Cuando el Tribunal Penal de Goicoechea programó para el 31 de marzo el inicio del juicio por presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza, parecía que al fin avanzaría la causa abierta desde el 2012.
Sin embargo, más de un mes después, el fiscal no ha empezado a leer la acusación, procedimiento que da inicio formalmente a un debate. Según estimaciones de los involucrados, este juicio podría tardar al menos siete meses, por lo que con cada atraso aumenta la probabilidad de que ni siquiera termine este año.
El contradictorio podría demorarse más debido a una recusación presentada por el defensor público José Pablo Rojas, respaldada por otros dos defensores públicos, para separar a los jueces del proceso.
La solicitud de recusación se debió a que estos defensores pedían postergar por tres meses el inicio del debate para estudiar el expediente, pues recién ingresaron al proceso, tras el abandono del abogado José Miguel Villalobos, pero los jueces decidieron programarlo para el 26 de mayo.
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Además, solicitaron que el juicio volviera a la jornada ordinaria, en lugar del horario vespertino en que se han realizado estas audiencias.
Este viernes, los jueces determinaron que no han actuado de forma parcializada en contra de los defensores, y sostuvieron que toda la logística se planeó para que el debate se realizara en horario extraordinario. Este informe será revisado por otro Tribunal, el cual resolverá la recusación por escrito.
Precisamente, la negativa de Villalobos a participar en el debate en jornada vespertina, lo cual derivó en la participación de los tres defensores públicos recusadores, ha sido la principal causa de demora.
Antes de la fecha original de inicio, a finales de marzo, ya se había planteado la idea de que las audiencias se programaran de 4 p. m. a 8 p. m., pues Villalobos, quien era defensor de ocho imputados en este caso, también representa a siete imputados en el Caso Fénix, una compleja causa de lavado de dinero cuyo juicio, iniciado el 24 de febrero, chocaría con el de la trocha.
El Tribunal realizó todas las gestiones y organizó su agenda para trabajar en jornadas extraordinarias, horario que quedó confirmado el 31 de marzo, pero Villalobos rechazó la idea y se negó a asistir a la primera audiencia en jornada vespertina, el 7 de abril.
Ese día, los jueces le dieron 24 horas para argumentar su ausencia o apersonarse al juicio, plazo que vencería a las 5 p. m. del 8 de abril. Ese día el abogado tampoco se presentó y finalmente fue declarado en abandono.
Villalobos había argumentado que: “No es mi agenda la que choca con este Tribunal: es la agenda del Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada (donde se realiza el Caso Fénix) y son ambos órganos judiciales quienes deben ponerse de acuerdo para realizar los debates”.
“Empero, acudir a la solución simplona de obligar a la defensa técnica a asistir siete horas en la mañana a un juicio y cuatro otras en la tarde noche a otro (...) es evidentemente una clara intención de desbaratar la defensa técnica”, afirmó.
El inicio del juicio se reprogramó para el 24 de abril, pero al llegar ese día, los imputados que quedaron sin defensor aún no habían escogido un reemplazo, por lo que el Tribunal ordenó que se les asignaran defensores públicos.
El pasado martes, ya con los defensores públicos presentes, el Tribunal Penal acordó fijar el 26 de mayo como la fecha definitiva para el inicio del juicio.
Esta seguidilla de atrasos ha sido la tónica durante este proceso penal.
Otros escollos
En el 2023, el juicio se postergó tres veces: primero por una recusación contra dos jueces para separarlos del proceso por cuestionamientos a su imparcialidad, luego por la inhibición del juez Jorge Tabash Forbes por su amistad con el abogado Ureña, y finalmente por el atropello del imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los encargados del proyecto en el Conavi.
La causa cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Los acusados son empresarios sospechosos de ofrecer dádivas a exfuncionarios para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua. La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.