Un subjefe de la Delegación de la Fuerza Pública de Flores, Heredia, de apellidos Solís Blanco, fue condenado a tres años de prisión por utilizar vehículos y recursos policiales para atender asuntos personales, informó este martes la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El exfuncionario fue declarado culpable de tres delitos de peculado de uso. Además de la pena de cárcel, recibió una inhabilitación de tres años para ejercer cargos, empleos o funciones públicas. La Fiscalía no identificó a la persona.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años. Durante ese plazo, no podrá cometer un nuevo delito.
El caso se tramitó bajo el expediente 24-000005-1880-PE.
La Fiscalía comprobó que el entonces subjefe utilizó recursos del Ministerio de Seguridad Pública en tres ocasiones para actividades particulares.
Entre ellas figuran el traslado en una patrulla a una reunión privada en un hotel de Santo Domingo de Heredia, el envío de oficiales a recogerlo a su vivienda, en Alajuela, y el desplazamiento hasta su casa para recoger unos lentes de uso personal.
La sentencia fue dictada el 19 de octubre anterior. El Tribunal consideró que las actuaciones representaron un desvío de bienes y servicios públicos respecto de los fines para los cuales fueron asignados.
Además, determinó que el acusado aprovechó su posición jerárquica para disponer de oficiales subordinados en actividades ajenas al servicio público, con lo cual vulneró los deberes de probidad, legalidad y correcta administración de los recursos estatales.
En el ámbito civil, el Tribunal declaró con lugar la demanda resarcitoria promovida por el Estado, al acreditar un daño social relacionado con la afectación de la imagen institucional del Ministerio de Seguridad Pública, la confianza ciudadana en la función policial y la credibilidad de la Administración Pública.
Por ese concepto, el exfuncionario deberá pagar ¢3 millones. A esa suma se agregan ¢600.000 por costas personales y ¢726.000 por honorarios profesionales de la querella, para un total de ¢4.326.000, más los intereses legales correspondientes.
La Fiscalía señaló que el uso de vehículos oficiales y de personal subordinado para fines particulares configura el delito de peculado de uso, aunque no exista apropiación definitiva de los bienes públicos.