La exdiputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina presentó una nueva gestión ante la Sala Constitucional tras la decisión del gobierno de reinstalar a Roger Rivera Mora como representante sindical pro témpore en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que su nombramiento temporal fue anulado por ese tribunal.
La gestión fue presentada después de que la Junta Directiva de la CCSS retomó sus sesiones ordinarias el viernes 13 de noviembre, tras varias semanas sin reunirse. La reanudación ocurrió luego de que el Consejo de Gobierno prorrogó el nombramiento de Rivera como representante sindical pro témpore.
Alfaro confirmó a La Nación que presentó la solicitud dentro del mismo expediente del recurso de amparo que la Sala Constitucional resolvió a finales de setiembre.
“Se le solicita una medida cautelar para que impida que la Junta Directiva, de forma ilegal, conforme el cuórum integral y empiece a tomar decisiones que pueden afectar profundamente y, en algunos casos, irreversiblemente, el patrimonio de la Caja”, señaló.
Decreto permitió prorrogar nombramiento de Roger Rivera
El conflicto se remonta al 9 de junio de 2026, cuando el Movimiento Sindical Costarricense eligió a Rocío Alfaro como representante titular ante la Junta Directiva de la CCSS y a Martha Rodríguez González como suplente.
El Consejo de Gobierno rechazó ambas designaciones el 24 de junio. El Ejecutivo cuestionó el cumplimiento de requisitos relacionados con la honorabilidad, la competencia en materias económico-sociales y posibles conflictos de interés.
Posteriormente, el 12 de agosto, el Consejo de Gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro témpore, ante la ausencia de una representación sindical formalmente incorporada al órgano directivo.
A finales de setiembre, mediante la resolución N.° 2026036620, la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo a favor de Alfaro. El tribunal anuló el nombramiento temporal de Rivera y ordenó al Ejecutivo tramitar la designación sindical de la exdiputada en un plazo máximo de ocho días.
El análisis de los magistrados tomó en cuenta el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Esta norma establece que los representantes de los sectores laboral y patronal son nombrados por el Consejo de Gobierno después de la elección realizada por cada sector.
Pese a esa resolución, el 9 de noviembre el Gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto ejecutivo N.° 45985-MP, una reforma al reglamento de elección y nombramiento de representantes ante la Junta Directiva.
El decreto permite extender provisionalmente el nombramiento del último representante titular cuando un sector carece de representación titular y suplente.
La normativa establece que la Secretaría del Consejo de Gobierno debe consultar primero al anterior representante titular. Si este acepta continuar, el Ejecutivo formaliza la prórroga. En caso contrario, debe consultar al último suplente.
Dos días después, el 11 de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó la prórroga del nombramiento de Rivera, según consta en la certificación PR-SCG-CERT-0227-2026.
La decisión permite su permanencia provisional hasta que se formalice el nombramiento y la juramentación de la persona elegida por el movimiento sindical.

Alfaro analiza impugnar decreto ante el Contencioso Administrativo
Alfaro considera que las modificaciones reglamentarias representan una intervención del Poder Ejecutivo en decisiones que corresponden a las organizaciones sindicales.
Según explicó, el decreto podría contravenir el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la libertad sindical y el derecho de estas organizaciones a administrar sus asuntos internos sin intervención de las autoridades públicas.
La exdiputada también cuestionó que el Gobierno utilice una reforma publicada en noviembre para regular una situación originada meses antes, bajo una normativa diferente.
A su criterio, el Ejecutivo pretende justificar con las nuevas disposiciones una decisión que la Sala Constitucional ya anuló.
Alfaro señaló que conversó con varios dirigentes sindicales sobre la posibilidad de impugnar la totalidad del decreto ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Sin embargo, aclaró que esa acción todavía se encuentra en una etapa de análisis y preparación, debido a la complejidad y duración que podría tener el proceso judicial.
Por ahora, la medida inmediata fue acudir nuevamente a la Sala Constitucional para cuestionar la reincorporación de Rivera a las sesiones de la CCSS.

Alfaro asegura que no recibió comunicación directa del Gobierno
Pese a que fue elegida por el movimiento sindical desde el 9 de junio, Rocío Alfaro todavía no ha sido juramentada por el Consejo de Gobierno.
La exdiputada aseguró que no recibió comunicación directa del Ejecutivo durante el procedimiento.
Explicó que los intercambios se realizaron mediante los representantes que encabezaron la Asamblea Sindical Unitaria, Luis Chavarría y Fanny Sequeira.
Según Alfaro, el Consejo de Gobierno continúa planteando cuestionamientos sobre la documentación y las personas facultadas para tramitar el nombramiento.
La exlegisladora considera que estas actuaciones constituyen maniobras dilatorias que impiden su incorporación a la Junta Directiva.
Unión Médica Nacional advierte sobre efectos de reforma en la CCSS
La Unión Médica Nacional también expresó preocupación por las consecuencias del decreto sobre la integración de la Junta Directiva y la autonomía de los sectores representados.
En un comunicado de prensa, la organización señaló que los mecanismos para extender nombramientos anteriores y las nuevas exigencias para formalizar designaciones generan interrogantes sobre la finalidad de la reforma.
El sindicato vinculó esas inquietudes con el conflicto por la elección de Rocío Alfaro, cuyo nombramiento todavía no se formaliza.
La organización advirtió que las disputas por la integración de la Junta Directiva podrían afectar la credibilidad y la confianza ciudadana en la CCSS.
Asimismo, sostuvo que las modificaciones reglamentarias deben respetar la seguridad jurídica, la autonomía de los sectores sociales, la igualdad y las resoluciones de la Sala Constitucional.
También manifestó su oposición a que la integración del máximo órgano directivo de la CCSS responda a intereses políticos particulares.
