Necesitar un audífono puede convertirse en un gasto que una persona no está en capacidad de asumir. En el mercado privado, el precio de un dispositivo puede rondar los ¢250 000 y alcanzar los ¢2 millones o más, según la tecnología. Y ese monto no necesariamente representa el final de los gastos: también pueden surgir costos de mantenimiento, reparaciones y ajustes.
La cifra, aportada por José Raúl Sánchez, audiólogo, pone sobre la mesa una pregunta difícil: ¿qué posibilidades tiene una persona que necesita recuperar capacidad auditiva, pero no puede pagar un dispositivo?
No se trata de escoger entre un aparato más sencillo o uno más sofisticado, la elección depende de las características de la pérdida auditiva y de las necesidades de cada paciente. Por eso, el precio no es el único obstáculo, también importa que la persona pueda acceder a una valoración especializada y a un dispositivo adecuado.

Una ayuda que debe llegar a tiempo
Costa Rica cuenta con disposiciones legales que reconocen el derecho de las personas con discapacidad a recibir servicios de apoyo y ayudas técnicas. La Ley 7.600 establece obligaciones para las instituciones públicas en esta materia. Sin embargo, entre el reconocimiento de un derecho y la posibilidad real de ejercerlo puede existir una distancia que termina pesando sobre el bolsillo de cada familia.
El acceso a un audífono no depende únicamente de que exista una necesidad. También intervienen los requisitos para solicitar una ayuda económica, los montos reconocidos, los procedimientos institucionales y la posibilidad de completar los trámites.
La discusión llegó incluso a la Sala Constitucional.
En la resolución 2023-018251, correspondiente al expediente 23-013748-0007-CO, se abordó la actualización de la lista de artículos, prótesis y accesorios, así como de los montos reconocidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El antecedente resulta relevante porque los valores señalados en el proceso no se actualizaban desde febrero de 2010.
Sin embargo, a la fecha, la Gerencia Médica de la CCSS mantiene pendiente el cumplimiento de esa sentencia. Esto plantea una interrogante sobre la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades de quienes requieren ayudas técnicas para recuperar o mantener su autonomía.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional remitió búsquedas en su sistema que arrojaron 971 coincidencias para “prótesis dental” y 105 para “audífonos”. Sin embargo, aclaró que esos resultados no constituyen estadísticas oficiales, no corresponden necesariamente al período 2021-2026 y tampoco permiten identificar automáticamente cuáles casos corresponden a personas mayores de 65 años.
La antigüedad de esos montos plantea una preocupación concreta: cuando el precio de una ayuda técnica cambia, ¿la cobertura institucional también responde a ese costo? ¿Cuánto debe aportar una persona para conseguir el dispositivo que necesita? ¿Qué sucede si no puede cubrir la diferencia?
Las respuestas aún no llegan.
No son preguntas menores. Un apoyo económico que no alcanza para adquirir el dispositivo requerido puede dejar a la persona frente a una decisión que no debería tener que tomar: asumir un gasto que excede sus posibilidades o continuar sin la ayuda que necesita.

El costo no termina en la compra
Además, adquirir un audífono no significa que el proceso haya concluido. El dispositivo requiere programación y ajustes de acuerdo con la respuesta de cada usuario. Sánchez explica que pueden realizarse distintas programaciones para adaptar el aparato y prolongar su utilidad.
Para una familia con recursos limitados, cada etapa puede representar un gasto adicional y si el aparato necesita una reparación o un nuevo ajuste, la posibilidad de mantenerlo en uso puede depender nuevamente de su capacidad económica.
El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta un audífono. Es cuánto cuesta necesitarlo, conseguirlo y mantenerlo funcionando, y quién puede asumir esa factura.
Porque la pérdida auditiva no espera a que una familia reúna el dinero, complete un trámite o consiga una cita. Y cuando la respuesta depende de la capacidad de pago, la posibilidad de volver a escuchar mejor puede terminar convertida en un privilegio.
Verónica Quesada Quirós es estudiante de Periodismo de la Clase 19 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo, convencidos de que contar historias con rigor, sensibilidad y compromiso también es una forma de contribuir a transformar la sociedad.