Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, expresó su preocupación por las presiones políticas contra funcionarios judiciales, las amenazas a jueces y la agresión física que sufrió la jueza Kattia Carballo en abril de 2026.
Satterthwaite también alertó sobre el estancamiento en los nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y las restricciones presupuestarias que afectan al Poder Judicial.
El documento expone una serie de situaciones que, según la información recibida por Satterthwaite, podría poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de los funcionarios del Poder Judicial.
Relatora expresa preocupación por agresión contra jueza Kattia Carballo
Uno de los casos centrales de la comunicación es el de Kattia Carballo, jueza de ejecución de la pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela desde el 1.º de julio de 2021.
Según la información recibida por la relatora especial, los ataques públicos contra Carballo comenzaron en el 2024. La situación se agravó durante el 2025, después de varias conferencias de prensa de Casa Presidencial en las que altos funcionarios del Poder Ejecutivo cuestionaron sus resoluciones judiciales.
Las críticas surgieron a raíz de decisiones relacionadas con las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad. Entre ellas figuraban el traslado de un condenado a 48 años de prisión a un régimen de menor seguridad, la restitución de televisores y hornos microondas en módulos de máxima seguridad y el restablecimiento de visitas conyugales.
El documento señala que representantes del Ejecutivo divulgaron el nombre y fotografías de la jueza. También recoge denuncias sobre descalificaciones personales y advertencias de posibles acciones penales en su contra.
Posteriormente, Carballo habría recibido amenazas de muerte, insultos y mensajes intimidatorios mediante redes sociales y llamadas telefónicas. Los ataques también se habrían extendido a integrantes de su familia.
La comunicación indica que la funcionaria desarrolló un trastorno mixto de ansiedad y un episodio depresivo grave. El 3 de setiembre de 2025 ingresó al Programa Especializado de Protección contra el Crimen Organizado debido a las amenazas y a la campaña de hostigamiento denunciada.
El 17 de abril de 2026, Carballo sufrió una agresión física frente a su vivienda en Heredia.
Un vecino presuntamente utilizó a su perro para atacarla. Después la golpeó, la tomó del cabello, la arrojó al suelo y la arrastró por el pavimento.
Durante el incidente, el agresor habría hecho referencias a resoluciones judiciales dictadas por Carballo. El documento también describe antecedentes de hostigamiento atribuidos al mismo vecino desde 2025.
Satterthwaite manifestó preocupación por la aparente insuficiencia de los mecanismos institucionales de protección, particularmente ante las denuncias previas de amenazas e intimidación.
El 19 de abril de 2026, la Unión Internacional de Magistrados condenó públicamente la agresión. La organización advirtió sobre las consecuencias institucionales de los ataques contra jueces por el contenido de sus resoluciones.
Relatora de la ONU advierte sobre ataques contra magistrados y fiscales
La preocupación de Margaret Satterthwaite no se limita al caso de Carballo. La comunicación describe un escenario de creciente confrontación entre autoridades políticas y funcionarios judiciales.
Los ataques contra integrantes del Poder Judicial incluyen amenazas de muerte, intimidaciones contra familiares, disparos contra vehículos, amenazas de bomba y agresiones armadas.
La relatora especial también señala que, tras el inicio de la administración presidencial 2026-2030, las críticas se intensificaron y se dirigieron de manera más personalizada contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradas, el fiscal general y otros funcionarios judiciales.
Entre los episodios mencionados figura una denuncia presentada por el ministro de Justicia y Paz contra el fiscal general y otros 33 fiscales.
Satterthwaite reconoce que las autoridades políticas pueden cuestionar las resoluciones judiciales. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de que las críticas provenientes de altos funcionarios se conviertan en mecanismos de intimidación o presión indebida.
La experta de Naciones Unidas recuerda que los representantes del Estado deben respetar la independencia de jueces y fiscales, incluso cuando existan desacuerdos con sus decisiones.
“Esto implica protegerlo frente a intimidaciones e injerencias políticas, y garantizar que todos los jueces y fiscales puedan desempeñar plenamente sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, hostigamiento, injerencias indebidas ni sanciones”, señala la carta.
Retraso en nombramientos de Sala Constitucional
Otro de los asuntos centrales es el retraso en la elección de nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, cuyos nombramientos vencieron el 16 de diciembre de 2025.
La Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa una nómina de 18 candidaturas entre setiembre y octubre de 2025. Sin embargo, el Congreso no completó los nombramientos durante los meses posteriores.
La Asamblea devolvió la nómina en dos ocasiones, el 11 de junio y el 2 de julio de 2026. La falta de designaciones provocó dificultades para integrar el tribunal en determinados expedientes.
El 30 de julio de 2026, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo relacionado con el atraso. El tribunal anuló la segunda devolución de la nómina, ordenó a los diputados volver a conocerla y prorrogó temporalmente los nombramientos vencidos para atender asuntos urgentes.
La resolución generó nuevas tensiones entre poderes. Representantes del Ejecutivo y de la fracción legislativa oficialista cuestionaron la decisión. Además, la presidencia de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, formalizó el 3 de agosto una querella penal por presunto prevaricato contra cuatro magistrados.
Satterthwaite también llamó la atención sobre un dato: durante el período legislativo 2026-2030, la Asamblea Legislativa deberá decidir sobre la continuidad o renovación de 14 de las 22 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos meses, el Congreso ya aprobó la continuidad de Varela en la Sala Segunda, mientras que otros procesos permanecen en trámite en la Comisión de Nombramientos, presidida por la diputada oficialista Marta Esquivel.
La relatora especial considera preocupante el estancamiento de estos procesos por sus posibles efectos sobre el funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
Recortes al Poder Judicial también figuran entre las preocupaciones
La carta incluye cuestionamientos por las restricciones presupuestarias anunciadas por el Ministerio de Hacienda durante 2026.
El 24 de junio, Hacienda anunció una propuesta para reducir aproximadamente ¢27.000 millones del presupuesto judicial, equivalente al 5% de los recursos vigentes.
Posteriormente, el 29 de junio, la Corte Plena aceptó una rebaja de ¢13.242 millones, pero rechazó el resto del recorte planteado.
El documento también menciona una retención de ¢8.688 millones correspondientes a recursos aprobados para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
La relatora especial plantea preocupaciones sobre las consecuencias de estas medidas para la capacidad operativa del Poder Judicial y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de independencia judicial.
Satterthwaite recuerda obligaciones de Costa Rica
En su análisis, Margaret Satterthwaite señala que la independencia judicial constituye una garantía fundamental reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También recuerda que los Estados deben proteger a jueces y fiscales frente a amenazas, intimidaciones, represalias e interferencias indebidas.
En el caso de Carballo, la relatora especial considera necesario que las autoridades garanticen una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de la agresión denunciada.
La experta también insiste en la necesidad de adoptar medidas preventivas para proteger a otros funcionarios judiciales que enfrenten riesgos similares.
Satterthwaite subraya que los Estados tienen la obligación de proporcionar recursos adecuados al Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de sus funciones.