El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó un veto presentado por el alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez Quirós, contra un acuerdo del Concejo Municipal que le solicitaba información y aclaraciones sobre distintos asuntos de la administración, entre ellos el pago retroactivo de anualidades a funcionarios de elección popular.
La resolución, dictada el 6 de noviembre por el juez Rodrigo Huertas Durán, determinó que el alcalde no podía vetar ese acuerdo, tanto porque se trataba de una disposición de mero trámite como porque tenía un interés personal en uno de los temas incluidos en la moción de los regidores.
Consultado por La Nación, Álvarez justificó la presentación del veto en lo que calificó como una inacción de la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal. Según dijo, ese órgano debía sesionar al menos cada 15 días, pero durante 2026 se reunió en febrero y luego hasta abril.
El alcalde también cuestionó que los regidores solicitaran información reiteradamente sin tomar decisiones sobre los asuntos en discusión.
“Ellos pedían informe tras informe, informe tras informe y no tomaban decisiones”, manifestó. Agregó que esa dinámica generaba atrasos y desgaste en la gestión administrativa de la Alcaldía.
Alcalde rechaza interés particular
Sobre el señalamiento del Tribunal de que tenía un interés personal en el tema de las anualidades, Álvarez dijo que no comparte ese criterio, pues aseguró que su salario se rige por el esquema global y que no recibe pagos por ese concepto.
“A un alcalde no le pagan anualidades. Y yo soy sujeto al salario global”, afirmó.
El funcionario indicó que desde setiembre de 2023 la Municipalidad de Paraíso aplica los salarios globales y que su remuneración se calcula con base en ese esquema. Por esa razón, cuestionó que el Tribunal considerara que tenía un interés personal en las solicitudes de información sobre esos pagos.
“Yo no puedo tener un interés directo”, añadió.
Álvarez reconoció que no había tenido oportunidad de leer íntegramente la resolución, pero aseguró que respetaría lo dispuesto por el Tribunal, aunque manifestó su sorpresa por ese argumento.
¿Qué información solicitaron los regidores?
El acuerdo en cuestión, aprobado el 14 de abril de 2026, recopilaba una serie de solicitudes de información que el Concejo Municipal había planteado a la Alcaldía. Entre ellas figuraban aclaraciones sobre los aumentos en las tarifas de residuos sólidos, modificaciones presupuestarias, pagos retroactivos de anualidades, facturas de la empresa constructora Conansa y tarifas del acueducto municipal.
En el caso de las anualidades, los regidores solicitaron a la Administración detallar las bases salariales, los montos pagados por concepto de aumentos y anualidades, las razones por las cuales no se cancelaron oportunamente algunos retroactivos y los porcentajes aplicados a funcionarios de elección popular.
También pidieron aclarar por qué aparecían funcionarios de elección popular tanto en las listas de personas que recibieron esos pagos como en las de quienes tenían montos pendientes.
El alcalde presentó el veto el 17 de abril de 2026. Solicitó dejar sin efecto el acuerdo y que la Comisión de Hacienda y Presupuesto regularizara su funcionamiento antes de emitir dictámenes sobre asuntos tarifarios y de hacienda municipal.
Sin embargo, el Concejo Municipal declaró inadmisible el recurso y lo elevó al Tribunal Contencioso Administrativo. Entre sus argumentos señaló que el alcalde tenía un interés directo y personal en el tema de las anualidades retroactivas.
Argumentos del Tribunal
Al analizar el caso, el Tribunal determinó que el acuerdo impugnado no contenía decisiones de fondo, sino que se limitaba a reiterar solicitudes de información, aclaraciones y documentación necesarias para que el Concejo y sus comisiones pudieran estudiar los asuntos pendientes.
Por esa razón, consideró que se trataba de un acuerdo de mero trámite, una de las categorías que el artículo 169 del Código Municipal excluye expresamente de la posibilidad de veto por parte de los alcaldes.
Pero el Tribunal también encontró otra razón para rechazar el recurso: el interés personal de Álvarez Quirós en el asunto de las anualidades.
La resolución señala que el acuerdo incluía solicitudes de información sobre el pago retroactivo de anualidades a funcionarios y exfuncionarios de elección popular. Entre ellas, una petición para identificar cuántas anualidades se habían pagado a esas personas desde mayo de 2024 y en cuáles instituciones trabajaban antes de ingresar a la Municipalidad de Paraíso.
A criterio del juez, ese tema era de interés personal para el alcalde, por lo que se configuraba otra de las prohibiciones contempladas en el artículo 169 del Código Municipal.
Esa norma establece que no están sujetos a veto los acuerdos en los que el alcalde tenga un interés personal, directo o indirecto.
El Tribunal también hizo referencia al artículo 31 del Código Municipal, que prohíbe a los alcaldes intervenir en la discusión y votación de asuntos en los que tengan un interés directo, así como en asuntos y funciones de su competencia.
“Se determina que el Acuerdo cuestionado no está sujeto a veto, resultando inimpugnable, por lo que debe declararse sin lugar la gestión interpuesta”, concluyó la resolución.