A las 10 a. m. de este viernes la defensora de los Habitantes, el director de la Defensa Pública, el fiscal general y el director del Mecansimo de Prevención de la Tortura, así como personal de esas dependencias, iniciaron una visita de supervisión en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
La diligencia respondió a una serie de denuncias presentadas ante estas instancias, por presuntas torturas y abusos de autoridad que habrían ocurrido en las últimas semanas.
La intención de las autoridades era corroborar o descartar la existencia de violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en perjuicio de la población privada de libertad.
En la Defensoría informaron de que la visita fue parte de sus labores ordinarias, “con el propósito de recopilar información que permita a la institución realizar el informe que corresponde, como parte de su labor de inspección en distintos establecimientos públicos, entre ellos hospitales, centros educativos, albergues y comunidades como en Crucitas”, donde celebraron unas jornadas de atención de quejas.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, cuestionó la visita sorpresa que procuró verificar las condiciones en que se encuentran los privados de libertad. En su cuenta personal de Facebook publicó que la llegada de la delegación fue “sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz”.
Además, cuestionó la intención de los funcionarios que inspeccionan el Cacco. “Que cada costarricense saque sus propias conclusiones sobre estas actuaciones -especialmente las del fiscal general de la República-, del lado de quien están y a quien defienden”, publicó el ministro.
Juan Carlos Pérez, jefe de la Defensa Pública, explicó que con la inspección pretendían no solo conocer las instalaciones de Cacco, sino que, principalmente, conversar con los privados de libertad. El funcionario dijo que pudieron ingresar a las celdas y muchos de los reos “expusieron algunos requerimientos y necesidades, que hemos documentado y que nos interesaba conocer para saber cuál era su situación y determinar si debemos o no emprender algún tipo de acción”.
Pérez fue tajante al aclarar que este tipo de diligencias las hacen con regularidad y sin previo aviso. “No debemos advertir a las autoridades administrativas cuando vamos a hacer una visita de esta naturaleza, pues justamente lo que se pretende es saber qué está sucediendo en la dinámica del día a día, sin que existan condicionamientos o que de alguna forma se presenten escenarios que no son los cotidianos”, respondiendo de esa forma a los cuestionamientos del ministro.