Los recortes van y vienen entre los presupuestos nacionales de 2026 y 2027. En medio de la discusión de ambos proyectos, impulsada por el gobierno de Laura Fernández y la Asamblea Legislativa, el baile de millones entre ministerios, instituciones y programas sociales puede dificultar entender qué fondos se están reduciendo y en cuál presupuesto.
Para lo que queda del 2026, el Poder Ejecutivo presentó un segundo presupuesto extraordinario que propone reducir en ¢167.968 millones el plan de gastos vigente, debido a una disminución certificada de ¢373.390 millones en los ingresos tributarios previstos.
Para ajustar las cuentas, el ajuste planteado combina rebajas de gasto, reintegros de superávits institucionales y cambios en las fuentes de financiamiento.
Mientras tanto, el Presupuesto Nacional de 2027 fue presentado con una reducción del 3,1% respecto al del 2026, al pasar de ¢12,8 billones a ¢12,4 billones. Además, durante la discusión del texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, los diputados aprobaron mociones para redistribuir recursos entre distintas instituciones y programas.
Ambos proyectos ya recibieron dictamen afirmativo en esa comisión el 20 de octubre, con seis votos a favor del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y cinco en contra de legisladores del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, los expedientes todavía deben ser discutidos y votados en el plenario legislativo para que los cambios queden en firme.
¿Cuánto dinero se propone rebajar, cuáles instituciones perderían recursos y qué cambios todavía pueden realizar los diputados? A continuación, explicamos las principales modificaciones de ambos presupuestos:
Presupuesto del 2026: las rebajas que ya se aprobaron y las que vienen
El Presupuesto Nacional del 2026 ya había sido modificado mediante un primer presupuesto extraordinario, aprobado con 30 votos a favor del PPSO y 24 en contra del PLN, FA, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Entre los cambios más polémicos estuvo el traslado de ¢70.000 millones para financiar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El dinero se rebajó de los recursos destinados a los Cen-Cinai y al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).
Ahora, el gobierno de Fernández propone una nueva reducción neta de ¢167.968 millones mediante el segundo presupuesto extraordinario, tramitado bajo el expediente 25.803.
En ese plan, el Ejecutivo propone restarle ¢60.862 millones a 23 instituciones y órganos públicos.
La disminución inicialmente planteada por el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, era de un 5% para todas las entidades. En el caso del Poder Judicial, equivalía a aproximadamente ¢27.000 millones.
Sobre esa base, la Corte avaló una rebaja de ¢13.105,6 millones, lo que convierte al Poder Judicial en el sector con la mayor reducción propuesta.
Desde junio, el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow, advirtió de que una reducción de recursos de ese calibre afectará la capacidad operativa de la institución, la celeridad de los procesos judiciales y el acceso a la justicia.
Este machetazo a las finanzas afecta, en segundo lugar, al Ministerio de Educación Pública (MEP) con una reducción de ¢8.602 millones y, en tercero, al Ministerio de Seguridad con ¢7.546 millones menos.
Esta última rebaja se plantea pese a que el gobierno colocó la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico entre sus principales prioridades.
La Contraloría General de la República señaló a la Comisión de Hacendarios que dicho presupuesto refleja el deterioro de la situación fiscal del país y evidencia la necesidad de fortalecer la recaudación tributaria.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes también advirtió a los diputados sobre los posibles efectos sociales de las rebajas presupuestarias.
La reducción neta propuesta por el gobierno la completan rebajas al Servicio de la Deuda Pública y el congelamiento de 2.714 plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre del 2026 y seguirían así por lo que resta del año.
Presupuesto del 2027: menos recursos y nuevas modificaciones de los diputados
El pasado 1.º de setiembre, el gobierno presentó el proyecto de Presupuesto Nacional del 2027 por un monto de ¢12,4 billones. Se trata de una disminución del 3,1% respecto al presupuesto ordinario del 2026, el cual ascendía a ¢12,8 billones. La diferencia equivale a aproximadamente ¢400.000 millones.
Según los datos presentados por Hacienda, el plan contempla rebajas presupuestarias para 15 instituciones, aumentos para seis y mantiene sin cambios los recursos de otras tres.
Entre las entidades que sufrirán mayores reducciones figuran el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con ¢18.834 millones, y tres instituciones vinculadas con la seguridad y la administración de justicia: el Poder Judicial, con ¢10.552,5 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con ¢6.154,6 millones; y el Ministerio de Justicia y Paz, con ¢5.654,3 millones.
En el caso del TSE, la disminución responde a que el presupuesto del 2026 había aumentado por la celebración de las elecciones nacionales.
En contraste, recibirían más recursos los ministerios de Salud; Vivienda; Obras Públicas y Transportes; Hacienda; Presidencia; y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Una de las principales controversias del proyecto gira en torno a los aproximadamente ¢40.000 millones que el gobierno pretende restringir al Poder Judicial. De ese total, ¢10.552,5 millones corresponden a la reducción presupuestaria respecto al plan de gastos del 2026 y ¢29.844 millones a recursos cuyo uso quedaría condicionado.
Las normas presupuestarias 9, 10, 11 y 12 establecen requisitos para que la Corte pueda utilizar determinadas partidas, entre ellos la presentación de informes y documentos certificados por la Contraloría General de la República.
Durante la discusión en Hacendarios, la oposición intentó revertir estas restricciones mediante mociones. Sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por los diputados del PPSO que conforman ese órgano legislativo.
¿Qué cambios aprobaron los diputados al presupuesto del 2027?
Durante la discusión en comisión del proyecto de presupuesto 2027, los diputados aprobaron 11 mociones para redistribuir recursos entre distintas partidas presupuestarias.
Entre los cambios más polémicos figuran las rebajas a las universidades públicas. Mediante la moción 16, los diputados del PPSO aprobaron recortar ¢8.048 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y trasladarlos a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), para cubrir contribuciones patronales.
Además, mediante la moción 20, el oficialismo aprobó rebajar ¢250 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), destinados a la fiscalización de infraestructura vial. El dinero se trasladaría al Ministerio de Gobernación y Policía, específicamente al programa Desarrollo de la Comunidad, para la adquisición de equipo de transporte.
Otro de los movimientos de mayor cuantía fue la moción 18, presentada por Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que recibió el apoyo del PLN.
La propuesta pretende quitarle ¢250.070 millones a varios programas, para reforzar las pensiones del Régimen No Contributivo y otros programas sociales, incluidos los destinados a personas adultas mayores, becas, comedores escolares, empleo y discapacidad.
Los afectados son los Cen-Cinai, la atención de personas indigentes mediante la CCSS, programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fosuvi.
Además, mediante la moción 10, los diputados aprobaron trasladar ¢52.701 millones de una partida destinada al pago de la deuda pública al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para financiar el diseño y la construcción del tramo central de la carretera a San Carlos, ruta nacional 35.
¿Qué falta para que los cambios entren en vigor?
Los presupuestos de 2026 y 2027 todavía deben superar su discusión y votación en el plenario legislativo. Sin embargo, los procedimientos para aprobarlos e introducir nuevas modificaciones son distintos en cada caso.
En el Presupuesto Nacional del 2027 se presentaron 138 mociones de fondo, pero los diputados solo alcanzaron a conocer 26. Las restantes 112 mociones se rechazaron automáticamente, al vencer el plazo establecido para su discusión.
Para retomar esas propuestas u otras modificaciones, se necesitarían 38 votos para convertir el plenario en comisión general, debido al procedimiento especial que sigue el presupuesto ordinario.
El plan de gastos del 2027 deberá discutirse y votarse en el plenario durante noviembre, con los cambios aprobados por Hacendarios, incorporados al dictamen. Debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre; de lo contrario, regiría el presupuesto del año anterior, conforme a las disposiciones constitucionales.
Para su aprobación se requiere mayoría simple de los diputados presentes. Es decir, 29 votos si los 57 legisladores se encuentran en el recinto.
Kattia Benavides, analista legislativa, explicó que esta mayoría permite al oficialismo impulsar el proyecto sin depender de los votos de la oposición, siempre que su fracción mantenga una posición unificada.
Ante ese escenario, Benavides considera que las bancadas opositoras aprovecharán la discusión en el plenario para ejercer control político, cuestionar los recortes presupuestarios y dejar constancia de sus posiciones.
¿Qué sucede con el segundo presupuesto extraordinario del 2026?
La situación es diferente para el segundo presupuesto extraordinario del 2026, el cual todavía puede recibir nuevas mociones de fondo mediante el artículo 137 del Reglamento legislativo.
Entre las propuestas que podrían volver a presentarse figura la moción de fondo 2, que buscaba rebajar aproximadamente ¢8.048 millones a las universidades públicas y que por falta de tiempo no pudo ser conocida durante la discusión en la Comisión de Hacendarios.
Estas mociones deben presentarse durante el trámite de primer debate en el plenario y, posteriormente, se trasladan a la Comisión de Hacendarios para su discusión y votación.
En su caso, el segundo presupuesto extraordinario del 2026 necesitaría una mayoría calificada de 38 votos para su aprobación, según un criterio emitido por la Corte Plena el pasado 19 de octubre, el cual señaló que el proyecto incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Debido a lo anterior, el oficialismo necesitaría el respaldo de otras fracciones legislativas para alcanzar los votos necesarios.