cárcel con capacidad para 5.100 personas, cuya ocupación permitirá trasladar reclusos desde otros establecimientos.
Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia reconoce en sus informes que la habilitación de nuevos espacios de alta contención no sustituye la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria para atender a otras poblaciones.
Hacinamiento supera el 86% en cárceles para hombres
La situación es más crítica en los centros de atención institucional destinados a hombres.
Según el informe, estos establecimientos registraban 19.275 personas privadas de libertad para una capacidad de 10.323 espacios, lo que representaba una sobrepoblación de 8.952 reclusos (86,72%).
El documento también señala que el sistema cerrado adulto, incluida la población femenina, registraba 20.855 personas para una capacidad de 12.630 espacios, con una sobrepoblación del 65,12%.
Por su parte, el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocida como la Cárcel de San Sebastián, presentaba uno de los mayores niveles de sobrepoblación, con un 180,11%, al albergar a 1.535 reclusos para una capacidad de 548 espacios. Así consta en el oficio CNAI-2209-2026, de la Coordinación del Nivel de Atención Institucional, que contiene datos con corte al 31 de agosto de 2026.
Le seguían el CAI Nelson Mandela, ubicado en San Carlos, con una sobrepoblación del 125,13%, al albergar a 869 reclusos para una capacidad de 386 espacios; el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, con un 121,71%, al registrar 1.552 personas para 700 espacios; y el CAI Limón, con un 117,43%, al tener 998 privados de libertad para una capacidad de 459 espacios.
Obando señaló que la sobrepoblación también podría estar relacionada con un mayor uso de la prisión preventiva y su prolongación, así como con el aumento de las condenas dictadas por los tribunales y su duración, factores que pueden extender la permanencia de los reclusos en los centros penitenciarios.
Tanto Jiménez como Obando advirtieron que el hacinamiento no solo afecta la capacidad de alojamiento, sino que también provoca un desgaste del personal policial y administrativo de las cárceles.
Jiménez enfatizó que esta situación compromete las condiciones de habitabilidad, la seguridad penitenciaria, el acceso a servicios básicos y las posibilidades de rehabilitación y reinserción social.
Población penitenciaria podría superar las 24.000 personas en 2028
El crecimiento de la población privada de libertad constituye otra de las preocupaciones señaladas por el Ministerio de Justicia.
Según el oficio CNAI-2209-2026, la población del sistema cerrado podría alcanzar las 22.278 personas en 2027 y las 24.270 en 2028.
La institución considera que este crecimiento constituye un desafío estructural, debido a que la capacidad instalada de los establecimientos resulta insuficiente para atender la demanda actual y la proyectada.
Al respecto, Jiménez advirtió que, pese a la puesta en marcha del Cacco, existe el riesgo de que los nuevos espacios penitenciarios vuelvan a saturarse si la población privada de libertad continúa creciendo al ritmo proyectado.
El Cacco fue construido para albergar a personas privadas de libertad con perfiles criminológicos de alto riesgo, trasladadas desde otros centros penitenciarios. Según el informe, del Ministerio de Justicia, se proyectaba trasladar inicialmente a 1.302 privados de libertad desde La Reforma hacia el Cacco. Sin embargo, los 1.084 espacios que se liberarían en La Reforma serían ocupados nuevamente por reclusos procedentes de otras cárceles con altos niveles de sobrepoblación.
La especialista señaló que la solución requiere una planificación de infraestructura diversificada, el fortalecimiento de los programas de reinserción social, la aplicación de medidas alternativas a la prisión técnicamente fundamentadas y una revisión del uso de la prisión preventiva, sin comprometer la seguridad pública.
Agregó que la política penitenciaria no debe limitarse a ampliar espacios, sino que también debe procurar reducir la reincidencia y evitar que el sistema vuelva a saturarse.
Aumento anual de la población en las cárceles
Según el informe CNAI-2284-2026, entre junio de 2025 y agosto de 2026, la población del nivel institucional pasó de 18.267 a 21.153 personas, un incremento de 2.886 reclusos.
En los primeros siete meses de 2026, el crecimiento acumulado fue de 1.366 personas, de acuerdo con el mismo documento.
Además, durante el primer semestre de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tramitó 4.511 solicitudes de ingreso al sistema penitenciario, de las cuales 3.997 correspondían a personas indiciadas y 514 a personas sentenciadas, según el documento.
La Coordinación del Nivel de Atención Institucional indicó que, durante los últimos meses, había observado un incremento en los ingresos de personas vinculadas con estructuras de crimen organizado.
El documento también menciona, entre los factores asociados a la presión penitenciaria, el incremento de la criminalidad, el aumento de las penas privativas de libertad y los cambios en los perfiles criminológicos de la población.
Algo que para Obando no es nuevo, ya que consideró que la administración penitenciaria enfrenta dificultades constantes para disponer de suficientes espacios ante el ingreso de nuevos reclusos.
“El tema de la sobrepoblación es algo con lo que ha tenido que lidiar el país desde décadas atrás, siempre esa realidad rebasa la capacidad de respuesta que ha tenido la institución con la capacidad de ingresos”, indicó Obando.
El experto sostuvo que el hacinamiento es un problema estructural y que la respuesta no debe limitarse a construir más cárceles y encarcelar a la población joven.
Al igual que Jiménez, Obando señaló que es necesario combatir la desigualdad, la exclusión social, el desempleo y la pobreza, así como crear alternativas y condiciones que favorezcan un desarrollo alejado de las actividades del crimen organizado.
Justicia advierte que necesita más cárceles de mediana contención
Además de la apertura del Cacco, en los informes el Ministerio de Justicia advirtió sobre la necesidad de construir espacios de mediana contención para atender a privados de libertad con distintos perfiles criminológicos y niveles de riesgo.
La Coordinación del Nivel de Atención Institucional señaló que la construcción de nuevas cárceles debe considerar tanto el crecimiento de la población penitenciaria como las características de los reclusos.
“La necesidad de nueva infraestructura debe orientarse a la creación de espacios de mediana contención”, indica el oficio CNAI-2209-2026, del 4 de setiembre, que también destaca la importancia de contar con instalaciones que permitan brindar una atención interdisciplinaria adecuada.
Por ello, la dependencia solicitó a la Dirección General de Adaptación Social considerar la construcción de infraestructura de mediana contención que responda a las necesidades actuales y futuras del sistema penitenciario, ante el crecimiento de la población privada de libertad y las limitaciones de capacidad de los centros existentes.