Un grupo de expertos en seguridad hizo un llamado a unir esfuerzos y articular acciones entre las instituciones del Estado y la sociedad para enfrentar la creciente inseguridad en Costa Rica.
Según advirtió Omar Brenes, servidor del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde hace 35 años, la penetración del crimen organizado ocurrió en los últimos años por factores como la globalización y la tecnología, la debilidad institucional, la alta demanda de los mercados ilegales internacionales y las desigualdades socioeconómicas.
Esto desencadenó que el país dejara de ser únicamente un territorio de tránsito de drogas y se convirtiera también en un centro de distribución, con consecuencias que ahora se reflejan en las calles.
Entre ellas el aumento en los decomisos de armas largas; una cifra de homicidios que supera los 600 casos anuales desde el 2022; así como un incremento de las denuncias por préstamos extorsivos, estafas informáticas, y de los casos por presunta legitimación de capitales.
Este jueves, durante el congreso Costa Rica Más Segura, organizado por la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), Brenes afirmó a La Nación que es necesario reunir ideas y esfuerzos para luchar contra el crimen organizado, con iniciativas que no provengan únicamente del Estado, sino también de la sociedad.

“El país está evidentemente dividido por todos los acontecimientos sucedidos en los últimos tiempos. Necesitamos esa cohesión que nos hizo una democracia fuerte, una democracia robusta, una democracia visible a los ojos de toda América Latina y el mundo”, afirmó.
A su juicio, la ciudadanía debe interesarse por los temas de seguridad y conocer las razones por las que la violencia aumentó en Costa Rica durante los últimos diez años. Hasta el momento, dijo, “ no vemos el norte, no vemos la luz al final del túnel para llegar y aterrizar”.
Precisamente, para aportar a la sociedad con iniciativas para combatir el crimen, la Unidad para la Prevención y el Análisis Criminológico de la Ulicori fundó hace un año el proyecto Costa Rica Más Segura.
Una de sus fundadoras y actual directora de la carrera de Criminología de esa casa de enseñanza, Thais Fonseca, contó a este diario que el proyecto comenzó con un análisis de las políticas públicas y los programas sociales que ya existían.
Los profesionales se percataron de que el principal problema era, justamente, la falta de articulación entre las instituciones y las iniciativas. A partir de ese diagnóstico, el proyecto de la Ulicori dio forma a un modelo de prevención que trabaja de la mano con las comunidades, las policías municipales y los comercios.
Las políticas que aplican, explicó Fonseca, se construyeron de acuerdo con las necesidades de cada cantón. En un año, el proyecto consiguió trabajar con las policías municipales de Alajuelita, uno de los cantones del sur de San José que ha afrontado retos en materia de seguridad en los últimos años, así como con las de Goicoechea, Belén, Moravia y Desamparados.

Los programas contemplan capacitaciones a la ciudadanía por parte del Organismo de Investigación Judicial y del Instituto Costarricense sobre Drogas, brindando herramientas para que las propias comunidades puedan crear sus políticas públicas.
Además, los vecinos aprendieron en el último año sobre seguridad, primeros auxilios psicológicos y físicos, y qué hacer en caso de amenazas activas.
“Hemos identificado que las redes de comercio se han sentido más protegidas. El acompañamiento por parte del gobierno local los ha instado a ser actores dentro de sus comunidades. Las policías municipales son pequeñas y ahora se pueden articular, descansar y apoyar en diferentes actores”, afirmó Fonseca.
‘La policía debe cambiar su perspectiva’
Para Johan Abarca, jefe de la Policía Municipal de Alajuelita, este acercamiento y la unión con la comunidad han significado un rompimiento del paradigma bajo el que actuaba desde hace años la Policía, que implicaba rigidez en las acciones y sin tomar en cuenta a las comunidades.
“El ingreso de la Policía municipal a la academia es darle al vecino herramientas básicas para combatir la criminalidad, no solo en delitos de sangre, sino la criminalidad como hurtos o narcomenudeo. Les enseñan a reaccionar ante algún tipo de delito”, contó.
“La Policía tiene que cambiar la perspectiva de que solo se puede trabajar a nivel policial. Ojos y oídos vienen a aportar en este trabajo, porque además hay aliados en el sector público para trabajar en planes de prevención articulados”, continuó diciendo.
Con él coincidió Juan Gabriel Hidalgo, director de la Policía Municipal de Grecia. Hidalgo explicó que, aunque existían ya iniciativas como la Red Nacional de Policías Municipales, los municipios han trabajado de forma aislada y las acciones deben articularse para poder combatir la criminalidad.
Trabajo preventivo desatendido
Por otro lado, el viceministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía en Unidades Especiales de Seguridad durante los mandatos de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves, Luis Carlos Castillo Fernández, explicó que la prevención es precisamente uno de los factores que se han dejado de lado en Costa Rica y que provocaron este desenlace de infiltración del crimen.
“Aquí mucha gente aduce que, como el gobierno dura cuatro años, si en ese periodo no les da tiempo para hacer eso (trabajo de prevención), lo pasan al segundo y tercer plano. Cuando usted, como gobernante, reúne un staff de gobierno y le da continuidad a todos los procesos de prevención en una sociedad, ayuda”, afirmó.
“Todos los gobiernos tienen ideas buenas, hay que unir y coordinar estos procesos sin ningún tipo de egoísmo, sin ningún tipo de miramiento político, que permita que todas las instituciones se encadenen en un mismo motivo”, concluyó.