Análisis del OIJ revela movimientos millonarios en cuentas del alcalde de Santa Cruz ‘sin justificación legal aparente’
Hijo del funcionario también figura en la investigación.
El 20 de octubre agentes del OIJ y la Fiscalía allanaron la vivienda del hijo del alcalde de Santa Cruz, Guanacaste, como parte de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Guananotic
Un análisis financiero de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detectó un flujo millonario de dinero y un crecimiento patrimonial sin aparente sustento legal en las cuentas del alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orias y de su hijo, Jorge Arturo Alfaro Molina, según consta en la orden de allanamiento del expediente 23-000012-1957-PE, del cual La Nación tiene copia.
La causa la tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que el 20 de octubre allanó la Municipalidad de Santa Cruz y la casa del hijo del alcalde, entre otros puntos. Los investigados enfrentan cargos por tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Ninguna persona fue detenida, ya que los allanamientos buscaban el secuestro de documentos físicos y digitales, así como equipos electrónicos, ya fueran computadoras, tabletas u otros.
Según el informe pericial 107-DEF-R-188-25/26, contenido en el legajo, los investigadores examinaron las cuentas del alcalde entre febrero de 2020 y febrero de 2025.
En una cuenta en colones del Banco Popular se acreditaron “ingresos por ¢269.549.762,99”, con un “incremento inusitado en el año 2025 de ¢4.736.917,36 en solo dos meses”. En una cuenta en dólares del BAC ingresaron “$13.705,33”, de los cuales “$13.700,56 (99,97%) provinieron de depósitos”, cita el documento.
El 20 de octubre agentes del OIJ y la Fiscalía allanaron la vivienda del hijo del alcalde de Santa Cruz, Guanacaste, como parte de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. (Guananotic/Cortesía)
La Fiscalía señala que esas sumas “superan desproporcionadamente sus ingresos declarados como alcalde, sin que exista justificación legal aparente”. Además, indica que el funcionario “no reportó declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni del Impuesto a las Utilidades (Renta)” ante la Dirección General de Tributación.
La Nación envió consultas, vía teléfono celular, a Alfaro Orias y Alfaro Molina; sin embargo, al cierre de esta publicación, no se obtuvieron respuestas.
Las cuentas del hijo del alcalde
En el caso de Alfaro Molina, hijo del alcalde, el análisis detectó movimientos en varias cuentas, una de ellas en el BAC que registró acreditaciones por ¢107.244.438,58 en una cuenta en colones, con mayor volumen en 2022, y ¢13.681.174,36 en otra, además de $55.836 y $21.567,48 en dos cuentas en dólares.
En el Banco de Costa Rica acumuló ¢24.156.969,00 y $9.564,00.
El documento judicial indica que el mayor volumen de ingresos de Alfaro Molina comenzó en 2022, “coincidiendo con su incorporación como presidente de la sociedad Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A.” y con el inicio de su relación comercial con los dos empresarios (padre e hijo), también imputados en la causa de apellidos Canales Solís y Canales Cárcamo, representantes de Constructora Masorati S.A.
Otro informe, el 130-SANT-DCM-2026, acreditó un aparente “crecimiento patrimonial particularmente irregular”. Entre marzo de 2024 y febrero de 2026, Alfaro Molina adquirió cuatro vehículos nuevos:
Un pick-up Mazda BT-50 valorado en $60.900
Un camión JMC con precio de mercado de $23.900
Un carro BMW X5 valorado entre $112.000 y $131.000, a nombre de Tecnovaciones Alfaro S.A.
Un vehículo marca RAM con un valor de mercado de $183.900.
La suma de esos bienes muebles es de $399.700 (¢181.338.094) y, de acuerdo con el informe, también habría invertido cerca de ¢80 millones en el restaurante La Cocina Criolla El Palenque.
La Fiscalía estimó que sus inversiones totalizan $576.033 (¢261.337.819) en 692 días, equivalentes a un “gasto mensual de ¢11.362.513”.
Las autoridades lo cuestionan porque “no registra bienes muebles ni inmuebles a su nombre, únicamente ha cotizado 30 cuotas ante la CCSS entre 2021 y 2025, y no reporta bienes ante la Dirección General de Tributación”.
El Ministerio Público concluyó que “gran parte de los ingresos en sus cuentas bancarias provienen de Constructora Masorati S. A. y de Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S. A., sin “movimientos equivalentes en sentido contrario que justifiquen económicamente dichas transferencias”.
Señalamientos de la Fiscalía
Para la Fiscalía, la evidencia permitiría inferir una “relación directa entre la aprobación masiva y expedita de permisos de construcción para la Constructora Masorati S.A. y el notable incremento patrimonial de los investigados”.
En la causa también figuran el encargado de Planificación Urbana de la municipalidad, de apellido Moreno; dos inspectores Hidalgo y Cedeño, el asesor legal Hernández; y el gerente general y el arquitecto de la constructora, ambos de apellido Canales. La Fiscalía sospecha que habrían coordinado el otorgamiento de permisos de construcción y concesiones en la zona marítima terrestre.
El 9 de setiembre, el OIJ intervino el ayuntamiento como parte de una pesquisa por un presunto déficit en las Fiestas Típicas Nacionales 2026, que según una auditoría interna supera los ¢170 millones.
Varios departamentos de la Municipalidad de Santa Cruz, entre ellos el de Planificación Urbana, fueron allanados como parte de la misma investigación. (Guananotic/Cortesía)
