En cuestión de cinco años, la cantidad de expedientes que ingresó a los juzgados penales juveniles casi se triplicó. Mientras que en el 2021 estos despachos recibieron 5.060 expedientes, en el 2025 la cifra ascendió a 13.623. Esto representa un incremento del 169%.
Si analizamos los datos por día, el año pasado ingresaron, en promedio, 37 casos nuevos. Cinco años antes, recibían aproximadamente 14 casos, según datos del Poder Judicial.
Esa tendencia al alza no se detuvo este 2026 y, por el contrario, se mantuvo durante los primeros cinco meses. Hasta mayo los juzgados recibieron un promedio de 34 casos diarios.
“Es un incremento exageradísimo”, estimó en entrevista con La Nación Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y directora de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil del Poder Judicial.
Vargas reconoció que determinar las causas de este fenómeno es complejo. Sin embargo, desde su experiencia, considera que las cifras reflejan un comportamiento más violento entre los adolescentes, así como jóvenes con escasas oportunidades y sin redes de apoyo, que quedaron a merced del crimen organizado. También señaló la normalización de la cosificación de las mujeres como otro factor a considerar.
Delitos sexuales imperan
En este último punto, las estadísticas respaldan el criterio de la jerarca del Poder Judicial. Los delitos sexuales concentraron la mayor cantidad de ingresos a los juzgados penales juveniles durante el 2025. De los 13.623 expedientes que entraron ese año, 2.698 corresponden a delitos de ese tipo, es decir, casi uno de cada cinco.
Esta no solo fue la categoría con mayor peso numérico, sino que también creció en los últimos años. Los casos pasaron de 1.195 a 2.822 entre el 2021 y el 2024. En 2025 la reducción fue leve y el año cerró en 2.698 casos.
Entre enero y mayo de este año, ya se contabilizaban 1.117 expedientes.
El año pasado, la mayoría de estos delitos (1.355 casos) fueron abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, mientras que 301 fueron por violación. El resto de los casos se distribuyen en delitos como relaciones sexuales con personas menores (629), difusión de pornografía (200), entre otros.
Para Patricia Vargas, las cifras sobre abusos sexuales reflejan un patrón sociocultural, pues el incremento no solo está ocurriendo entre adolescentes, sino también entre adultos.
“Es muy doloroso porque lo que necesitamos es que estos menores en el futuro no vuelvan a verse involucrados en este tipo de actividades”, afirmó Vargas.
De acuerdo con la magistrada, los datos revelan que, tanto entre las personas mayores como entre las menores de edad, la gran mayoría de los ofensores son hombres y un altísimo porcentaje de las víctimas son mujeres.
“Como sociedad tenemos que educar a las nuevas generaciones con una visión distinta de respeto al otro y de respeto también hacia las mujeres, en el sentido de superar esa idea de cosificación que, de alguna manera, en nuestras sociedades ha sido frecuente”, aseveró.
Conductas más violentas
El aumento de casos; no obstante, no se limita a los delitos sexuales. Las estadísticas también reflejan un crecimiento en las agresiones y otras conductas violentas.
Entre el 2021 y el 2025, los delitos contra la vida pasaron de 504 a 980, lo que significa un aumento del 94,4%. Mientras que, entre enero y mayo de este año ya se registraban 418 casos.
Dentro de esta categoría destacan las agresiones con armas, que pasaron de 268 expedientes a 529 en cinco años (97,4% más). También sobresalen las lesiones leves, que aumentaron de 72 a 232 en ese mismo periodo, es decir, más del triple.
El aumento también se refleja en los delitos contra la libertad. Las amenazas agravadas brincaron de 155 casos en el 2021 a 609 en el 2025 (293% más). Asimismo, las contravenciones por palabras o actos obscenos pasaron de 55 a 205 en el mismo periodo (273% más).
“Ahí los adultos también tenemos una responsabilidad muy seria, porque no estamos enseñando a los niños y a los jóvenes a manejar la frustración y a dialogar, incluso a pesar del desencuentro”, recalcó la presidenta de la Corte.
A su juicio, se ha normalizado un lenguaje más agresivo en la sociedad y esto se refleja en el comportamiento de los jóvenes.
“Son exactamente las mismas dinámicas. A veces vemos videos de muchachos que están en el suelo, peleándose. En algunos casos terminan sacando un arma, haciéndole daño todavía más grave a otra persona (...). El tema de las lesiones refleja una sociedad que tiene menos herramientas para enfrentar la frustración y superar las diferencias de una forma asertiva. Los chicos son reflejo de eso”, explicó.
Menores a merced del crimen organizado
En casos más extremos, estas rencillas entre menores de edad han terminado en homicidios, como ocurrió en marzo de este año, cuando un estudiante del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia apuñaló a un compañero.
Sin embargo, otros asesinatos, afirmó Vargas, han ocurrido al calor de la delincuencia organizada. “Tenemos sicarios, personas menores de edad, las menos afortunadamente, pero las hay”, reconoció.
Aunque no es posible establecer el contexto en el que ocurrieron estos casos, entre el 2023 y el 2025, los expedientes por homicidio calificado que llegaron a los juzgados juveniles pasaron de 16 a 31. En los primeros cinco meses de este año, el Poder Judicial ya registraba 16.
Junto a este delito, también crecieron las infracciones a la Ley de Estupefacientes. Por ejemplo, en el 2021, se contabilizó 56 casos de venta de drogas. En los años siguientes, el crecimiento fue sostenido, hasta llegar a 179 el año pasado y 89 en los primeros cinco meses de este año.
Junto a ese delito también creció el número de expedientes por tenencia de drogas, sobre todo, a partir del año anterior, cuando se contabilizaron 91 casos. Entre el 2022 y el 2024, este dato se mantuvo relativamente estable, con un promedio de 48 casos anuales.
Los datos del Poder Judicial revelan que también creció el número de procesos por transporte de drogas, que pasó de 29 casos en el 2021 a 50 en el 2025. En los primeros cinco meses del 2026, ya se contabilizaban 29, o sea, los mismos que en todo el 2021.
Al comparar estas cifras con el total de casos, los números, de acuerdo con la presidenta de la Corte, “no son escandalosos”. Sin embargo, estima que el simple hecho de que exista un registro obliga a prestar atención a la problemática.
“Necesariamente este tipo de delincuencia, la venta de drogas, la posesión de drogas, ya me habla de alguna relación de personas menores de edad con organizaciones criminales”, dijo la jerarca.
Para Vargas, es necesario analizar las causas desde las posibilidades de acceso que tienen los menores a la educación, el deporte y la recreación. A su juicio, donde no está el Estado, no hay una familia fuerte ni un maestro que ayude a formar a un menor, el adolescente va a buscar llenar ese vacío.
“En el tema del narcotráfico nosotros no podemos menospreciar la presencia del crimen organizado en muchos casos, que son fenómenos que antes no veíamos, más personas menores de edad reclutadas por la delincuencia organizada. Los espacios que el Estado deja en una comunidad los toma la delincuencia organizada”, dijo a este diario la máxima jerarca del Poder Judicial.