Aunque Costa Rica cuenta con una ley que permite el teletrabajo desde el extranjero, tanto para el sector privado como el público, el Poder Judicial determinó que, por ahora, no reúne las condiciones para habilitar esa modalidad entre sus funcionarios.
La decisión la tomó este lunes la Corte Plena y se sustentó en criterios técnicos de las direcciones Jurídica, de Gestión Humana y de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que advirtieron sobre riesgos de ciberseguridad, dificultades para garantizar la cobertura de riesgos del trabajo, posibles conflictos con la normativa laboral y mayores costos operativos.
Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, explicó que, aunque existe una norma que jurídicamente permite esta modalidad, su aplicación depende de una valoración institucional sobre su conveniencia y de las condiciones particulares de los puestos.
“No es que el Poder Judicial está obligado a implementar esta modalidad, sino que podría determinar que no le conviene por el tipo de prestación de servicios que hacemos”, afirmó.
Campos señaló que la institución tendría que definir cuáles puestos podrían acogerse al teletrabajo internacional. Consideró, por ejemplo, que no sería adecuado para fiscales, debido a que sus funciones dependen en buena medida de la oralidad.
También advirtió sobre las diferencias horarias: mientras que en México la jornada sería similar a la costarricense, trabajar desde España o Japón implicaría que los funcionarios laboren cuando buena parte de la institución está fuera de jornada. Además, sería necesario reformar el reglamento actual de teletrabajo y garantizar que la modalidad no afecte el servicio público.
Riesgos de ciberseguridad y costos
Martín Hernández, director de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, advirtió que permitir conexiones desde el extranjero ampliaría las posibilidades de que los sistemas institucionales sean objeto de ataques.
Distinguió dos tipos de usuarios: quienes necesitan ingresar a los sistemas internos del Poder Judicial mediante una red privada virtual (VPN), para quienes habilitar conexiones desde otros países representa un “riesgo muy alto”, y quienes utilizan únicamente herramientas de Microsoft 365, como correo electrónico, OneDrive y Teams, que están alojadas en la nube y no presentarían el mismo riesgo.
Hernández indicó que actualmente el Poder Judicial tiene deshabilitado el uso de VPN desde el extranjero por recomendaciones de ciberseguridad.
Para habilitarlo, la institución tendría que adquirir dispositivos de seguridad y realizar configuraciones especiales para cada país, de manera que las conexiones autorizadas no abran vulnerabilidades para otros usuarios.
También habría dificultades con el soporte técnico: ante una falla, el equipo tendría que regresar a Costa Rica para recibir atención, mientras que la asistencia dependería de horarios que podrían no coincidir con los de la institución.
El funcionario advirtió que la implementación requeriría inversiones adicionales. Un dispositivo de ciberseguridad, señaló, puede costar al menos $100.000.
Consultado por el magistrado Jorge Olaso, de la Sala II, sobre el costo total, Hernández indicó que no podía precisar una cifra sin conocer cuántas personas se acogerían, pero mencionó gastos de monitoreo, configuraciones especiales y continuidad del servicio.
Además, confirmó que esos recursos no están contemplados en el presupuesto institucional del 2027 y que el presupuesto de tecnología ha sufrido recortes.
Dificultades con los seguros y la jornada laboral
Roxana Arrieta, directora de Gestión Humana, advirtió que el Poder Judicial mantendría sus responsabilidades patronales aunque el funcionario trabaje fuera del país.
Explicó que la normativa exige una cobertura de extraterritorialidad en las pólizas de riesgos del trabajo, pero advirtió que contar con ella no elimina todas las dificultades.
“La distancia no exime al Poder Judicial de sus responsabilidades patronales sobre el entorno físico en el que se encuentra la persona trabajadora”, manifestó.
La institución tendría que garantizar que los funcionarios cuenten con espacios físicos adecuados. Además, un accidente laboral en el extranjero podría generar complicaciones administrativas: la persona tendría que asumir inicialmente el 100% de los gastos y luego gestionar el reembolso ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El trámite requeriría certificaciones, documentos apostillados, facturas y, cuando corresponda, traducciones oficiales de la información médica.
Arrieta señaló que la cobertura de tres meses permitiría mitigar algunos riesgos, pero que extender la modalidad más allá de ese periodo implicaría mayores dificultades relacionadas con las pólizas y los equipos institucionales.
Las diferencias horarias también preocuparon a los magistrados. Olaso advirtió que un funcionario ubicado en países europeos, con hasta ocho horas de diferencia respecto a Costa Rica, podría terminar trabajando durante la noche.
Campos agregó que esas diferencias podrían generar futuros reclamos por el reconocimiento de horas extraordinarias, según las condiciones en que se desempeñe la jornada.
Magistrados cuestionan conveniencia de la medida
El magistrado Luis Porfirio Sánchez, de la Sala II, cuestionó que la Corte valore el teletrabajo internacional mientras enfrenta restricciones presupuestarias y dificultades para garantizar la continuidad de los nombramientos de personal.
También señaló que el Poder Judicial todavía enfrenta problemas de atención presencial relacionados con el teletrabajo dentro de Costa Rica.
“Hay una crítica del usuario que llega al despacho judicial, que llega a las oficinas judiciales y que no encuentra a la persona física. Y todavía nosotros no hemos solventado ese problema de atención al usuario”, afirmó.
Sánchez consideró que la institución debería resolver primero esas dificultades antes de avanzar hacia una modalidad internacional. “No estoy de acuerdo que el Poder Judicial apruebe en estos momentos un teletrabajo internacional”, expresó.
La Dirección de Planificación, por su parte, consideró viable aplicar la modalidad de forma excepcional y temporal, restringida a puestos profesionales específicos y siempre que no se afecte el servicio público.
En contraste, la Defensa Pública y la Dirección Ejecutiva señalaron que el teletrabajo desde el extranjero no es compatible con la naturaleza de los servicios que prestan.
Corte descarta un plan piloto sin atender primero los riesgos
La magistrada Julia Varela, de la Sala II, consultó sobre la posibilidad de desarrollar un plan piloto para evaluar el teletrabajo internacional.
Campos respondió que la alternativa ya se había analizado en la comisión institucional de teletrabajo, pero que la posición técnica es atender primero todos los riesgos.
Explicó que, por las obligaciones institucionales en materia de control de riesgos, el Poder Judicial no puede habilitar una prueba y corregir posteriormente los problemas que surjan. Por ello, consideró inconveniente desarrollar un plan piloto antes de garantizar las condiciones de seguridad y reformar el reglamento institucional.