“Somos amas de casa”, “mis hijos dependen de esto”, reclaman dos trabajadoras sexuales desde el pasillo. A pocos metros, otra intenta tranquilizar a un cliente que salió de una de las habitaciones: “Tranquilo, su esposa no se va a dar cuenta”, le dijo.
“No me tomen fotos porque mi papá es pastor”, advierte una trabajadora más.
Ellas forman parte de un grupo de decenas de mujeres que trabajan en un prostíbulo en la zona roja, en la calle 6, entre las avenidas 1 y 7, del centro de San José.
El establecimiento recibe clientes a toda hora, tanto de día como de noche; sin embargo, la tarde del miércoles 28 de octubre, un operativo de la Policía Municipal de San José obligó a una pausa.
Dos puertas impedían ver desde la acera lo que ocurría dentro del comercio, que opera con patente de pensión. Al cruzarlas, se ubicaban dos “salas de recepción” que, por las marcas en las paredes, parecen haber funcionado alguna vez como una tienda.
Allí, sentadas en largas bancas, al menos seis mujeres esperaban a sus clientes cuando llegaron los oficiales. Algunas calzaban tacones y otras, tenis o sandalias. Vestían enaguas cortas o jeans, brasieres o camisetas.
Las trabajadoras rondaban los 20 o 30 años, mientras que otras superaban los 50 e incluso los 60.
Los policías, una vez adentro, exigieron a todas entregar sus documentos de identidad en busca de alguna menor de edad y frente a esas bancas pasó el can especializado en detección de droga guiado por uno de los oficiales.
El perro avanzó por un estrecho pasillo, de paredes amarillas y poca iluminación. A ambos lados había puertas de madera que el oficial abría una a una para que el can ingresara a cada habitación.
Algunas mujeres se asomaban con curiosidad, otras intentaban esconderse u ocultaban sus rostros.
Los aposentos eran pequeños y sin ventanas. Tenían una cama individual, una pileta, un ventilador y basurero. Es usual que estos últimos acumulen preservativos aparentemente usados y papeles.
“La vez pasada no trabajé nada y apenas vengo llegando”, reclamó una de las mujeres a viva voz mientras el perro continuaba con la inspección. Algunas alzaban el tono para expresar su molestia, mientras otras permanecían pacientes sentadas en las bancas, a la espera de que terminara la diligencia.
Para varias, no era la primera vez que presenciaban una redada en “su lugar de trabajo”.
Aunque la prostitución no está prohibida en Costa Rica, la Policía Municipal de San José interviene estos establecimientos porque operan, por ejemplo, con patentes de pensión, pero ejercen otra actividad comercial distinta a la autorizada.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó a La Nación que, aunque los propietarios cuentan con permisos sanitarios vigentes y licencias municipales, las mujeres describen estos sitios como su lugar de trabajo y las licencias no contemplan esa actividad comercial.
Aunque el trabajo sexual es legal, no existe una categoría comercial para ejercerlo. Al día de hoy, dijo Solano, no conoce de un censo actualizado que permita estimar cuántas mujeres se dedican a esta actividad en la capital. Ellas afirman que son más de 150 solo en esa calle y algunas cercanas.
Jefas de hogar
Una de estas mujeres tenía más de 60 años y, aunque prefirió no revelar su edad exacta, contó que comenzó a ejercer esta actividad hace una década, “ya vieja”, motivada por la necesidad.
A su alrededor, otras cinco mujeres revelaron aspectos de sus vidas, sus rutinas y sus temores ante la posibilidad de perder ese espacio para trabajar. “Si nos cierran, nos vamos a la calle y las mujeres de ahí afuera son agresivas”, dijo una. “Somos jefas de hogar”, agregó otra.
Esta última rondaba los 20 años y tenía dos hijas que mantener. Una de ellas de seis. Contó que a diario deja a las niñas en la escuela y luego trabaja unas horas en la pensión. Con lo que gana paga la comida, el alquiler de la casa y los gastos escolares. “Para algo da esto”, lo minimizó.
Las ganancias mensuales pueden ascender a ¢900.000 en un buen mes, según dijeron algunas. Por ejemplo, una joven de 28 años, procedente de una zona rural, aseguró que “una hembra” como ella puede generar mucho dinero, sobre todo cuando cae el aguinaldo. “Se pone buenísimo”, reconoció.
Según explicaron las trabajadoras, las mujeres cobran a sus clientes el monto que deseen y, de esa suma, únicamente pagan a la pensión el costo de la habitación. En este caso, La Nación conoció que la tarifa es de ¢4.000. El resto queda como ganancia para ellas.
A medida que avanzaba la conversación, las mujeres hicieron un recuento de los intentos fallidos por encontrar otras fuentes de ingreso. Algunas aprovecharon en el pasado las presas para ofrecer productos. Otras trabajaron en zapaterías y distintos comercios.
Ninguna de esas actividades, aseguraron, les permitía ganar lo suficiente para mantener a sus papás y a sus hijos.
Algunas llevan seis, diez o incluso 20 años como trabajadoras del sexo. Muchas son mujeres casadas cuyos esposos desconocen a qué se dedican realmente. Tampoco lo saben sus familias, por lo que prefieren mantener un perfil bajo y resguardar sus nombres.
“Nosotras vemos esto como un trabajo”, reconoció una. “Si viene muy tierroso el cliente, va jalando”, bromeó una más desde el otro lado de la sala. El comentario rompió la tensión y desató risas.
“Tenemos el temor de que nos asalten”
Ese mismo miércoles, la Policía Municipal intervino un segundo local, ubicado a pocos metros. Esta vez, no eran puertas de madera las que impedían ver hacia el interior, sino una cortina.
Doce mujeres estaban sentadas en las bancas de una sala de espera similar a la del otro local.
En este caso, los oficiales pidieron a las mujeres que salieran a la acera mientras concluían la diligencia y ellas, molestas y sin saber si podrían regresar a generar dinero, accedieron. “No conocen el historial de uno y por qué llega a este punto”, manifestó frustrada una de ellas.
La Nación conversó con otra de las trabajadoras que permanecía en la acera y afirmó que no entendía por qué intervenían ese establecimiento, pues, a su criterio, era el mejor de la zona por su limpieza y porque, a diferencia del resto, al menos en los cuartos había una ducha. “Así nosotras nos podemos limpiar”, comentó.
Ella es madre soltera de cinco mujeres de entre tres y 26 años. Todas, según dijo, estudian gracias a la prostitución.
“Lo que están haciendo es sacándonos a la calle a trabajar. Aquí hay madres solteras, madres que hemos buscado trabajo y no encontramos, madres que no podemos dejar a nuestros hijos solos por enfermedades. Afuera tenemos el temor de que nos asalten, nos apuñalen”, dijo.
“Somos personas, somos mujeres y venimos para sostener nuestra familia”, añadió.
En la calle, afirman que no pueden trabajar, pues la Policía las remueve aludiendo a contravenciones contra las buenas costumbres, como el exhibicionismo, una conducta que contempla el Código Penal.
“Nos da vergüenza”
La misma preocupación se extendió a dos mujeres que también accedieron a conversar con La Nación. Una de ellas es extranjera, tiene 42 años y lleva 14 años trabajando en esto.
Afirma que cuatro hijos dependen de ella y que utiliza sus ingresos para pagar los estudios de dos de ellos en la escuela y de los otros dos en la universidad. Permanece en la pensión por necesidad y no ve en la calle una opción para ejercer.
“No podemos estar en la calle, nos da vergüenza. Tenemos madres, hijos, abuelos, hermanos (...) Estamos en zona roja, hay demasiado piedrero. Nos arriesgamos”, manifestó.
Según contó, su familia desconoce que se dedica al trabajo sexual, como le sucede a otras de sus compañeras, entre ellas, una joven de 28 años.
Esta última narró que, por medio de la prostitución, paga la escuela de sus dos hijos. “Es mejor estar adentro. No aguantamos la humillación de personas en los carros que nos griten cosas. Nos podemos sentar a comer en un lugar digno”, agregó.
