La legislación costarricense no prohíbe el trabajo sexual; sin embargo, hasta ahora no existe una categoría comercial que permita ejercer esta actividad en el país. Alrededor de este tema se cruzan múltiples opiniones y, desde hace años, autoridades y organizaciones no gubernamentales discuten posibles alternativas, sin que se haya alcanzado una solución.
Ante la ausencia de una regulación específica y de una categoría comercial, las personas trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios tanto en las calles como en establecimientos que operan con patentes de salas de masajes, salas de juegos, bares, hoteles y pensiones, entre otros. En la práctica, lo que ocurre es que desvirtúan los permisos y operan como prostíbulos.
Si existiera una categoría comercial, no se realizarían operativos contra prostíbulos como el ejecutado el 28 de octubre anterior en la conocida zona roja de la capital. Ese día, las autoridades municipales intervinieron dos pensiones bajo sospecha de ofrecer cuartos a clientes de trabajadores sexuales.
Ese día se les entregó una boleta donde se les advierte que, de confirmarse la irregularidad, corren el riesgo de que se anule la patente comercial.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, reconoció en entrevista con La Nación que la búsqueda de un mecanismo jurídico para atender esta situación en la capital ha sido motivo de discusión; sin embargo, mientras no exista una regulación específica para esta actividad, la Policía tiene que apegarse a la literalidad de la norma.
Esto implica que los oficiales deben intervenir en cualquier establecimiento que opere como prostíbulo. Si detectan que un negocio ofrece servicios sexuales, emiten hasta tres advertencias y, si el propietario persiste en esa actividad, proceden con el cierre del local.
El jefe policial explicó que algunas líneas de pensamiento plantean establecer una categoría comercial de prostíbulo en San José, “aunque pueda sonar escandaloso”. Para quienes lo proponen, permitiría definir regulaciones específicas para la actividad, ejercer un mayor control y eventualmente reducir delitos como la trata de personas, el tráfico y el proxenetismo.
“Parecería tener lógica que frente a algo que no es prohibido exista una categoría comercial para su relación”, dijo. No obstante, afirmó que la omisión de la norma sobre el ejercicio de la prostitución en el país impide que la propuesta prospere.
Nubia Ordóñez, directora de La Sala, una organización no gubernamental que busca el respeto a los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, sostiene que la agrupación trabaja, junto con representantes del sector político y un equipo legal, en un proyecto de ley para regular el trabajo sexual en Costa Rica.
De acuerdo con su experiencia, en la prostitución ya existe una relación laboral que la legislación simplemente no reconoce.
Ordóñez explicó que algunas mujeres que trabajan en prostíbulos deben cumplir horarios de ingreso y salida, pero no tienen derechos laborales. Otras, por ejemplo, han ejercido el trabajo sexual durante 20 años en un mismo sitio, también sujetas a un horario, pero al envejecer, las “despiden” sin ningún tipo de responsabilidad laboral.
Muchas de ellas quedan entonces expuestas a los riesgos que implica trabajar en la calle, como las agresiones y los asaltos.
La falta de regulación, señaló Ordoñez, también genera que la seguridad de las mujeres recaiga en un proxeneta que, a fin de cuentas, se beneficia de sus necesidades.
La directora de La Sala explicó que las propuestas para regular esta actividad todavía están en discusión. De manera preliminar, se ha planteado la creación de una especie de cooperativa que permita establecer espacios seguros y sin fines de lucro, con el objetivo de eliminar la figura del proxeneta.
En la actualidad, según reconocen las autoridades capitalinas, no existe un censo actualizado que permita estimar cuántas mujeres se dedican a esta actividad en San José.
El miércoles 28 de octubre, varias mujeres entrevistadas por La Nación en calle 6, entre las avenidas 1 y 7, dijeron ser 120 en prostíbulos, sin contar las que operan en vía pública.