El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que el periodista Camilo Rodríguez rehusó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, pese a que denunció haber recibido amenazas contra su vida. Así lo dio a conocer el jerarca judicial durante una entrevista con Telenoticias.
Rodríguez fue asesinado la tarde de este lunes mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
Según la información preliminar, sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al pick-up, que se desplazaba en sentido Limón-San José, y dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.
Díaz explicó que Rodríguez había sido remitido a la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, pero que permanecía en el componente de atención y no había aceptado las condiciones para ingresar al de protección.
“Don Camilo fue remitido, de acuerdo a la información preliminar que he recabado, al programa de atención y protección. No obstante, él decidió no acogerse al mismo, simplemente estaba ahorita en el programa de atención, que es muy diferente al de protección”, manifestó.
El fiscal general indicó que, según la información que le proporcionó el jefe de esa oficina, Rodríguez no aceptó los requisitos ni las propuestas que le planteó el equipo técnico para ingresar al programa de protección.

Díaz dijo que todavía no conocía en detalle cuáles eran las recomendaciones específicas que los psicólogos, trabajadores sociales y demás integrantes del equipo técnico le habían planteado al periodista. Sin embargo, recalcó que la incorporación al programa es voluntaria y requiere que las personas acepten las condiciones establecidas.
“Las personas que van a someterse al programa tienen que voluntariamente acceder a las propuestas que se le hace desde el programa técnico”, explicó.
El jerarca también detalló que el componente de atención contempla ayudas socioeconómicas y acompañamiento psicosocial, incluida la atención psicológica, mientras que el de protección implica aceptar condiciones que pueden modificar considerablemente la vida cotidiana de quienes ingresan.
“Nosotros no podemos obligar a nadie a cambiar su estilo de vida, por ejemplo, a no denunciar a una persona o a hacer, por decirlo así, una mordaza, como en este caso, que creo que parte de esos requisitos iba por ahí”, afirmó Díaz.
El fiscal insistió en que el programa es voluntario y que ingresar supone aceptar cambios que pueden ser drásticos. También reconoció las limitaciones institucionales para brindar vigilancia permanente a quienes denuncian amenazas.
“No podemos obligar a nadie y, por supuesto, tampoco tenemos los recursos para ponerle, lamentablemente, la protección 24-7 a una persona”, señaló.
Asesinato de periodistas

Díaz lamentó que este sea el tercer asesinato de un periodista en la historia reciente de Costa Rica, después de los homicidios de Parmenio Medina e Ivannia Mora.
Aseguró que Rodríguez compartía con Medina características relacionadas con su trabajo como comunicador. Ambos “eran personas muy activas, que denunciaban la corrupción, que denunciaban a unos presuntos narcotraficantes”.
Para el fiscal general, estos crímenes representan “una señal muy fuerte de que en este país no tenemos en realidad libertad de expresión y que si denunciamos estos hechos podríamos ser objeto de una muerte como la que en este caso estamos investigando”.
El asesinato de Rodríguez ocurrió a menos de 50 metros del sitio donde mataron a Parmenio Medina, el 7 de julio del 2001, luego de que denunció irregularidades en Radio María.
Rodríguez viajaba en un pick-up rojo, marca Great Wall, modelo 2017, inscrito a nombre de su madre en el Registro Nacional.
