El fiscal general, Carlo Díaz, reveló que durante la inspección sorpresa del viernes en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un estadounidense recluido en ese sitio aseguró ser víctima de agresiones por parte de policías penitenciarios.
Díaz detalló que el extranjero pidió que su caso sea puesto en conocimiento de la embajada de su país en Costa Rica. Adelantó que la denuncia será investigada de manera formal.
Para el jerarca, torturar a un reo es un delito tan grave como cualquier otro. “Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola”, afirmó, igual que quien da “adjudicaciones o licitaciones a dedo” o “la persona que tortura o abusa de autoridad” contra privados de libertad. Por eso, dijo, el Ministerio Público debe investigar esos hechos aunque las víctimas sean reos.
Díaz explicó que la delegación pudo constatar situaciones que “podrían encajar en violaciones de derechos humanos”, además de abuso de autoridad y tortura.
Según el fiscal general, muchos privados de libertad le contaron que “no cumplen con el perfil” para estar en alta contención. Algunos “están prontos a salir” o ya habían ganado otros procesos, y eso, según relataron, fue obviado. Otros denunciaron agresiones, “sobre todo de una de las escuadras que los custodian”, que les cortaron el cabello y les causaron lesiones.
Díaz agregó que muchos de los reclusos están en “condiciones infrahumanas” de acuerdo con sus necesidades médicas. Los reos contaron que “solo hay un médico para 1.020 personas” y que, a la fecha de la visita, ese médico no se había presentado.
El fiscal general calificó de “paradójico y contradictorio” que los privados de libertad le pidieran ayuda a él y a los otros fiscales, que son los representantes de la institución que logró las condenas por las que descuentan prisión. Dijo que lo hicieron por la “violencia sistemática” que denuncian.
Los fiscales tomaron los nombres de algunos reos que alegaron haber sido agredidos por oficiales penitenciarios, así como los relatos sobre la violencia en el sistema, para ampliar la investigación.
El Cacco está dentro del complejo La Reforma en San Rafael de Alajuela y fue inaugurado el 14 de octubre con faltantes como una cocina, cuya construcción se adjudicó de emergencia, pese a que esa infraestructura no estaba contemplada en su planificación original.
La obra fue adjudicada por $10.026.045 a Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. (Edificar), la misma empresa que construyó los cinco módulos del centro penal.
Inspección sopresa
La inspección comenzó el viernes a las 10 a. m. y fue sorpresiva. Además de Díaz, participaron el director de la Defensa Pública, la defensora de los Habitantes, el director del Mecanismo de Prevención de la Tortura y personal de esas instituciones.
La diligencia respondió a denuncias por presuntas torturas y abusos de autoridad que esas instancias recibieron en las últimas semanas. El objetivo era corroborar o descartar violaciones de derechos humanos y delitos cometidos contra la población privada de libertad. Desde la Defensoría explicaron que la visita forma parte de su labor ordinaria y busca “recopilar información” para elaborar el informe que le corresponde.
Díaz precisó que la inspección se amparó en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que faculta a los fiscales a visitar cárceles para “verificar que no existan abusos o violaciones a derechos humanos”. “Es una facultad legal que tenemos”, afirmó.
La visita fue cuestionada por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quien escribió en su cuenta de Facebook que la delegación llegó “sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz”. También pidió que “cada costarricense saque sus propias conclusiones” sobre las actuaciones de los funcionarios, especialmente las del fiscal general.